Edgar Fonseca, editor
Con pérdidas financieras por ¢3.416 millones al cierre del año anterior y un costo de la planilla que se disparó este año al 69% de sus gastos, el gobierno intenta de manera apremiante salvar de la quiebra las operaciones de Japdeva por los próximos tres meses y decidir el cese de unos 800 empleados.
Con ese propósito la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, presentó un plan de reestructuración de emergencia que estimaría el cese de unos 950 empleados aunque la presidenta ejecutiva de la entidad, Andrea Centeno, estima que son 800, 200 de los cuales se les aplicaría un plan de prejubilación.
El gobierno también pretende la aprobación legislativa de un presupuesto extraordinario por ¢30 mil millones para mantener a flote la entidad portuaria, cuya crisis de operaciones se agravó al entrar en funcionamiento la megaterminal de Moín a cargo de la transnacional holandesa APM Terminals.
“No tenemos más tiempo ante la situación que enfrentamos”, reconoció Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Japdeva.
Antes de que quiebre
Según dicha jerarca Centeno, las medidas permiten atender a los colaboradores al tiempo que JAPDEVA alcanza el punto de equilibrio y evita la quiebra.
“El apoyo obtenido del Estado es indispensable para salir de la crisis en que la organización está inmersa. El presupuesto extraordinario que acompañará el proyecto nos permite mantenernos por ahora, brindar opciones a los empleados y redimensionar JAPDEVA para recuperar su estabilidad”, añadió.
Ratificó el estado crítico de los datos financieros de JAPDEVA, en el período 2013-2018.
Los ingresos, según dijo, cubrían la operación pero con un déficit que, el año pasado, cerró en -₡3.416.700.000.
El hueco financiero se agravó a inicios de 2019 con el cambio de modelo en los servicios de carga, con una caída de 79% en los ingresos, confirmó.
La partida de remuneraciones representa un 69,2% de la totalidad de los fondos, correspondiente a ₡34.328.200.000 y el cual además pasó de significar el 48,7% de los gastos (2015), a un 69,2% en lo que va del 2019, detalló.
En este contexto de inminente quiere técnico, el gobierno y el sindicato negociaron posibles salidas con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera mediante la transformación de JAPDEVA. En la mesa está el eventual cese de 800 empleados.
Para hacerlo, el plan de ley propone varias medidas para proteger la seguridad laboral de quienes trabajan en JAPDEVA: el traslado horizontal a otras entidades; el derecho a prejubilación y, un incentivo por transformación institucional.
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Opciones ofrecidas *
Traslados horizontales. Las personas que voluntariamente lo deseen, podrán solicitar su traslado horizontal a instituciones de la Administración Central y Descentralizada institucional, sea que tengan puestos en propiedad o interino.
En estos casos, no podrá exigirse el requisito de contar con 2 años de servicios ininterrumpidos con el Estado. Los procedimientos que dispongan la Dirección General de Servicio Civil y la Autoridad Presupuestaria para estos casos deberán ser expeditos a efectos de garantizar el traslado del servidor o servidora.
Incentivo adicional por transformación institucional. Las personas funcionarias de JAPDEVA que opten por el pago de sus prestaciones para dedicarse a actividades ajenas al sector público, también podrían recibir, si así lo deciden, un incentivo adicional siempre que presenten la solicitud en un plazo máximo de tres meses a partir de la publicación de la ley. Quienes decidan por esta opción no podrán acogerse al régimen prejubilatorio.
Entre otros extremos, se reconocerá el auxilio de cesantía hasta un máximo de doce años y se dará un incentivo adicional de ocho mensualidades del salario promedio de los últimos seis meses laborados a quienes tengan un salario bruto mensual inferior al millón de colones, y de cuatro mensualidades a quienes superen ese monto salarial.
Por último, en el capítulo II se detalla esta otra opción: Régimen Prejubilatorio, que aplicará a quienes se hayan acogido al cese de la relación (artículo 4 del proyecto de ley, sin incentivo adicional). La prejubilación irá con cargo al Presupuesto Nacional.
Para obtener este beneficio rigen algunos requisitos, entre esos, tener 55 años de edad o más, contar con un mínimo de 25 años cotizados ante la Caja Costarricense del Seguro Social o cualquier otro régimen de pensiones autorizado en el país, haber sido liquidados con responsabilidad patronal y no haberse reinsertado laboralmente.
El monto de la prejubilación será el equivalente a un 63% del salario promedio calculado con los 12 mejores salarios mensuales de los últimos cinco años laborados en la Administración Pública. Cuando la persona cumpla los requisitos para entrar al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, pasará al mismo con pleno derecho.
Esta opción fue acogida rescatando una idea planteada por el diputado David Gourzong.
Fuente: Casa Presidencial
