Jorge Corrales Quesada, economista
Uno de los sistemas de pensiones de lujo es el llamado de exdiputados (por supuesto, no de todos los que han sido diputados, pues, por ejemplo, los hay quienes reciben sus pensiones del IVM de la Caja), pues no han cotizado lo suficiente para recibir los montos que bajo aquel esquema se les pagan y que se cargan al presupuesto nacional; esto es, provienen de aportes tributarios que los ciudadanos hacemos para el gasto del gobierno.
Resulta que esos exdiputados, herederos y otros, han planteado diversos recursos ante la Sala Constitucional, básicamente para que se les restablezca un privilegio por el que cada año dichas pensiones aumentaban en un 30%. Dicho plus se creó durante la administración Monge Álvarez, en noviembre de 1985, con una reforma a la Ley de Pensiones de Hacienda, pero, en 1992, ante una evidente injusticia de ese aumento anual automático descomunal y desproporcionado, mediante la Ley de creación del Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional, se quitó esa prebenda y se determinó que ellas aumentaran conformes con la inflación anual.
Pero, con el cuento de que ese era un derecho adquirido en 1993, la Sala IV lo restituyó (derecho no; privilegio sí. No es un derecho pues no todos los tenemos, y sí un privilegio, pues beneficia a unos pocos a cargo de todos los ciudadanos contribuyentes). Con posterioridad, a esas pensiones se les puso un tope igual al salario de los diputados, que hoy asciende a ¢4 millones, y rige sólo para algunos exdiputados. No obstante, en el 2016 se eliminó el privilegio del aumento del 30% anual y en este momento se plantea la legalidad de esa decisión ante la Sala IV. A la fecha, hay 31 acciones de ex diputados vivos y 3 fallecidos, para que se restaure ese privilegio.
No me interesan los nombres de las 51 personas que presentaron sus casos ante la Sala IV, que van desde exdiputados (34), herederos (3) y otras personas (14), mencionadas en el artículo de La Nación del 3 de diciembre, titulado “Exdiputados reclaman alza del 30% anual en pensiones.” Pero, hay cosas que valen la pena reseñar:
- Proceden de muchos (10) partidos políticos (vigentes y desaparecidos): el mayor número de diputados vivos proviene de Liberación Nacional, con 13 exdiputados; le siguen 6 de la Coalición Unidad; 3 del partido Unidad; 2 de Unificación Nacional; 2 del Republicano Nacional y 1 de cada uno de los siguientes partidos: Demócrata, Demócrata Cristiano, Unificación Nacional, Unidad Socialcristiana y Renovación Democrática. Los hay de todos colores…
De esos, el que tiene la mayor pensión bruta asciende a ¢8.1 millones al mes y neta -o sea, después de impuestos- de ¢3.6 millones y quien tiene la menor pensión bruta es de ¢3.4 y ¢2.2 millones de la neta. De ellos, la gran mayoría (77%) tiene una pensión bruta superior a ¢7.5 millones y una neta superior a ¢2.2 millones.
- Además de esos exdiputados accionantes, hay otras personas (17), entre ellas 3 herederos (viudas o hijos) y otras 14 “cuya relación [ese] medio no pudo precisar” y de los cuales 5 ya han fallecido.
- De aquellos 31 diputados, a 6 se les aplica el tope de ¢2.7 millones, por lo que sus pensiones netas se verían determinadas por ese tope.
4- El total del pago de las pensiones brutas de esos exdiputados asciende a ¢230 millones brutos cada mes y a un total mensual neto de ¢104 millones.
Si se restituyera el privilegio del aumento anual del 30% a las pensiones de los exdiputados que presentaron recursos ante la Sala Constitucional, en el curso de 5 años la pensión bruta mayor actual de ¢8.1 millones al mes se elevaría a ¢30 millones.
Además de la petición de restaurar el crecimiento anual del 30%, como parte de los diversos recursos legales, se pide la abolición de la contribución solidaria para las pensiones superiores a ¢2.7 millones, contribución que oscila entre un 25% y un 75% del exceso sobre esa suma. También, se pide eliminar el impuesto del 9% a esas pensiones de lujo y la posibilidad establecida de que ese impuesto aumente hasta un 16%, volviendo así a un 7%. Y se oponen a que la pensión se herede tan sólo a los hijos de ex beneficiarios que tengan 65 o más años.
La pregunta de siempre es si esos los actuales beneficiarios de esas pensiones de lujo cotizaron lo suficiente para recibir las pensiones, pues incluso las netas hoy vigentes son muy superiores, si se comparan con la máxima de la Caja del Seguro Social cuyo tope es de ¢1.44 millones al mes.
Tan sólo pido sabiduría a la Sala Constitucional para que definitivamente termine con esta injusticia, que se ha venido cargando, y aún se carga, sobre las espaldas de todos los ciudadanos contribuyentes.
