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Gobierno suspende a seis directivos del ICE por pago de cesantías y supresión de gerencia general

Edgar Fonseca, editor

Seis directivos del ICE fueron suspendidos este martes por cuatro meses vinculados a supuestas anomalías en decisiones administrativas relacionadas, en un caso, con el pago de cesantías a funcionarios,  y en otro, con la  supresión de la figura de la Gerencia General de la entidad.

El anuncio de la suspensión fue hecho tras finalizar el Consejo de Gobierno.

Anomalías con cesantías

Según Casa Presidencial, a cuatro directivos se les investiga por el eventual pago indebido por concepto de cesantía a funcionarios de la institución que fueron trasladados de la División de Gobierno Digital a su subsidiaria Radiográfica Costarricense S.A. –RACSA-, en dos grupos uno de 14 personas el 1° de febrero de 2016 y otro de 22 personas el 1° de febrero del 2017, así como a funcionarios trasladados a la Empresa Gestión de Cobro S.A. (subsidiaria del ICE).

La apertura de la investigación –citó el informe de Presidencia– se basa en los hechos expuestos hoy en sesión de Consejo de Gobierno por el Consejo Consultivo (definido en el artículo 22 de la ley No. 5525 y compuesto por los jerarcas del Ministerio de Planificación, Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y Banco Central), quienes además se sustentan en los informes de la Contraloría General de la República No. DFOE-DI-1941 del 21 de diciembre de 2018 y No. DFOE-DI-0087 del 24 de enero de 2019 y el criterio de la Procuraduría General de la República No. C-332-2009 del 2 de diciembre de 2009.

Caso de la supresión de la gerencia

Casa Presidencial informó ,además, que a seis directivos se les investiga por la supresión de la figura de la Gerencia General, hechos analizados por la Procuraduría General de la República en la opinión jurídica número 039-J del 27 de abril de 2018 y en el dictamen número C-318-2018; de igual forma, se investigará la presunta designación ilegal del Gerente General a.i. en el ICE.

En ambos casos el órgano director de los procedimientos será la Secretaría del Consejo de Gobierno, aseveró la versión gubernamental.

La medida cautelar de la suspensión con goce de las dietas se toma en razón de proteger el proceso de investigación y evitar la obstaculización del mismo y el plazo de dicha medida cautelar será de cuatro meses. Anteriormente la Sala Constitucional ha respaldado la suspensión de miembros de juntas directivas para continuar el curso de las investigaciones, agregó el informe.

Durante los próximos días anunciarán los nombres de quienes sustituirán temporalmente a las directivas y los directivos de esta institución autónoma.

Las medidas se tomaron –argumentó Presidencia– en razón de presuntos actos irregulares realizados entre el 2014 y 2018 y amparada en las facultades otorgadas al Consejo de Gobierno en la Constitución Política, la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Creación del ICE.

 

 

Arias: “la Fiscalía tiene más imaginación que García Márquez”

Edgar Fonseca, editor/Foto Facebook Oscar Arias

El expresidente Oscar Arias considera totalmente infundada la acusación de la Fiscalía en su contra, por supuesto prevaricato en el caso de la fallida operación minera de la firma canadiense Infinito Gold en Crucitas de Cutris, San Carlos, y cree que la “Fiscalía tiene más imaginación que García Márquez”

“Pienso que la acusación es totalmente infundada”, insistió Arias en declaraciones a Noticias Repretel el lunes en que rindió declaración ante los tribunales en la causa.

“Como ustedes saben, ahora han utilizado la teoría de la conspiración, de que yo soy el arquitecto de un plan delictivo donde he podido reunir a muchos funcionarios del Minaet para delinquir”, afirmó

“Francamente, en honor a la verdad, siento que la Fiscalía tiene más imaginación que García Márquez o Julio Verne”, ironizó.

“Esta nueva teoría de la conspiración es completamente inverosímil”, sostuvo el exmandatario, que enfrenta la acusación tras un decreto que firmó en 2008 y que declaró de interés público la operación minera en aquella zona, estremecida ahora por lo que se denuncia una catástrofe ambiental debido a la acción de coligalleros ilegales en el sitio.

Arias declaró por unos 30 minutos en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, Goicoechea.

“Sencillamente en el 2008 se acabaron todos los procedimientos, se terminó. Y fueron los señores del Área de Salud de San Carlos Huetar Norte, quienes me pidieron que emitiera un decreto”, dijo Arias al telenoticiero.

“El decreto –enfatizó– no nació de mí, no fue una idea mía”.

“Yo nada más los complací porque ellos así lo pidieron”, puntualizó.

“No creo que en 117 años de historia de otorgarse un premio Nobel a diferentes personas, alguno de ellos haya sido acusado ante los Tribunales”, manifestó.

“Soy el primero y por supuesto que eso me duele, en lo personal, por mi familia y también por mi país”, lamentó el dos veces exgobernante y Premio Nobel de la Paz 1987.

El tiempo nos dio la razón

Tras los severos daños ambientales registrados en Crucitas, Arias dijo a la prensa que el tiempo le dio la razón.

“El tiempo nos dio la razón. Si hubiéramos tenido una empresa seria y responsable, como los canadienses, que se dedican a la minería desde hace siglos”, dijo.

“Si hubiéramos tenido una empresa que pague impuestos, que construya infraestructura, que da empleo, que paga impuestos al fisco, que entrega dólares al Banco Central, que le va ayudar a la municipalidad con impuestos”, añadió.

“Hoy no recibe el Estado ni un cinco.Nadie paga impuestos”, insistió.

“Tenemos a los coligalleros utilizando mercurio y la empresa nunca iba a utilizar mercurio. Los estudios de costo-beneficio dieron positivo. Los beneficios económicos y sociales eran mucho mayores”, aseveró

“Hoy todo el mundo se lamenta de tener a los coligalleros, cuando ven las fotos y las tomas de televisión. Sobre todo que están utilizando mercurio, que es tóxico y se queda ahí para toda la vida”.Ojalá que si se contamina el Río San Juan, no tengamos que pagar algún tipo de indemnización”, reiteró.

“Crucitas nunca tuvo ninguna importancia en la campaña política, ni en mi gobierno”, amplió.

“Yo quería impulsar a toda costa el Tratado de Libre Comercio (TLC). Quería impulsar a toda costa algunas concesiones como: el puerto de Caldera, el puerto APM, la carretera a Caldera, el aeropuerto Juan Santamaría y el Daniel Oduber”, sostuvo.

“Eso sí quería hacerlo a toda costa.“Había que firmar los decretos y había que firmar los decretos a petición del Ministerio de Ambiente y Energía. No era una cosa que se me ocurrió a mí o al ministro. No hubo error”, expresó.

La concesión a la minera canadiense fue anulada en 2010 por el Tribunal Contencioso Administrativo en medio de reclamos y recursos de grupos ambientalistas.

Inicialmente en el caso solo fue enjuiciado y sentenciado a tres años de prisión el exministro de Energía y Ambiente, Roberto Dobles. Tras acciones entabladas por la Fiscalía, fueron reunidas ambas causas y el caso está pendiente de ser elevado a juicio.

 

 

Con la Fiscala Navas se dispararon las denuncias por casos de corrupción/142 más que el año anterior

Edgar Fonseca, editor/ Foto Fiscalía

Las denuncias de supuestos casos de corrupción en la función pública se dispararon en el primer año de gestión de la Fiscala General, Emilia Navas.

Así lo destacó la jerarca en su primer informe anual ante los magistrados de Corte Plena.

Mientras en 2017, bajo la anterior jefatura de la Fiscalía, hubo 217 denuncias, el año anterior las denuncias se incrementaron a 359 casos, detalló el informe.

El incremento, del 65%,  fue calificado como “considerable”  por el Ministerio Público.

Además, de la totalidad de denuncias elevadas a la Fiscalía General la mayoría fueron por presuntos hechos contra los deberes en la función pública.

De 375 casos asumidos entre octubre 2017 y octubre 2018, 64% fueron delitos contra los deberes de la función pública y 36% por otros diferentes delitos, detalló la jerarca.

El significativo incremento en las denuncias por corrupción, la Fiscalía lo atribuyó  a que creció el índice de confianza de la población para interponer denuncias.

Navas destacó la Política de Persecución Penal puesta en marcha bajo su gestión que da prioridad  a perseguir los delitos funcionales y de corrupción.

También ve con prioridad los casos de violencia doméstica, de género y delitos sexuales, y la obligación del personal de no conciliar ni aplicar el modelo de Justicia Restaurativa, al atender ese tipo de delitos.

La estrategia enfatiza  el uso de técnicas para optimizar los resultados de las investigaciones.

La aplican para los casos vinculados con el narcotráfico, sicariato y otras formas de crimen organizado, girando instrucciones para mantener un control específico y procurar labores conjuntas para incrementar la efectividad y el sustento probatorio.

Navas asumió de emergencia la jefatura del Ministerio Público el 13 de octubre de 2017 tras la suspensión del entonces Fiscal Jorge Chavarría en medio de severos cuestionamientos a su gestión. La Corte la ratificó como titular en el cargo.

Desde un primer momento hizo del ataque a los hechos de presumida corrupción en la función pública como uno de sus ejes clave de tarea.

El caso más sonado en este periodo fue la investigación y acusación del escándalo llamado “el cementazo” que sacudió a la cúpula de gobierno de la administración Solís y se extendió a otras instancias públicas, entre ellas al Poder Judicial, con múltiples detenciones y allanamientos entre otras acciones encabezadas por Navas.

Fiscalías al tope

Las fiscalías del país recibieron para su trámite el año anterior: 215.406 casos.

Finalizaron con acusación: 29.977 casos, con un rezago de 8.379 expedientes  en cuya reducción se trabaja, puntualizó la Fiscalía.

En persecución de delitos graves (narcotráfico, legitimación de capitales, delitos económicos, fraudes y trata de personas): la Fiscalía concluyó 8.209 casos. Ver cuadro adjunto.

La estrategia en marcha le permitió a la Fiscalía  responder a los fenómenos delictivos de mayor relevancia, en aras de brindar un mejor servicio público a las personas usuarias del sistema penal, en cuanto a calidad, tiempo de respuesta, transparencia y estandarización de procedimientos, citó la versión oficial.

De lo relevante

  • Casos. Entre octubre del 2017 y octubre del 2018, la Fiscalía General tramitó 375 causas penales, de las cuales, un 64% correspondió a delitos contra los deberes de la función pública y 36% a casos de falsedad ideológica estafa, nombramientos ilegales, amenazas, receptación, entre otros.
  • El país, durante el 2018 se dio un porcentaje de sentencias condenatorias del 69.14% (incluyendo procesos abreviados). Las absolutorias alcanzaron un 25,72%, mientras que los procesos donde hubo condenatorias y absolutorias representaron el 5,15%.
  • Principales motivos de absolutorias son inasistencia o imposibilidad de hacer comparecer a testigos al juicio, falta de interés de los testigos, o incluso olvido en la claridad de los hechos, ya se por amenazas o por el transcurrir del tiempo, así como valoraciones de carácter procesal.
  • Víctimas y testigos, la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito desarrolló estrategias para disminuir el riesgo y resguardar la integridad de estas. En el período de interés, ingresaron 27.319 personas; el 65% ingresó al programa de atención.

La fiscala Navas expuso como mayores retos en su gestión  la aprobación y entrada en vigencia de la Ley de Carrera Fiscal, contar con talento humano para afrontar casos, mejorar las coordinaciones nacionales, internacionales, internas y externas, y afrontar el cambio generacional ante las jubilaciones de personal.

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Fiscalías  al tope *

Con 215.406 casos entrados en el año y un rezago de 8.379 la Fiscalía culminó su primer intenso año de trabajo bajo la gestión de la Fiscala Navas.

 

   
Causas tramitadas en Fiscalía General 375 (64% fueron delitos contra los deberes de la función pública y 36% casos por diferentes delitos).
Casos ingresados a todas las Fiscalías del país 215.406
Casos finalizados con acusación 29.977
Sentencias condenatorias 69%
Recursos de apelación presentados 429
Recursos de casación presentados 55
Casos que terminaron con la aplicación de medidas alternas 8.410
Casos en rezago 8.379 (se trabaja en planes para reducir este rubro)
En persecución de delitos graves (narcotráfico, legitimación de capitales, delitos económicos, fraudes y trata de personas): Se concluyeron 8.209.

Fuente: Ministerio Público informe anual de lab0res 2018

 

 

 

El Chipote, temido penal donde Ortega encierra a centenares de presos políticos

  • Tras la rebelión ciudadana de abril anterior, al menos 500 nicaragüenses permanecen presos acusados bajo cargos de terrorismo y otros delitos políticos por haber participado de la revuelta que tiene contra las cuerdas al régimen de Ortega. Decenas de ellos están aislados en la temida cárcel de El Chipote, Managua, relata un informe de El Nuevo Diario

Edgar Fonseca, editor

A pesar que todos tienen derecho a visita, en realidad es un privilegio que está al arbitrio de los policías, denuncia el diario.

Hay varias listas, en una nombran al detenido que “se portó mal”, agrega.

Un familiar puede pasar horas esperando para recibir al final la noticia que su ser querido no fue “cooperativo” y no tiene derecho a la visita.

Si reclamó por algo, no tiene visita.

Si en el portón el familiar hizo reclamos a los guardas, no le dan la visita.

Si el familiar no fue obediente, no tiene visita.

Si se aglomeran en la entrada, puede castigar a varios y no les dan la visita.

Si al momento de llamarlo el familiar no está de inmediato, se queda sin visita.

Una inspectora, que permanece en la puerta, grita groserías a los visitantes. Los pone a hacer fila y si alguien no está allí, lo trata de animal para abajo y sólo basta un telefonazo para cortarle la visita a algún detenido.

Ver El Nuevo Diario, Managua

 

 

ICE baja pedido de alza de tarifas al 8,75%

Edgar Fonseca, editor

El ICE anunció este lunes que bajó el pedido de alza de tarifas en los servicios eléctricos a 8,75% tras un fuerte rechazo público a su primera petición de un 20,6%. El alza entraría a regir en abril, de ser aprobado por Aresep.

La entidad informó que reformuló la solicitud de ajuste ordinaria para 2019 presentada en diciembre pasado ante la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).

El principal motivo para replantear el pliego es favorecer la reactivación económica y la competitividad del país, consigna una versión oficial.

El monto fijado por Aresep empezaría a regir el 1 de abril de 2019 y finalizaría el 31 de diciembre de 2020.

Según la entidad, bajaron el pedido de alza debido a que se amplió el período de reconocimiento a 21 meses.

“Somos conscientes de la coyuntura que atraviesa el país, por lo que hicimos un análisis profundo desde la planificación financiera para encontrar opciones que permitieran distribuir el impacto del ajuste, siempre dentro de la metodología tarifaria actual”, afirmó Irene Cañas, presidenta ejecutiva del ICE.

Con la nueva propuesta, sujeta de aprobación por Aresep, el ICE asegura que busca recobrar más de ₡56.000 millones por gastos como el pago a los generadores privados de electricidad, los rezagos tarifarios pendientes y otros costos asociados a satisfacer la demanda eléctrica y acatar el marco legal vigente en el país.

Las tarifas eléctricas de de la entidad estatal han mostrado una tendencia a la baja y a la estabilidad desde 2014, tanto para los sectores residencial, comercial e industrial, como resultado de una estrategia de optimización interna, agregó la versión oficial.