Edgar Fonseca, editor

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se blindaron ante la reforma fiscal aprobada por mayoría en la Asamblea Legislativa y sostuvieron que afecta la independencia y el funcionamiento del Poder Judicial.

Así lo determinaron 11 de 15 magistrados que vieron ayer las implicaciones del plan fiscal para dicha institución, tras una acalorada intervención del magistrado presidente Fernando Cruz, quien cuestionó la eventual interferencia en dicho poder y anunció que se inhibirá de conocer la reforma.

El Presidente de la República, Carlos Alvarado, negó que el plan fiscal afecte al Poder Judicial y anunció que continuará el trámite legislativo de la controversial iniciativa.

“El expediente 20.580 sigue su trámite, desde el Ejecutivo estamos seguros que nada del proyecto lesiona el funcionamiento del Poder Judicial, pero estamos dispuestos a promover los consensos para generar iniciativas que garanticen que estos aspectos no serán afectados”, sostuvo Alvarado tras la decisión de los magistrados.

“Por elemental responsabilidad y sentido de supervivencia nacional hay que seguir adelante”, demandó el periodista y diplomático, Eduardo Ulibarri quien apoya la iniciativa fiscal del gobierno Alvarado.

Empresarios censuran a magistrados

La Unión de Cámaras censuró la decisión de los magistrados.

“Desde la UCCAEP lamentamos y reprochamos la decisión que tomaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia al oponerse al Proyecto sobre el plan fiscal”, sostuvo el ente empresarial.

“A partir de hoy, toda la responsabilidad de lo que suceda en Costa Rica en torno a la crisis fiscal, será de los señores magistrados, pues este era un momento único e histórico para tomar una decisión por el país y para el país. Todo  parece que pesaron mucho más los privilegios que ostentan algunos dentro del Poder Judicial y no la situación económica que enfrentan los costarricenses, quienes son al final los que sentirán las consecuencias”, denunció el influyente conglomerado de cámaras.

“Atentar contra la estabilidad financiera de Costa Rica, no mina solo la credibilidad del Poder Judicial, bastante cuestionada ya por los recientes hechos en torno a las investigaciones del conocido caso del “Cementazo”, sino que perjudica un tema que el sector productivo ha defendido, la seguridad jurídica, pues los empresarios nacionales o extranjeros, verían con recelo invertir en nuestro país, ante decisiones como las que se tomaron desde la Corte Suprema de Justicia”, enfatizó la unión empresarial.

No nos toquen…

Los magistrados demandan eliminar restricciones salariales que impone el plan fiscal al sector judicial igual que a otros sectores del Estado.

Los cuatro puntos rechazados por los magistrados y que demandan sean eliminados de la iniciativa son:

• Las disposiciones establecidas en la reforma de los artículos 46 y 47 de la Ley de Salarios de la Administración Público, número 2166 del 9 de octubre de 1957, referente a la rectoría de la materia de empleo público de MIDEPLAN, para con el Poder Judicial.
• Las disposiciones establecidos en la reforma de la adición del artículo 49,inc a la ley de Salarios de la Administración Pública, número 2166 del 9 de octubre de 1957, en lo referente a la obligatoriedad de los lineamientos técnico y metodológicos de la Dirección General de Servicio Civil, para con el Poder Judicial.
• La incorporación de las transferencias,  destinos y en general, el presupuesto asignado a favor del Poder Judicial por norma constitucional o por leyes específicas, en las regulaciones propias de la regla fiscal.
• Las restricciones establecidas en el proyecto de ley en materia salarial y sus respectivos componentes para los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial.

Los magistrados de la Sala Constitucional se abstuvieron de votar ante la inminente llegada, en consulta, del plan fiscal.

Cruz calentó los ánimos

El magistrado Cruz anunció, bajo fuerte presión pública,  que se inhibirá de conocer el plan fiscal.

“Yo no formaré parte de la Sala Constitucional en caso de que la consulta llegue a la Sala”, dijo Cruz durante una acalorada intervención ante sus colegas y  acompañado, en algunos momentos, de aplausos de algunos de ellos.

“Siendo el presidente, frente a un caso de tanta trascendencia no debo mojarme como magistrado de la Sala Constitucional”, agregó Cruz en una esperada sesión de Corte Plena que conoció de las implicaciones de la reforma fiscal en el Poder Judicial.

“Lo haré desde este foro”, insistió Cruz al referirse a Corte Plena.

Estamos con “una presión terrible”

“Estamos con una presión terrible porque el país depende de los 22 magistrados que estamos aquí”, enfatizó Cruz, un crítico acérrimo de excesivos planes de austeridad en el sector público.

“¿Nosotros -de clase media- vamos a resolver la pobreza del país?”, cuestionó.

“La necesidad de afirmar que incide en el funcionamiento del Poder Judicial. Claro que incide en el sistema judicial”, insistió.

“Debió consultarse y no nos consultaron. Es la consulta lo que debió haber existido y no ahora haber recibido una nota de Hacienda”, criticó.

“Debiera haber existido un criterio técnico, pero la propuesta no responde a un criterio técnico. Esto requería una valoración judicial. Una valoración nuestra”, reiteró.

“¿Por qué no aumentar el impuesto directo a las personas jurídicas un tres por ciento, si es tanto el problema que tiene el país? (…) ¿O es que nosotros -clase media- vamos a resolver el país?”, reclamó.

“La pobreza se convierte en una prioridad ahora cuando vienen aquí. Entonces ahora el Poder Judicial tiene que resolver la pobreza, pues que nos den esas función ahora entonces”, agregó.

“Solo falta que digan que la Corte es culpable de la pobreza”, afirmó.

“Estoy renunciando a partir de hoy al rubro gerencial, porque eso es lo que nos atribuyen para quitarnos autoridad moral. ¡Que no me vengan a decir que mi posición es para defender mis privilegios!”, dijo.

Dicen que sí los afecta

Los magistrados anunciaron temprano que no emitirían ninguna resolución sobre la reforma fiscal en la sesión de hoy.

Pero por la tarde aprobaron por 11 votos de 15 que la reforma si afecta el funcionamiento y la independencia del Poder Judicial.

La sesión arrancó con el análisis de un informe de la Dirección Jurídica de la Corte –pedido por Cruz– que sostiene que la reforma fiscal afecta la independencia y funcionamiento del Poder Judicial. El informe trascendió el viernes anterior.

“Esta unidad asesora estima que el proyecto 20.580 sí afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial e incide abiertamente en la independencia del mismo”, consignó el informe de la Dirección Jurídica.

Otro informe del entonces presidente de la Corte, Carlos Chinchilla,  del 16 de abril anterior, descartó esa eventual interferencia meses atrás, a consultas de la comisión que tramitaba la reforma fiscal.

“A partir de los resuelto por la Corte Plena en sesión 6-2006 del 20 de marzo de 2006, artículo nueve, ratificado en sesión número 24-2006, celebrada el 28 de agosto de ese mismo año, artículo XXXVI, y previa consulta general a las señoras magistradas y señores magistrados, se devuelve la consulta sin pronunciamiento de la Corte porque el texto consultado no se refiere a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, supuestos que, según regula el artículo 167 de la Constitución Política, son los que requieren de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia”, dijo el magistrado Chinchilla a los diputados.

Los magistrados avalaron, por la tarde, el más reciente informe de la Dirección Jurídica.