- Almacenamiento, transporte y distribución de combustibles constituyen un servicio público esencial, advierte presidente Alvarado
Edgar Fonseca, editor
La decisión de un tribunal de apelación de Trabajo de declarar legal la huelga que afectó a Recope en setiembre y octubre será cuestionada en Casación por la Procuraduría General de la República.
El anuncio lo hizo el Presidente de la República, Carlos Alvarado.
La resolución del tribunal revocó la sentencia de primera instancia que había declarado ilegal el movimiento como parte de una fallida huelga nacional impulsada por dirigentes sindicales en diferentes instituciones contra la reforma fiscal, aprobada en primer debate en la Asamblea Legislativa.
En la sentencia de primera instancia del 27 de setiembre, el juez Alexander Contreras Barrantes, del Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió que el movimiento del Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (Sitrapequia) no cumplió los requisitos para ser legal y censuró que movimiento no fue pacífico.
Ayer trascendió que el Tribunal de Apelación de Trabajo, del II Circuito Judicial, revocó esa resolución y declaró legal la huelga que fue depuesta semanas atrás tras fracasar la paralización nacional promovida por los sindicalistas.
Según el tribunal, el país no se paralizó, las estaciones de servicio mantuvieron el abastecimiento al consumidor de combustibles de todo tipo, no hubo noticia de falta de otros combustibles o paralización de medios de transporte, pues Recope siguió sirviendo a los consumidores los productos que vende.
El tribunal justificó su decisión, entre otras razones en que:
-no se debe restringir el derecho a huelga contra iniciativas ejecutivas como la reforma fiscal
-la protesta no fue violenta
-la importación de hidrocarburos de Recope no es un servicio esencial
Graves afectaciones
La decisión de llevar a Casación laboral la resolución de dicho tribunal la informó el presidente Alvarado.
“La actividad de transporte y comercialización de combustible por parte de la RECOPE presentó graves afectaciones a consecuencia de la huelga nacional”, sostuvo el presidente Alvarado.
“Representó –aseveró– pérdidas millonarias a nuestro país, así como una grave afectación a nuestra economía”.
“El almacenamiento, transporte y distribución de combustibles constituyen un servicio público esencial”, ratificó el mandatario.
El recurso se planteará –según Casa Presidencial– “(…) a efectos de agotar todos los mecanismos legales disponibles para garantizar el resguardo de los bienes públicos ante la afectación y daños provocados por la huelga.”
Empresarios censuran
La Unión de Empresas (UCCAEP) censuró la decisión del tribunal.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) lamenta la decisión y considera que existen evidencias y pruebas suficientes de las afectaciones y daños que provocó el movimiento de protesta en esa institución y en la población en general, destacó el ente empresarial.
Durante la huelga, los expendedores de combustible, quienes distribuyen casi el 70% del combustible que se consume en el país, señalaron los problemas que enfrentaron en los distintos planteles de RECOPE para poder cumplir con la distribución de combustible en todo el país. Además, a nivel financiero y económico se generaron pérdidas millonarias al país, agregó el conglomerado empresarial.
“Fueron evidentes y notorios los actos vándalicos en las instalaciones de Recope que repercutieron en altos costos de reparación”, afirmó Gonzalo Delgado, presidente de UCCAEP.
“Hasta uno de los sospechosos, quien es trabajador de RECOPE, es investigado por la Fiscalía General de la República debido a estos actos reprochables”, destacó
Enfatizó que no es de recibo esta declaratoria de legalidad, debido a que hay evidencia clara de que sí hubo una afectación directa para el país, los consumidores y las instalaciones de RECOPE.
UCCAEP respaldó la solicitud del Gobierno de solicitar una revisión de la sentencia decretada.
Consideraron que las autoridades correspondientes deben tomar las medidas correctas para sancionar a las diferentes organizaciones que participaron en la huelga y que solo ha traído repercusiones negativas para el país, ratificó el sector empresarial.
