Edgar Fonseca, editor/Foto Asamblea Legislativa
El fiscal general, Carlo Díaz, denunció hoy en la Asamblea Legislativa que hay campañas de desprestigio en su contra y de la Sala IV que incluso han sido financiadas con Bitcoins
“Hay campañas para desprestigiarnos”, ratificó Díaz ante los diputados en la Comisión de Ingreso y Gasto Público.
“Incluso para que usted sepa, se pagaron 6 Bitcoins para hacer una campaña de ley jaguar y al fiscal general”, amplió ante consultas del legislador Francisco Nicolás, PLN.
El monto pagado por cada Bitcoin asciende a $350 mil, aseguró.
“Un bitcoin es más de 350.000 dólares”, precisó
“Es que no están pagando 350 mil colones en una campaña”, resaltó.
“Lo hacen muy bien, rastrearlo es casi imposible ese pago exagerado que no sé quien lo hace”, añadió.
“Obviamente, ustedes ven los ataques con troles que se dan todos los días”, aseveró Díaz ante los medios tras su comparecencia legislativa.
“Esa información, ojalá la pudiéramos tener, pero ellos son bastante cuidadosos”, sostuvo.
A lo mafia italiana
Díaz reveló que ha sido seguido por desconocidos hasta cuando llega a su residencia.
“Un día estuvo un tipo estacionado, parqueado cuando estaba llegando”, relató.
“No me importa si me tienen que matar”, remarcó.
“´Diay´, ahí me convertirán en un mártir”, agregó.
“Tal vez eso sea suficiente para que Costa Rica cambie como lo hizo Italia con la mafia italiana”, insistió.
Ataques desde la Presidencia
En las últimas dos semanas, Díaz se defendió ante ataques desde Casa Presidencial luego de los allanamientos y detenciones ejecutados el 23 de setiembre, entre ellos el arresto de la presidenta ejecutiva CCSS, Marta Esquivel Rodríguez, en la investigación de un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en el contrato entre cinco cooperativas y una asociación médica para operar 138 Ebáis.
El presidente Rodrigo Chaves acusó a la Fiscalía de “matonear” en dicho caso, lo cual fue rechazado por el jerarca del Ministerio Público.
Luego trascendió una versión anónima que relacionó a Díaz con una sociedad establecida hace 20 años en un bufete en el que él era asistente y a la cual fue vinculado un sospechoso de legitimación de capitales.
Díaz descartó cualquier relación con la sociedad y el sospechoso.
El más reciente cuestionamiento contra el Fiscal surgió tras su participación en un congreso internacional celebrado por la Drug Enforcement Administration (DEA) en Atenas, Grecia, al cual Díaz viajó acompañado de una fiscal asistente en calidad de turista.
El caso “Barrenador” visto como un ataque por el gobierno
El lunes 23 de setiembre fiscales y agentes OIJ ejecutaron 28 allanamientos, en 17 residencias y 11 oficinas que llevaron al arresto de ocho personas, entre ellas Esquivel de la CCS, quien se presentó ante el OIJ de Pérez Zeledón, quedó detenida y fue traída en vehículo policial a San José.
El aso fue denominado Barrenador por las autoridades judiciales.
La licitación bajo investigación, ya vigente, otorgó los contratos, nueve de los cuales están en firme y uno apelado, por un monto de ¢471 mil millones durante 10 años.
El presidente vio un ataque al gobierno en la acción judicial y cuestionó la labor de la Fiscalía y del fiscal general, Díaz, quien se encontraba en Atenas, Grecia.
Así lo resaltó Chaves durante la conferencia de prensa semanal del pasado miércoles 25.
“Es la Fiscalía matoneando”, dijo Chaves
“A ni no me queda la menor duda que lo que hizo la Fiscalía fue un show amedrentando a doña Marta”, criticó.
“Es la Fiscalía matoneando, metiendo miedo y amenazando”, aseguró.
“¿Qué sigue don Carlo?, ¿Allanar mi casa?, ¿Allanar mi casa don Carlo?, ¿Allanar a los ministros?”, cuestionó el mandatario que enfrenta el mayor escándalo de su gestión en el manejo de fondos públicos y el peor en dos décadas.
Especial PuroPeriodismo
Temerario, respondió Fiscal General
“Rechazamos categóricamente las manifestaciones temerarias que afirman que detuvimos para investigar”, respondió el Fiscal General.
“Defenderé la independencia del Ministerio Público de cualquier injerencia que pretenda debilitarnos y que las personas que integran esta institución actuarán con decisión, valentía y fortaleza, apegadas a la legalidad, con absoluto respeto de las decisiones de los jueces y en defensa de los derechos de toda la ciudadanía, sin distingo alguno y sin dejarnos amedrentar por nadie”, enfatizó Díaz.
Fiscalía y OIJ alegan que la licitación fue otorgada con un sobreprecio de 33% en contra de criterios técnicos institucionales en sesión extraordinaria el sábado 6 de julio.
“Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas”, acusó la Fiscalía.
