Un muerto y 22 heridos esta mañana luego que un vehículo arrolló a decenas de personas en Madison Square, Nueva York, informa New York Daily News.
El conductor del vehículo, identificado como Richard Rojas, de 26 años, residente del Bronx, fue detenido, dice el diario.
Tenía dos arrestos por conducción bajo influencia DWI y las autoridades creen que ocasionó la tragedia bajo algún efecto, añade el sitio.
-Fiscal General, Jorge Chavarría Guzmán, advierte que profunda penetración en la región y el país de los carteles mexicanos es un detonante de la violencia
–Los que manejan las rutas, los proveedores de los distribuidores locales son mexicanos
Edgar Fonseca M., editor
San José-La creciente escalada de violencia que azota al país con frecuentes ajustes de cuentas entre grupos criminales, y que tuvo esta semana un climax con el tiroteo a la entrada del Mount View School, Guachipelín de Escazú, con dos muertos y un escolar herido, es asociada por el Fiscal General, Jorge Chavarría Guzmán, a la operación de mafias mexicanas y de otras nacionalidades.
Así lo sostuvo en una reciente entrevista que concedió a Edgar Fonseca, editor de PuroPeriodismo.com.
La profunda penetración de los carteles mexicanos de la droga en la región centroamericana y sus ramificaciones en Costa Rica es vista por Chavarría como una razón crítica de la creciente ola de violencia que golpea al país y que dejó, en 2016, la cifra récord de 577 muertes violentas, 40% de ellas atribuidas a ajustes de cuentas entre grupos criminales.
“Costa Rica ha venido copiando los patrones mexicanos. La forma en que se está organizando el tráfico local de drogas es muy similar a los patrones en que está organizado México. Los que manejan las rutas, los proveedores de los distribuidores locales son mexicanos y nosotros, además, ya por una cuestión cultural regional, el corrido y la cultura machista, la influencia mexicana cultural es innegable en Centroamérica y en Costa Rica”, dice Chavarría, veterano funcionario judicial.
“Los patrones mexicanos se han trasladado a la región porque esto es una empresa y esta traslada sus esquemas de organización económica. Si no, no tendrían éxito”, advierte.
Confrontado con la cifra récord de homicidios, con que cerró el país el año anterior, 19 más que en 2015, colocando la tasa de muertes violentas en 11,8 por cada 100 mil habitantes, el Fiscal Chavarría vaticina que la tendencia irá en aumento.
Cree que, junto a una respuesta institucional local, se requiere de un cambio drástico en la estrategia regional de combate al crimen organizado, particularmente a las mafias narco.
La estrategia seguida hasta ahora, insiste, evidencia que fracasó.
Y arrolla a naciones de Sudamérica y de Centroamérica.
Ver entrevista completa: Fiscal General, espiral de violencia a la mexicana
Edgar Fonseca M., editor
El mortal tiroteo del lunes frente al Mount View School en Guachipelín de Escazú, con saldo de dos hombres muertos y un escolar herido, sacudió al gobierno, el presidente Luis Guillermo Solís convocó ayer una sesión urgente de jefes policiales y, por primera vez, le fijo un plazo de 30 días al Ministro de Seguridad para que informe al país de acciones tendientes a enfrentar la creciente ola delictiva
En medio de la conmoción pública y de una oleada de críticas a los cuerpos de seguridad, el presidente Solís justificó la cita extraordinaria con los jerarcas policiales. “Reunidos para reforzar y fortalecer medidas que protejan a nuestra ciudadanía”, dijo el presidente a 48 horas del tiroteo ejecutado por dos pistoleros que aparentaban estar ejercitándose frente al colegio y de quienes no hay el menor rastro.
El exvicepresidente Kevin Casas, administración Arias, crítico del presente gobierno, calificó de aterrador el suceso. “Esta noticia es aterradora. ¿Y el gobierno? Perdido. ¿Gobierno de la transparencia? No: Gobierno de la inseguridad”, denunció.
Con el paso de las horas se confirmó que tanto la DIS como el OIJ, autoridades de Seguridad Pública y del Ministerio Público conocían e investigaban las sospechosas conductas y actividades de los hermanos Akl en el país, quienes entraron a territorio nacional en condición legal con pasaportes canadienses.
La DIS asegura que desde el 12 de enero remitió dos informes al Ministerio Público y pidió la expulsión de los libaneses sin obtener ninguna respuesta. El Ministerio Público confirmó la recepción de dichos informes pero los declaró bajo confidencialidad del sumario judicial, dijo Tatiana Vargas Vindas, portavoz de la Fiscalía.
“La Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada confirmó que esos informes forman parte de una investigación que se encuentra en la etapa preparatoria del proceso, la cual es privada según el artículo 295 del Código Procesal Penal, sobre la privacidad de las actuaciones. No se referirán detalles que, sin lugar a dudas, pondrán en riesgo el proceso penal”, dijo Vargas. “Es necesario recordar que los informes de la DIS son únicamente informativos y no se judicializan, es decir, con el insumo aportado (informes), se trabajan con la policía en la recolección de pruebas”, agregó.
Los pistoleros mataron a Elías Akl, de 44 años, con inversiones y negocios en Escazú y a un custodio de apellido Blanco, que fue llevado agonizante a una delegación policial cercana tras el tiroteo. Los agresores huyeron en dos motos que los esperaban cerca.
Colegio regresa el lunes
Mount View School anunció que retornará a su horario habitual el próximo lunes.
“Deseamos agradecer las múltiples muestras de solidaridad y de comprensión que hemos recibimos ante el lamentable hecho sucedido”, dijo el colegio en su sitio Facebook.
“Próximamente les brindaremos actualizaciones relacionadas con el tema y con la atención post-traumática para estudiantes y sus familias”, añadieron.
“Mil gracias por toda la ayuda, colaboración y apoyo de los vecinos, Colegios hermanos y padres y madres de familia que nos asistieron especialmente a West College, que a pocos minutos del suceso ocurrido corrieron en ayuda de nuestros estudiantes”, destacaron.
“Un especial agradecimiento profundo desde nuestro corazón a nuestro personal, que sin pensarlo 2 veces salieron al socorro y evacuación inmediata de nuestros estudiantes, de manera que esta situación no pasara a más”, agregaron.
El rastro
La DIS sostiene que, por informes confidenciales, investigó a los libaneses a partir de conductas de “matonismo, uso de armas, ostentación en sitios públicos”.
“La forma en que los hermanos Akl vivían aquí, a pesar de sus récords delictivos e ilegalidad migratoria, es la punta de un iceberg podrido”, destacó el analista y exdiplomático Eduardo Ulibarri.
“Costa Rica requiere con urgencia aprobar dos leyes que vienen a fortalecer la lucha contra el sicariato, el narcotráfico y el crimen organizado”, sostuvo Antonio Álvarez Desanti, candidato presidencial del PLN. Presionó porque se aprueben las leyes de Extinción de Dominio y la Creación de la Jurisdicción Especializada contra la Delincuencia.
Costa Rica cerró 2016 con una cifra récord de homicidios: 577; 40% de ellos atribuidos por el Fiscal General, Jorge Chavarria a “ajustes de cuentas” entre bandas narcos, según dijo en una reciente entrevista con el periodista Edgar Fonseca. El país ocupa el puesto 12 en Latinoamérica en tasa de homicidios, con 11,8 por cada 100 mil habitantes, cifra catalogada por la Organización Mundial de la Salud como “epidemia”.
El ministro tiene plazo
El tiroteo en Escazú, que dejó una escena de caos en el lugar, también remeció al gobierno. Ha “levantado una justificada alarma en la población y motivado nuevos llamados de atención a todas las autoridades para que intensifiquemos el combate del narcotráfico y del crimen organizado en general”, dijo la Presidencia.
El presidente Solís le dio un inusual plazo de 30 días al Ministro de Seguridad, Gustavo Mata, para que informe de los resultados de una serie de acciones:
VER ESPECIAL: FISCAL, ESPIRAL DE VIOLENCIA A LA MEXICANA
Edgar Fonseca, editor PuroPeriodismo.com
En medio de la conmoción pública por el violento ajuste de cuentas de una banda criminal perpetrado la mañana del lunes frente al Mount View School, Guachipelín de Escazú, con saldo de dos muertos y un escolar herido, el presidente Luis Guillermo Solís convocó este miércoles a una sesión urgente con los máximos jefes policiales.
A 48 horas de ocurrido el suceso, el presidente Solís apremió al Ministro de Seguridad, Gustavo Mata, a que un plazo de 30 días informe de los resultados de acciones de la cartera a su cargo contra el hampa.
“Reunidos para reforzar y fortalecer medidas que protejan a nuestra ciudadanía”, dijo el presidente Luis Guillermo Solís en medio de la alarma pública por el tiroteo a la entrada del centro educativo, ejecutado por dos pistoleros que aparentaban estar ejercitándose, de los cuales hasta este miércoles no hay el menor rastro.
Con el paso de las horas se confirmó que tanto la DIS como el OIJ, autoridades de Seguridad Pública y del Ministerio Público conocían e investigaban las sospechosas conductas y actividades de los hermanos Akl en el país, quienes entraron a territorio nacional en condición legal con pasaportes canadienses.
La DIS asegura que desde el 12 de enero remitió dos informes al Ministerio Público y pidió la expulsión de los libaneses sin obtener ninguna respuesta. El Ministerio Público no ha aclarado su conocimiento de los antecedentes de dichos individuos.
Los atacantes mataron a Elías Akl, de 44 años, con inversiones y negocios en Escazú y a un custodio de apellido Blanco, que fue llevado agonizante a una delegación policial cercana tras el tiroteo. Los agresores huyeron en dos motos que los esperaban cerca.
La DIS sostiene que por informes confidenciales investigó a los libaneses a partir de conductas de “matonismo, uso de armas, ostentación en sitios públicos”.
El ajuste de cuentas ha generado fuertes reacciones públicas. La expresidenta Laura Chinchilla denunció que en la ola de violencia, “Todos terminan siendo víctimas. Se puede y se debe evitar”, dijo.
El exvicepresidente Kevin Casas calificó de aterrador el suceso. “Esta noticia es aterradora. ¿Y el gobierno? Perdido. ¿Gobierno de la transparencia? No: Gobierno de la inseguridad”, dijo.
Costa Rica cerró 2016 con una cifra récord de homicidios, 577; 40% de ellos atribuidos por el Fiscal General, Jorge Chavarria a “ajustes de cuentas” entre bandas narcos. El país ocupa el puesto 12 en Latinoamérica en tasa de homicidios, con 11,8 por cada 100 mil habitantes, cifra catalogada por la Organización Mundial de la Salud como “epidemia”.
Justificada alarma
El Gobierno admitió que el incidente en Escazú,que dejó una escena de caos en el lugar, ha “levantado una justificada alarma en la población y motivado nuevos llamados de atención a todas las autoridades para que intensifiquemos el combate del narcotráfico y del crimen organizado en general”.
El presidente Solís le dio 30 días de plazo al Ministro de Seguridad Gustavo Mata para que informe de los resultados de una serie de acciones:
VER ESPECIAL: FISCAL, ESPIRAL DE VIOLENCIA A LA MEXICANA
Jorge Corrales, economista
San José- No hay duda que “en guerra avisada, mueren menos soldados”. Yo no quisiera que, ante los problemas evidentes que surgen en torno al financiamiento de las pensiones del Poder Judicial, sea yo uno de los soldados que termine pagando -por medio del presupuesto nacional- los beneficios de algunos.
Un nuevo estudio realizado para el Poder Judicial por el actuario don Raúl Hernández -“Informe de flujo de ingresos y egresos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial”- muestra, de acuerdo con lo indicado por La Nación en su edición del 14 de marzo, en un artículo titulado: “Corte utilizará reserva para pagar pensiones en el 2019: Aportes de empleados serán insuficientes para entender jubilaciones, revela estudio de actuario”, que “si el Fondo continúa con la tendencia actual de crecimiento del gasto, el aporte mensual de los trabajadores y pensionados será insuficiente para sostener los egresos.” En sencillo, la plata que entrará al Fondo de Pensiones del Poder Judicial, no alcanzará para pagar todas las pensiones a partir de agosto del 2019, obligando a usar las reservas -fondos ahorrados que generan intereses- para enfrentar beneficios futuros de sus pensionados.
De acuerdo con el medio, a partir de esa fecha, los ingresos del Fondo por aportes serían de ₡7.017 millones, pero las pensiones que habría que pagar ascenderían a ₡7.239; esto es, un déficit en el flujo financiero de ₡222 millones, que tendría que ser sufragado disminuyendo las reservas del Fondo.
Un factor que, sin duda, incide en este déficit es que, “desde el 2010, la Sala IV eliminó el tope a las pensiones. Esta situación genera beneficios altos para los jubilados con este sistema. De hecho, hay un grupo de menos de 700 personas que recibe la mitad del gasto anual; es decir, ₡27.000 millones.” Hago la incómoda pregunta: ¿cuántos que votaron a favor de eliminar ese tope en el 2010, son beneficiarios de estas pensiones que rinden tanto para algunos pocos? (Hoy en día hay 3.673 jubilados, por lo que cerca de un 19% son los beneficiados con esas “altas” pensiones).
Ciertamente ha habido algunos proyectos (tres: uno de la Corte Plena, otro de los trabajadores y otro de diputados) para poner algún grado de orden en el régimen de pensiones del Poder Judicial, pero, el principio esencial debería la búsqueda de una homogeneización con el actual sistema de pensiones de la Caja. Sin duda que eso implicaría una fuerte limitación a tan altas pensiones, para las que los beneficiarios no han aportado lo suficiente a lo largo de sus vidas laborales. Por supuesto, es inaceptable que se pretenda acudir a mayor financiamiento mediante presupuestos estatales -esto es, pagado por todos los contribuyentes- como solución al problema de las pensiones del Poder Judicial.
El caso es tan grave que incluso en un informe reciente elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica, en donde analizó las tres reformas presentadas a la Asamblea Legislativa para reformar la ley del fondo de pensiones de los empleados del Poder Judicial -concretamente los citados previamente y no así el planteado recientemente por la Superintendencia de Pensiones- se requeriría un alza del pago del 43% del salario de los trabajadores y tal monto es “inviable” para poder pagar todos los privilegios y obligaciones de la actualidad.
Este último tema aparece expuesto en un artículo de La Nación del 11 de mayo, titulado “UCR dice que ningún plan salva pensiones de la Corte”. Entonces, ¿qué? ¿Pagaremos todos los costarricenses esos privilegios de un único gremio? Francamente, la situación exhibe una enorme injusticia y, en mi opinión, una inmoralidad institucionalizada. Por ello, es el momento de que esos esquemas de pensiones se traten al igual que bajo el de pensiones de la Caja, incluso a sabiendas de que éste tiene problemas para su financiamiento a largo plazo -eso sí mucho menores- que requiere ya de reformas indispensables para poder salvarlo.
