Jorge Corrales Quesada, economista
Junto con otro montón de entes públicos, que objetaron y plantearon recursos antes la Sala Constitucional y otros cuerpos resolutivos, para quitar lo poco de reducción de gasto contenido en la ley fiscal aprobada a fines del año pasado, otro par de prominentes sindicatos del sector público, la ANEP y el de empleados del Banco Nacional, no podía faltar en la embestida legal para conservar sus privilegios.
Así, se unen a varios sindicatos del Poder Judicial, a la Junta de Protección Social, a la Caja Costarricense de Seguro Social y a las universidades públicas (UCR, UNA, UNED, TEC y la Técnica Nacional), en el ataque contra la limitación a sus privilegios.
Si bien, previamente, los magistrados de la Corte Suprema, incluso contra la opinión de la Sala Constitucional, habían determinado en noviembre del año pasado, que “no había vicios de procedimiento ni de forma en la iniciativa” en la ley que finalmente fue aprobada por el Congreso, la información de este nuevo embate la consigna La Nación del 16 de abril, bajo el título “Sindicatos reclaman a la Sala IV privilegios por ¢23.000 millones” Aunque la reducción lograda fue de un ínfimo 0.04% del Producto Interno Bruto (PIB), tengan presente que esa ley no intentaba reducir el gasto gubernamental, sino frenar su crecimiento, lo que, de por sí, sólo nos anticipa problemas de un serio nuevo déficit a futuro. Y a eso agregue el efecto si es legalmente aceptado el reclamo de freno al gasto de privilegios, que está en disputa en la Corte Suprema
Ahora los oponentes a las reducciones del gasto, cambian de ámbito de decisión en torno al freno señalado a ciertos privilegios salariales, presentando sus acciones en la Sala Constitucional, la que, en el pasado, sí había manifestado objeciones a aquella ley tributaria. Posiblemente consideran que, al hacerlo en tal vía, tiene posibilidades mayores de éxito en conservar sus privilegios. Se espera, eso sí, que haya una serie de recusaciones de jueces de la Sala Constitucional, quienes, orbi et urbi, en su momento, manifestaron su desafecto y rechazo al proyecto que contenía las reducciones de pluses, que finalmente se aprobaron como ley y que ahora se disputa en dicha Sala.
Es posible que aleguen que ese cambio de vía judicial se deba a que objetan violaciones de derechos a trabajadores y “derechos adquiridos,” que, en realidad, son simples privilegios otorgados a cierto grupo específico de trabajadores, pagados por toda la ciudadanía. Vale la pena señalar que, quienes presentan esta acción legal, consideran que no se violaron los derechos de los ciudadanos, cuando a ellos se les despojó de sus recursos con impuestos que dan manutención a los pluses de privilegio de esos accionantes.
Se oponen al recorte de las anualidades a empleados públicos para que sea de hasta un 1.94% a los profesionales y de un 2.54% a los no profesionales, de sus escalas salariales, y que, para recibirlos, sea resultado de una evaluación que los valora como buenos o excelentes. Ese porcentaje, así definido, a futuro será de un monto fijo. (Antes, esos porcentajes eran de hasta un 10% anual, en algunas instituciones).
También, objetan el cambio en la cesantía, que en muchos casos era superior a 12 años, que ahora se definió como tope en la nueva ley, piden que ahora sea sólo para trabajadores nuevos y que se excluya a los viejos que han estado cubiertos por una convención colectiva. (En el sector privado productivo la cesantía es de 8 años).
Por el camino de Grecia
Asimismo, objetan que una serie de pluses, como zonaje, trabajo en las alturas, discrecionalidad, escalafón administrativo o riesgo, sean montos fijos, según la escala salarial del 2018, y que se conserven como estaban.
El medio indica que, si la Sala IV acoge y “falla a favor de las acciones, podría obligar al gobierno a hacer el pago retroactivo de los montos,” que no percibieron ante las reformas, y que “tendría que retribuir el concepto económico faltante de cesantía” al dejar de trabajar para el estado.
Obviamente, no faltaron los compas sindicales que apoyaron esas acciones de los sindicatos arriba citados (coadyuvancia se le llama a ese respaldo legal); entre ellos, el de la Universidad Nacional, el del Banco Popular y el de profesionales en ciencias médicas SIPROCIMECA. Cabe esperar ver si la razón sustituye a la fuerza o si sigue el privilegio.
De tener éxito legal todas esas gestiones, veremos otra loza más en el camino empedrado en el declive del país hacia su ruina económica. Similar a la ruta de Grecia (y de otros países), que se negó a hacer las reformas fiscales indispensables y, más bien, recargó el peso del ajuste sobre los ciudadanos y en su ya casi extinto aparato productivo, mientras que el gasto gubernamental casi seguía incólume. De tener éxito esos sindicatos, ni siquiera tendría vida el poco freno que se intentó al crecimiento el gasto con el paquete tributario recientemente aprobado y, más bien, la conservación de los privilegios que tenían antes de la reforma última, estimulará nuevas pretensiones para mayores privilegios sindicales en una muy amplia burocracia.
