Edgar Fonseca, editor
La Fiscalía General de la República realizó este jueves por la mañana “un secuestro de información del equipo de cómputo” de los exmagistrados Carlos Chinchilla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Doris Arias, recién jubilada, Jesús Ramírez, suspendido por dos meses de su cargo, y de la también magistrada suplente María Elena Gómez, igualmente sancionada.
Las diligencia la dirigió la Fiscal General Emilia Navas deséelas 8:30 a.m.
Está vinculada a investigaciones que desarrolla la Fiscalía contra dichas personas sobre la desestimación de una causa que acogieron contra los exdiputados Otto Guevara, Libertario, y Víctor Morales Zapata, Independiente, mientras integraban la Sala III Penal. La causa desestimada está vinculada al denominado escándalo del cementazo.
La diligencia se realizó de manera conjunta con la Sección de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el objetivo es respaldar datos informáticos para incorporar al expediente 17-000017-033-PE, relacionado con la desestimación aprobada por la Sala Tercera a favor de dos exdiputados, a quienes se les vinculaba con el caso mediáticamente conocido como “cemento chino”, ratificó un informe del Ministerio Público.
En el secuestro de información participó la fiscala general Navas Aparicio, por tratarse de asuntos que involucran a una persona con inmunidad, confirmó la versión oficial.
Decomiso y análisis
La información que logre respaldarse de las computadoras será decomisada y analizada por el OIJ La policía judicial presentará un informe a la Fiscalía General, agregaron las fuentes judiciales.
Por este caso, la Corte Plena investigó y suspendió por dos meses sin goce de salario al entonces magistrado Chinchilla, a Arias, a Ramírez y a Gómez.
La suspensión la decidió bajo fuerte presión pública luego que había decido en una sesión anterior solo amonestarlos por escrito.
Horas antes de ser suspendido, el entonces presidente de la Corte, magistrado Chinchilla, presentó sorpresivamente su gestión de pensión que le fue aprobada en ¢4 millones.
La también entonces magistrada Arias, apeló ante un juzgado contencioso que decidió, en un término de tres horas, dejar sin efecto la suspensión en su caso y en el de la magistrada suplente Gómez. Esa decisión fue rechazada por el tribunal de lo contencioso.
Ramírez cumple la suspensión.
La investigación interna de Corte Plena estuvo a cargo del magistrado Román Solís quien calificó de “falta grave” lo actuado por los entonces magistrados de la Sala III.
“Se está ante un error grave e injustificado en la administración de la justicia por parte de los magistrados de la Sala Tercera… omitir profundizar en ese informe de llamadas como elemento probatorio de peso, al menos realizar un ejercicio intelectual base para descartar su importancia y no simplemente referenciarlo (con base en las consideraciones del Ministerio Publico), es lo que se cataloga en este acto como un error grave e injustificado por parte de los investigados”, advirtió el magistrado Solís en el informe que remitió a Corte Plena.
El miércoles 11 de julio, Corte Plena, dividida, rechazó suspender a los cuatro magistrados y en su lugar dictó una amonestación por escrito.
El lunes 16 de julio, en medio de la creciente censura pública, los magistrados revirtieron la decisión y los suspendieron.
Horas antes, el entonces magistrado Chinchilla gestionó su jubilación.
