Edgar Fonseca, editor

Nos resistimos a pensar que el nuevo ministro de Seguridad caerá muy pronto presa del derrotismo que empapó al anterior gobierno ante la alarmante ola de criminalidad y de homicidios en el país.

Dar por inminente que se registrará una nueva escalada récord de homicidios este año, es, quizá, admitir que las políticas y las acciones del Estado ceden sin remedio  ante el embate criminal.

Hasta el 5 de junio, dijo el nuevo jerarca en una comisión legislativa, habían sido cometidos 268 asesinatos, y, de seguir por esa tendencia, nuestra sociedad estaría a las puertas de ver consumados unos 630 homicidios a final de año, 31 casos más que el año anterior que nos coloca en una de las peores tasas de Latinoamérica.

Las declaraciones del  funcionario dejan traslucir una implícita aceptación que las autoridades e instituciones de seguridad no podrán revertir la tendencia, que por su dinámica irá en crecimiento y que la opinión pública deberá acostumbrarse a convivir con esta espeluznante realidad.

Nos resistimos a creer en ese conformismo de cara a una de las mayores amenazas a la institucionalidad.

No dudamos de las buenas intenciones ministeriales al despegar la gestión, contestes con una de las directrices presidenciales  clave –como la ha admitido el propio mandatario– de atender con prioridad el severo deterioro en seguridad.

Por ello, la opinión pública está particularmente expectante de las acciones que ponga en marcha el ministerio de Seguridad, en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público, entre otras instituciones, para recobrar cierto grado de normalidad en nuestras calles, barrios y ciudades.

¿Cómo han hecho las 30 mayores ciudades de EE.UU. para registrar en años recientes un descenso histórico en sus tasas de criminalidad?

¿Cómo hicieron esas ciudades para alcanzar una reducción en las cifras de crímenes violentos, hasta llevarlas a sus más bajos niveles en 30 años?

¿Cómo hizo Nueva York para reducir a 3.3 por cada 100 mil habitantes, su tasa de homicidios, conforme lo destaca el Brennan Center for Justice?

La tasa de homicidios se redujo en esas mayores urbes norteamericanas en 5.6% en el último año, según dicho centro.

¿Qué políticas y acciones emprendieron esas metrópolis interinstitucionalmente?

O, ¿cómo hicieron las autoridades colombianas para transformar, por ejemplo, a Medellín de ser la capital mundial del crimen narco en un modelo de desarrollo?

Pregúntenle al legendario general Oscar Naranjo, héroe de mil batallas contra los carteles narco-terroristas, dispuesto a ayudar a esta limitada Costa Rica a manos llenas.

O pregunten en Chile, el país más seguro del continente.

La gestión del nuevo jerarca de Seguridad apenas despega.

A las medidas que, no dudamos, traen él y su equipo en su carpeta, convendría adherirles, con sentido de urgencia, los apoyos, coordinaciones e interacciones con organismos y naciones exitosas en el combate de la amenaza criminal.

Y extraer de esas experiencias los insumos para atacar con eficiencia los gérmenes que hoy arremeten contra nuestra seguridad e institucionalidad.

Este es uno de los mayores desafíos de la presente administración. Un desafío que arrolló al anterior gobierno y dejó al país a la intemperie.