Jorge Corrales Quesada, economista
San José-Es importante aclarar, desde un principio, algo esencial del sistema de contratación del estado en el país: se fundamenta en la llamada licitación pública, mediante la cual se publica un aviso de la licitación en La Gaceta y otros medios, el cual ha sido aprobado previamente por la Contraloría y, luego, el ente estatal adjudica al ganador de la licitación pública, bajo reglas de competencia que están establecidas por la Contraloría General de la República. El resultado de esa adjudicación puede ser apelado ante el ente contralor, por alguien que considere que la adjudicación efectuada fue incorrecta. Usualmente la licitación pública es exigida para contrataciones de altos montos.
Hay posibles y legales excepciones a esta regla de la contratación administrativa, como lo es la llamada contratación directa, la cual no pasa por el control previo que realiza la Contraloría, pero que sí debe autorizar esa forma de contratación (a menudo por razones tales como emergencias o, tal vez, por tratarse de montos relativamente bajos). Este último tipo de contratación deja la decisión de la elaboración del cartel y su adjudicación, en manos del ente que hace el contrato. A menudo lo hacen por medio de CompraRed, organismo por el cual cual el ente estatal anuncia y recibe las ofertas. La adjudicación se hace a lo interno del organismo, tanto en la selección del ganador, como en su aprobación. La Contraloría queda fuera de este procedimiento.
Evidentemente, el sistema de licitación pública es más transparente y, por tanto, presenta mayores virtudes para detener posibles actos indebido (corrupción es la palabra), que es más fácil que se presente cuando se adquieren bienes y servicios mediante contratación directa. Por ello, este último sistema se supone no sólo que es por excepción, sino que debería ser una parte relativamente pequeña de la contratación total dentro del estado costarricense. La licitación pública, tal como está diseñada, tiene un peligro menor de lograr que medien chorizos en la adquisición de bienes y servicios de parte de los organismos estatales, lo cual contrasta con la posible contratación directa.
Un portillo
Dicho esto, debe señalarse que se está dando un fenómeno preocupante y que aparentemente va en crecimiento, como es que las autoridades administrativas de los entes del estado no utilizan a plenitud el sistema de contratación por licitación y sí mediante otros, por la vía de excepciones, como lo es la contratación directa. Pero… ya casi es la regla en vez de la excepción. De acuerdo con una nota de La Nación del 3 de enero, titulada “Contraloría: Estado abusa de compras directas: Contrataciones con menos requisitos,” según datos de la propia Contraloría, en el 2015 el proceso de contrataciones directas ascendió a un 46.5% del total de contratos que se adjudicaron. O sea, tan sólo un poco más de la mitad (53.3%) sí fue adjudicado mediante el sistema clásico competitivo de la licitación pública.
Tal como indicó don Allan Ugalde, gerente de la División Administrativa de la Contraloría, “los organismos internacionales advierten que eso (contrataciones directas y similares) va en contra de la transparencia,” los cuales “alertan sobre esa tendencia a evitar las licitaciones públicas.”
De acuerdo con la Memoria Anual de la Contraloría del 2015, “si bien el 80% de las compras se hace por vía de licitación (pública o abreviada) lo adjudicado correspondió a un 53.5% del dinero (₡470.501 millones), mientras que el 20% de las compras fue por vía directa, para un 46.5% de los dineros adjudicados (₡409.125 millones), lo cual es, sin duda, un montonal de plata que se adquiere por medio de procedimientos que no son lo transparentes como es lo deseable. En dos palabras, facilitan el” chorizo” . No digo que lo haya, sino que el control de los fondos públicos es mucho menor y, en río revuelto, ganancia de pescadores.
También, la llamada “evitación de la Contraloría” se da en un ámbito diferente, cual es acudir a que el control de este ente, pase a manos de organismos internacionales, como lo fue en el pasado el uso del BCIE -que al final de cuentas tuvo el visto bueno de los tribunales, lo que no quita el propósito por el cual se empleó- e incluso en gobiernos previos se pretendió utilizar a organismos de Naciones Unidos en vez de la Contraloría y, ahora uno ve en problemas -no por su culpa, sino por la ineficiente burocracia nacional- al ente de Naciones Unidas llamado UNOPS. Vale preguntarse si también no está siendo usado para evitar la forma tradicional de control mediante la Contraloría. Ojalá no sea así.
