Edgar Fonseca, editor
El diputado PUSC, Lesley Bojorges, anunció que se separa temporalmente de la fracción ante investigaciones judiciales que lo relacionan con vinculados al denominado caso “Madre Patria”.
“Ante los hechos expuestos por medios de comunicación en los últimos días relacionados con la tramitación de una causa judicial en mi contra, y con la certeza absoluta de que en dicho proceso se demostrará mi completa inocencia, para no entorpecer el trabajo que la Fracción Unidad Social Cristiana, de forma responsable, comprometida con los valores socialcristianos y poniendo a al costarricense como centro de todas las discusiones, ha venido realizando desde el primer día de esta gestión, deseo comunicar mi decisión de separarme de la subjefatura y de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana de forma temporal mientras se esclarecen los asuntos en cuestión”, dijo el legislador.
“Así las cosas, hago de su conocimiento está decisión, y solicito sea comunicado a la fracción como corresponde, con la absoluta claridad y compromiso de seguir defendiendo los valores y principios del Partido Unidad Social Cristiana y sirviendo a los costarricenses que me honraron con su confianza para servir a Costa Rica”, agregó en mensaje dirigido este lunes a María Marta Carballo, jefa de fracción.
El OIJ lo investiga por presunto tráfico de influencias y dádivas en relación con empresarios autobuseros vinculados al caso Madre Patria en que las autoridades tratan de probar, entre otros hechos, legitimación de capitales. Dicho caso lo destaparon el 25 de junio de 2024 y vincularon a la organización a 52 sospechosos, entre ellos 12 notarios.
El grupo, según las autoridades judiciales, se dedicaba a fraudes registrales y afectaron al menos 100 propiedades y hasta 300.
Presuntamente legitimaban sus ganancias a través de cripto monedas.
“Cuando se da la desafiliación de varias sociedades mercantiles, producto del impago de los impuestos a las personas jurídicas, estas personas aprovechan esta situación, mandan a hacer documentos falsos para crear liquidadores y asumen como propias las sociedades dueñas de las propiedades y empiezan a venderlas”, reveló el director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga, de cómo operaba la red delincuencial.
“Toda la estrategia se hacía a nivel de notarios. Al Registro entraban las escrituras como si fueran verdaderas”, enfatizó en aquel momento el jerarca.
Aparte de los 12 notarios, el OIJ ligó al caso a cinco oficiales de la Policía de Tránsito y a un funcionario del Consejo de Transporte Público (CTP).
También fueron acusados dos jueces: uno de Desamparados, otro de la Unión, y dos técnicos de dicho juzgado, así como un técnico de Archivo Criminal, OIJ y tres ex funcionarios judiciales.
A la reciente investigación también es ligada a la alcaldesa de San Ramón y otros tres funcionarios públicos.
A todos les fueron decomisados los celulares.
El OIJ asegura que dicha funcionaria supuestamente recibió en campaña una bolsa con dinero en monedas de un empresario de apellido Herrera, imputado en el caso Madre Patria.
La causa contra el diputado es la 23-000087-0033-PE y la 24-000059-033-PE contra los demás investigados.
El caso Madre Patria
CASO MADRE PATRIA: ORDENAN PRISIÓN PREVENTIVA EN CONTRA DE 20 SOSPECHOSOS DE PERTENECER A ORGANIZACIÓN CRIMINAL
La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada consiguió que se ordenara un año de prisión preventiva en contra de 20 personas sospechosas de conformar una organización criminal, a la cual se le vincula con los presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho.
Otras nueve personas deben cumplir medidas cautelares distintas, mientras avanza el proceso en su contra. La resolución del Juzgado Penal de San José fue comunicada a las partes esta mañana.
Estas personas fueron detenidas en los allanamientos del 25 de junio anterior y luego fueron presentadas a la audiencia de solicitud de medidas cautelares, la cual inició el 27 de junio y finalizó el 05 de julio.
La investigación continúa en trámite bajo el expediente 22-005018-0042-PE.
A continuación, el detalle de las medidas cautelares impuestas:
| Personas imputadas | Medida cautelar impuesta |
| León Muñoz (nacionalidad española), Jiménez Arias, Arrieta Solano, Rodríguez Hidalgo, Fernández Gustavino, Gómez González (nacionalidad española), García Núñez, Prenda Matarrita (abogado y notario), González Araya, Herrera González, Chaves Arias (abogado y notario), Rojas Rojas, González Pinto (abogada y notaria), Venegas Marín (funcionario judicial), Marín (de nacionalidad colombiana), Loaiza Bolandi (abogado y notario), Barrientos Campos, Herrera Vega y Pérez Barboza. | Un año de prisión preventiva |
| González Jiménez y Aguilar Zúñiga. | Un año de arresto domiciliario e inhabilitación para ejercer notariado. |
| Fernández Bonilla. | Un año de inhabilitación para ejercer notariado y se le ordenó la firma periódica, impedimento de salida del país y no mantener contacto con otros imputados u ofendidos. |
| Oficiales de tránsito: Alvarado Amador, Ramírez Zumbado, Morera Quesada, Pérez Alcázar y Campos Bolaños. Funcionario del CTP: Rosales Apu | Un año de suspensión del cargo y se le ordenó la firma periódica, impedimento de salida del país y no mantener contacto con otros imputados u ofendidos. |
Fuente: Poder Judicial, 10 de julio 2024
