Jorge Corrales Quesada, economista

 Es muy claro que el problema del tan elevado déficit fiscal no se resolverá sólo con la aprobación del reciente paquete impositivo. Debo cansar a los lectores, pero repito que, en tanto no haya una reducción significativa del enorme gasto gubernamental, causa básica de ese déficit, aquel problema no se resolverá.

Por eso es muy importante un reciente informe de la Contraloría General de la República en donde analiza el presupuesto del gobierno central y, en particular, el uso de recursos que el gobierno ya tiene comprometido entregar a otros entes estatales. Tal es el objeto del comentario de La Nación del 19 de diciembre, titulado “Destinos específicos absorben el 95% de los ingresos tributarios.”

Empecemos por explicar qué es eso de “destinos específicos.” Se trata de recursos que el gobierno central recibe y que está obligado, por diversas leyes, a entregárselos anualmente a otras entidades gubernamentales. Son impuestos que tiene que transferir a terceros, por lo que, en la práctica, no son fondos que el gobierno central pueda usar en sus propios objetivos (buenos o malos), sino que van a dar a otros entes gubernamentales para que ellos los administren según sus preferencias.

Veamos el enorme peso de esos destinos específicos sobre ciertas cifras relevantes de la economía:

1. Hoy el gobierno tienen que entregar recursos que van a dar a otras 153 entidades o programas diferentes. En el 2000 era para 84 entidades, pero han venido creciendo en número (y monto), así que hoy hay 69 nuevos destinatarios.
2. La mayoría de esos destinos se crearon por decisiones legislativas, en mi opinión, irresponsablemente, pues no definen la fuente que les dé el financiamiento requerido, sino que se le otorgan recursos provenientes de los ingresos generales del gobierno.
3. Dice el medio: “Si el Ministerio de Hacienda pagara los montos correspondientes a los 153 destinos específicos creados por ley, entregaría el 95% de la recaudación por impuestos” del 2018. En 1991 era sólo un 35% de la recaudación tributaria.
4. Ese gasto por destinos específicos equivaldría, en el 2018, a un 46.1% del presupuesto total de egresos del gobierno; o sea, de los egresos presupuestados por el gobierno central, en realidad, solo administra en lo propio un 53.9%.
5. En términos del valor en este año de la producción de bienes finales de la economía costarricense (PIB), esa transferencia del gobierno para destinos específicos equivale a un 12.5 de este.
6. Importa destacar que “ninguna” de esas transferencias por destinos específicos “tiene un límite de tiempo, sino que todos son obligaciones perpetuas.” 5 entidades reciben fondos por destinos específicos por leyes aprobadas entre 1940 y 1958; 18 por leyes creadas entre 1960 y 1979 y 61 desde 1980 hasta1999. Las 69 que faltan lo han sido por leyes aprobadas entre 1980 y 1999. Un 100% de esas transferencias son a perpetuidad.
7. Aunado a esa falta de un límite en su vigencia, una alta proporción de ese traspaso de recursos está ligada con variables económicas y tributarias que, nominalmente, crecen en el tiempo y en donde algunas también lo hacen en términos reales. Así, cada año van aumentando los montos que se les transfieren.
8. La Contraloría enfatiza que muchos destinos específicos son muy viejos y hoy “surge la interrogante de si estos cumplen… los objetivos para los cuales fueron creados, o bien, el presupuesto con el que cuentan es necesario.” Según ese ente, el margen de flexibilidad presupuestaria (recaudación de impuestos menos transferencias para destinos específicos), es de “sólo 0.5 puntos porcentuales.”
9. Entre los destinos específicos de mayor peso están el 8% del PIB para la educación (que incorpora a las universidades estatales), así como el 6% del PIB que se traslada al Poder Judicial. Estos dos rubros equivalen al 73.8% del total de destinos específicos del presupuesto gubernamental y a un total de ¢3.1 millones de millones (billones)
10. El 26.2% restante del total de transferencias por destinos específicos va a dar, entre muchos otros, a entidades como Asignaciones Familiares, el PANI y DINADECO. Así, el total de estos rubros asciende a ¢1.1 millones de millones (billones).
11. La suma de los dos puntos anteriores es de ¢4.2 millones de millones (billones).

Personalmente, comparto los cuatro principios fundamentales que deben definir estos pagos para destinos específicos, según lo expresa la Contraloría:

1. Flexibilidad presupuestaria: la forma en que se han definido hace totalmente inflexible el presupuesto del gobierno.
2. Equilibrio o igualdad tributaria: que se establezca la fuente de financiamiento originaria para esos diversos destinos específicos.
3. Gasto óptimo necesario: asociar las transferencias con los objetivos propuestos, no como es hoy, en función del comportamiento de variables económicas y fiscales no relacionadas con esos objetivos.
4. Temporalidad o término: Que todos los destinos específicos tengan un límite en el tiempo.

Pero, para mí, el más importante es simplemente coyuntural: en la situación actual de gasto del gobierno, incluso tomando en cuenta todos los nuevos impuestos, si primero no se ordena, en serio y a fondo, el gasto gubernamental excesivo, en el corto plazo estaremos, una vez más, en medio de serios problemas de déficit fiscal. Parece que asoma un Grecia en nuestro futuro.