En su perversión politiquera, alucina. Y quiere hundir al país.
Se equivoca.
Cree que con sus llamados incendiarios las masas se volcarán a las calles contra el sistema democrático institucional.
No lo logrará.
Que lo arroparán cual líder mesiánico que descendió en el desierto de estos convulsos tiempos.
Parece haber perdido su sano juicio.
Y no de ahora.
Lo evidencian sus teatralidades, sus fanfarronadas, sus shows cotidianos que redujeron al ridículo la grave investidura presidencial.
La más reciente, la amenaza de “actuar” ante los debidas diligencias judiciales en el peor escándalo de las últimas décadas con el manejo de fondos públicos.
Lejos de someterse al ordenamiento, a la Constitución, a la ley, al Estado de derecho, y así demandárselo a sus subalternos, arremete contra la institucionalidad.
El encuentro junto a sus más obsecuentes servidores fue penoso.
Parecía un velorio en que los asistentes participaban desanimados, forzados pero conscientes y sumisos.
Ministros, presidentes ejecutivos y diputados gobiernistas se convirtieron en testigos y cómplices del más deleznable acto que recuerda nuestra historia en tiempos recientes.
Un llamado a la sedición.
Aquellos rostros, aquellas miradas, aquellos sentimientos asintieron sin dignidad ni decoro, mucho menos vergüenza, aquel exabrupto, aquel desplante autoritario de su amo. Especial Zoom Facebook Live
Incitó al odio.
A la violencia.
Al enfrentamiento y al desgarramiento social como ninguno de sus predecesores lo hizo.
Todos callaron. Y lo incensaron.
Pero esa virulencia se estrella con la fortaleza institucional de una de las democracias más sólidas y reconocidas.
La madurez y sensatez cívica ciudadana es la respuesta.
Podrá despotricar.
Podrá atacar, amedrentar e intentar deslegitimar instituciones y funcionarios que no le se arrodillen.
Pero se hundirá en esa perversa alucinación que hoy lo turba.
Consciente, quizá, que no es inmune ni ajeno al largo brazo de la justicia que tarde o temprano le alcanzará.
El fiscal general, Carlo Díaz, advirtió anoche que no se dejará amedrentar tras los ataques que lanzó ayer el presidente Rodrigo Chaves contra la Fiscalía y el OIJ por las actuaciones en la investigación de un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en un contrato de cuatro cooperativas y una asociación médica para operar 138 Ebáis durante 10 años.
Por el caso fueron detenidas el lunes la presidenta ejecutiva CCSS, Marta Esquivel, pieza clave de Chaves en el sector salud, y otras siete personas: gerente general interina, cuatro directivos y dos exdirectivos.
El mandatario arremetió durante la conferencia semanal de prensa contra la labor de la Fiscalía y del OIJ por los 28 allanamientos y las ocho detenciones ejecutadas el lunes.
Lo hizo rodeado de su gabinete, presidentes ejecutivos y diputados gobiernistas.
“A ni no me queda la menor duda, que lo que hizo la Fiscalía fue un show amedrentando a doña Marta”, criticó Chaves.
“Es la Fiscalía matoneando, metiendo miedo y amenazando”, aseguró.
“¿Qué sigue don Carlo?, ¿Allanar mi casa?, ¿Allanar mi casa don Carlo?, ¿Allanar a los ministros?”, cuestionó el mandatario que enfrenta el mayor escándalo de su gestión en el manejo de fondos públicos y el peor en dos décadas.
“Rechazamos categóricamente las manifestaciones temerarias que afirman que detuvimos para investigar”, respondió anoche el Fiscal General.
“Defenderé la independencia del Ministerio Público de cualquier injerencia que pretenda debilitarnos y que las personas que integran esta institución actuarán con decisión, valentía y fortaleza, apegadas a la legalidad, con absoluto respeto de las decisiones de los jueces y en defensa de los derechos de toda la ciudadanía, sin distingo alguno y sin dejarnos amedrentar por nadie”, enfatizó Díaz en un comunicado difundido a las 8:59 p.m.
Fiscalía absolutamente independiente
Adjunto comunicado oficial del fiscal general Carlo Díaz.
Ante las erradas manifestaciones del señor presidente de la República en la conferencia de prensa de este miércoles, es necesario aclarar que la esencia de un Ministerio Público en un sistema democrático es ser absolutamente independiente en el ejercicio de sus facultades y atribuciones legales, no pudiendo ser coartado por ninguna otra autoridad, con excepción de los Tribunales de Justicia en el ámbito de su competencia.
Lo anterior tiene sustento en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Interpretarlo de otra forma puede conducir a la desinformación de la ciudadanía, por lo cual se hace necesario aclarar los puntos:
1. La Fiscalía y sus representantes han actuado en todo momento apegados a la ley, bajo los principios de independencia funcional, objetividad, respeto al principio de legalidad y a las garantías individuales y procesales de las partes.
La ley también nos impone la obligación de impedir que los hechos investigados produzcan consecuencias ulteriores, en este caso, en perjuicio de la Hacienda Pública y de todos los costarricenses (artículo 289 del Código Procesal Penal), lo anterior, al amparo de una resolución de un juez, que previamente avaló nuestros requerimientos.
2. Es falso indicar que la licitación que sustenta la apertura de la causa penal está en revisión por parte de la Contraloría General de la República, puesto que, como se puede verificar en el SICOP, dicha contratación está en firme.
Tal como lo aclaró el ente contralor, solamente una de las 10 líneas adjudicadas está sujeta al resultado de una apelación. Los adjudicados rindieron la garantía de cumplimiento, lo cual genera obligaciones para las partes que pueden ser tutelables en vía administrativa o judicial.
Por lo tanto, la afectación a la Hacienda Pública, tanto material como jurídica, desde la óptica de la fiscalía y la Ley de Contratación Administrativa, se encuentra consumada.
3. Las detenciones realizadas se hicieron dentro del marco de la legalidad, propiamente al tenor del artículo 237 del Código Procesal Penal, mismo que indica que el Ministerio Público podrá ordenar que una persona sea detenida cuando sea necesaria la presencia y exista indicios comprobados para sostener razonablemente que es autor de un delito o partícipe en él y que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar.
En el caso particular, la fiscalía determinó la existencia de peligros procesales de fuga y de obstaculización. Previo a las detenciones, cabe reiterar que nuestras peticiones presentadas al juez contaban con elementos probatorios y sustento legal, lo cual nos permite sostener razonablemente que las personas detenidas son autoras probables de los delitos que se les imputan.
Por lo anterior, rechazamos categóricamente las manifestaciones temerarias que afirman que detuvimos para investigar.
4. En cualquier causa penal, la logística del traslado de los imputados corresponde en la mayoría de los casos al Organismo de Investigación Judicial, es decir, es un procedimiento estrictamente policial. La Fiscalía no determina cómo se traslada a una persona que es requerida, lo cual se hace en cumplimiento de protocolos previamente establecidos, y en los mismos no cabe establecer un trato diferenciado según la persona de quien se trate, puesto que en Costa Rica todos somos iguales ante la ley.
5. Resulta preocupante el hecho de que se mencionara innecesariamente la identidad del juez penal de garantías que está conociendo la solicitud de medidas cautelares planteadas por el Ministerio Público, situación que evidentemente pretende generar una presión indebida desde el Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial.
6. La fiscalía actúa apegada a la ley, sin esperar una felicitación de nadie, pues lo que hace es realizar su trabajo y cumplir con la ley, llevando a cabo la persecución penal de hechos delictivos. Por eso, no esperamos nunca recibir una felicitación ni aprobación por las acciones emprendidas en el desarrollo de nuestras funciones, por cuanto, cabe reiterar que en nuestra función somos absolutamente independientes.
7. Nos parece completamente irrespetuoso que nuestras acciones sean catalogadas como un “show”, máxime cuando se investiga un asunto tan serio y que le podría traer graves consecuencias al erario público, debiendo recordarse que nuestros requerimientos fueron debidamente fundamentados y avalados por un juez, todo dentro del marco de legalidad.
Calificar de esa forma nuestras actuaciones no es más que una manera de desviar la atención del fondo y la relevancia de lo que se investiga, sobre todo tomando en cuenta que se trata de la seguridad social costarricense, una de las mayores conquistas históricas de nuestro país. Afirmaciones como esas socaban la democracia y atentan contra la institucionalidad, la división de poderes y el cumplimiento de la ley.
Finalmente, quiero garantizar a la ciudadanía que defenderé la independencia del Ministerio Público de cualquier injerencia que pretenda debilitarnos y que las personas que integran esta institución actuarán con decisión, valentía y fortaleza, apegadas a la legalidad, con absoluto respeto de las decisiones de los jueces y en defensa de los derechos de toda la ciudadanía, sin distingo alguno y sin dejarnos amedrentar por nadie.
Edgar Fonseca, editor/Foto You Tube Casa Presidencial
El presidente Rodrigo Chaves afirmó este miércoles: “Estén listos, porque Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”.
Así lo manifestó en la conferencia semanal de prensa como reacción a los 28 allanamientos y ocho detenciones ejecutados el lunes por la Fiscalía y OIJ que incluyeron a la presidenta ejecutiva CCSS, Marta Esquivel, en la investigación de un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en un contrato con cuatro cooperativas y una asociación médica para operar 138 Ebáis.
Los diputados ven tufo de sedición en sus palabras.
Hubo fuerte censura a sus expresiones desde el Poder Legislativo como el Judicial.
Dando la cara y vamos a poner el pecho
“Yo y mi gabinete estamos dando la cara y vamos a poner el pecho, ¿qué va a hacer usted, compatriota? ¿No ve lo que está pasando? Yo estoy seguro que sí, y ahí les dejo la bolita picando en el punto de penal”, añadió Chaves tras dos días de silencio luego de que estallara el peor escándalo en su gestión de manejo de fondos públicos.
“En los países civilizados las diferencias entre poderes y las diferencias entre partidos se resuelven en las urnas. Yo espero que nos dé tiempo para llegar ahí en paz”, aseveró rodeado de ministros y presidentes ejecutivos.
Fuerte censura
Rodrigo Arias, presidente del Congreso, censuró las manifestaciones de Chaves y advirtió que el país “no merece que el Poder Ejecutivo atente sistemáticamente contra los principios que han hecho de nuestro país un referente en el mundo”.
“Nuestra reputación internacional, como baluarte de la paz y la democracia y de la vigencia del derecho, no debe ser socavada por intereses que buscan dividirnos”, aseveró Arias quien recién se reintegra a sus labores tras estar incapacitado debido a una neumonía aguda.
“El respeto a la división de poderes y el acatamiento de las resoluciones judiciales son pilares fundamentales de nuestra identidad como nación democrática. Ante cualquier investigación o denuncia, por incómoda que sea, quienes hemos ejercido con responsabilidad puestos relevantes en la administración pública, siempre hemos puesto por delante la disposición de colaborar, para que la verdad de los hechos salga a la luz”, destacó.
“Actuar o promover discursos que atenten contra la independencia del Poder Judicial es, en el fondo, un ataque directo a nuestra democracia, y es un acto que no debemos ni podemos permitir”, resaltó.
Palabras de sedición
“Decirles a los ciudadanos que estén listos, que en los países civilizados estas cosas se resuelven en las urnas, pero que no sabe si lleguemos a los comicios en paz y que tal vez haya que hacer una movilización social antes, es un llamado a la sedición”, censuró el diputado liberal Eli Feinzaig.
“Cuando el presidente dijo a los costarricenses que ‘estén listos, Dios no quiera que tengamos que actuar, estén atentos, vigilantes, no nos van a hacer siervos menguados’, eso es sedición y delito contra la tranquilidad pública. Eso es lo que está promoviendo, o sea, el señor presidente va a tener que ser detenido, con esposas en los puños”, advirtió la independiente Gloria Navas.
Fiscal Carlo Díaz defiende labor
El fiscal general, Carlo Díaz, defendió esta noche la labor de la Fiscalía en dicho caso frente a los cuestionamientos que lanzó Chaves en la conferencia de este miércoles.
“Nos parece completamente irrespetuoso que nuestras acciones sean catalogadas como un show, máxime cuando se investiga un asunto tan serio y que le podría traer graves consecuencias al erario público. Nuestros requerimientos fueron debidamente fundamentados y avalados por un juez, todo dentro del marco de legalidad”, afirmó el fiscal Díaz.
“Calificar de esa forma nuestras actuaciones no es más que una manera de desviar la atención del fondo y la relevancia de lo que se investiga, sobre todo tomando en cuenta que se trata de la seguridad social costarricense, una de las mayores conquistas históricas de nuestro país. Afirmaciones como esas socavan la democracia y atentan contra la institucionalidad, la división de poderes y el cumplimiento de la ley”, añadió.
Antigua GFC y el Deportivo Saprissa empataron sin goles la noche de este martes 24 de septiembre en un partido válido por los cuartos de final de ida de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Antigua quedó vivo del enfrentamiento contra el Saprissa. El próximo partido entre ambos será el martes 1 de octubre en el estadio Ricardo Saprissa a las 20 horas.
La acción en la Copa Centroamericana continuará el 25 y 26 de septiembre con los duelos entre Real Estelí vs Águila, Motagua vs Herediano y Comunicaciones vs Alajuelense.
Antigua GFC casi comienza con el pie izquierdo el partido, ya que un error en la salida pudo terminar en un tempranero gol de Saprissa, pero para fortuna del club aguacatero, todo quedó en un susto.
Luego del momento de dominio de Saprissa, José Espinoza dejó escapar el que pudo ser el 1-0.
El oriundo de Zacapa quedó mano a mano frente al portero Esteban Alvarado, pero su remate no fue bueno y perdió la oportunidad de hacer el primero.
Cuando mejor lo pasaba Antigua, el defensor Kevin Grijalva se barrió de forma imprudente en el área y derribó a Javon East, cometiendo un penalti.
La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, y otros siete detenidos e investigados por Fiscalía y OIJ en un caso de un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones a cooperativas para operar Ebáis, quedaron libres anoche tras casi 24 horas en celdas judiciales.
Entre los liberados figura, también, María de los Ángeles Gutiérrez, gerente general a. i. CCSS.
La libertad de ellos se hizo efectiva a las 6:30 p.m. en medio de fuerte lluvia en el sector de tribunales Goicoechea.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción no planteó prisión preventiva contra los investigados, por lo que se ordenó su libertad.
Dicha fiscalía pide inhabilitar a Esquivel, pieza clave del sector salud en la administración del presidente Rodrigo Chaves, y a cuatro directivos de sus puestos en la entidad, no tener relación con la licitación investigada ni con testigos y presentarse a firmar una vez al mes a sede judicial.
Pidió inhabilitar a los directivos Johnny Gómez Pana, Jorge Porras López (quien renunció y rige desde este miércoles) y Zeirith Rojas Cerna, sector patronal, y a María Isabel Camareno Camareno, representante de gobierno.
La audiencia de medidas cautelares se iniciará este miércoles a las 8:30 a.m.
También son investigados los directivos Jorge Luis Araya Chaves y Roberto Quirós Coronado, sector patronal.
El caso lo denunció ante la Fiscalía el auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ólger Sánchez Carrillo, el pasado 10 de julio.
Tras ello intervinieron Fiscalía y OIJ que el lunes ejecutaron los 28 allanamientos con los ocho arrestos y decomiso de evidencias.
Las autoridades judiciales investigan presunto tráfico de influencias y delitos de influencia contra la Hacienda Pública en hechos relacionados con la operación de 138 Ebáis.
El monto del contrato fue por ¢3.929.628.164.,72, aprobado en sesión de junta directiva el sábado 6 de julio.
Incluye a cooperativas que atienden 589 mil usuarios en: Santa Ana; Escazú; Pavas; Tibás; La Carpio – León XIII; San Francisco- San Antonio; San Sebastián – Paso Ancho; Desamparados 2; San Pablo y Barva, Heredia.
“Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y, en su lugar, instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo los intereses de las cooperativas”, informó la Fiscalía.
Randall Zúñiga, director OIJ, afirmó que investigan si el contrato fue otorgado con un sobreprecio anual de 33%.
Chaves y Esquivel defendieron contrato aprobado con cooperativas que desató allanamientos y arrestos de cúpula CCSS/Evacuaron Fiscalía por amenaza de bomba
Sep 24, 2024
Edgar Fonseca, editor/Foto You Tube Casa Presidencial
El presidente Rodrigo Chaves y la presidenta ejecutiva CCSS, Marta Esquivel, defendieron el 21 de agosto el contrato aprobado con cooperativas para operar 138 Ebáis que la Fiscalía y el OIJ investigan por un supuesto sobreprecio anual de ¢12.400 millones.
La defensa la hicieron ambos en la conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial rodeados por la junta directiva de la CCSS.
El contrato, ¢3.929.628.164.,72, por 10 años, fue cuestionado por la Auditoría Interna y el Departamento Financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Randall Zúñiga, director OIJ, afirmó que investigan si el contrato fue otorgado con un sobreprecio anual de 33%.
La Fiscalía y OIJ abrieron pesquisas que culminaron el lunes con 28 allanamientos y el arresto de Esquivel y otros siete directivos y exdirectivos de la Caja en el mayor escándalo público institucional desde 2004 con el caso de los expresidentes Rodríguez y Calderón.
El edificio de la Fiscalía en barrio González Lahmann fue evacuado esta mañana ante una amenaza de bomba vía llamada anónima, confirmaron fuentes oficiales.
Se informa que lamentablemente se ha recibido una amenaza de bomba en la Fiscalía General de la República, citó un comunicado oficial a las 12:11 pm.
La situación está siendo atendida con todas las medidas de seguridad y afortunadamente todo nuestro personal se encuentra seguro y en buenas condiciones, añadieron.
El Ministerio Público repudia este tipo de actos sin precedentes, suscitados un día después de los 28 allanamientos y detenciones ejecutados dentro de un caso de presunta corrupción pública, agregó el comunicado.
El fiscal general, Carlo Díaz, quien en este momento participa en una misión de la DEA en Europa, ha reiterado que ninguna amenaza evitará que el Ministerio Público continúe, de manera inclaudicable, haciendo el trabajo que la ley le ha encomendado, ratificó el mensaje oficial.
El jerarca señala la importancia de moderar discursos que descalifican innecesariamente las acciones de la administración de justicia.
No aludió directamente pero hizo eco del mensaje que difundió Casa Presidencial la tarde del lunes de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, quien acusó a la Fiscalía de amenazar al gobierno.
“Esto no huele nada bien, a todas luces es un abuso de poder”, dijo la ministra Fernández en el video difundido horas después del arresto de Esquivel.
“Lo interpretamos como una amenaza clara de la Fiscalía al gobierno”, agregó en palabras que desataron repudio en la Asamblea Legislativa.
“El gobierno no va a aflojar”, remarcó.
“Esperamos que el pueblo esté alerta y vigilante, porque estamos ante una amenaza sin precedentes en la historia de nuestro país”, insistió.
Se hace cumplir la ley, dice Fiscal General
La Fiscalía respondió y advirtió que no hay distinción y hacen cumplir la ley.
“Nuestras acciones no pretenden dar un mensaje intimidatorio, como sí se desprende del emitido por la representante del gobierno. Nuestras acciones son propias de un Estado de Derecho, donde se investiga sin distinción a cualquier persona al amparo de las leyes y de la Constitución Política”, afirmó desde Atenas, Grecia, el fiscal general, Carlo Díaz, quien participa de un encuentro internacional de DEA.
El fiscal Díaz, quien se encuentra en Atenas, Grecia, en un encuentro internacional de DEA, rechazó tal aseveración.
La defensa del contrato
“La cooperativa va a controlar los gastos porque es una cooperativa de autogestión, ¿verdad?”, aseguró el mandatario el 21 de agosto junto a la ahora imputada Esquivel. Ver video You Tube
“El enfoque del gobierno es hacer que haya mucho capital humano, mucha salud, mucha educación, gastando cada colón porque son escasos. Necesidades y deseos no tienen límite, pero los colones reales que están disponibles son escasos”, agregó el gobernante quien guarda silencio tras los acontecimientos del lunes.
Esquivel denunció ataques institucionales y de sindicatos
“La decisión, pueden estar absoluta y totalmente claros que se tomó amparado a los criterios técnicos más elaborados yo creo que de la historia de la Caja Costarricense del Seguro Social”, argumentó Esquivel, el 21 de agosto, quien pasó la noche del lunes en celdas judiciales junto a los otros siete detenidos a la espera de una audiencia de medidas cautelares
“Más de un millón de datos se analizaron para poder tomar esta decisión y realmente lo que ha salido en la prensa y lo que ha sido denunciado por los sindicatos, que yo creo que tienen miedo de estos procesos porque ponen a la Caja en evidencia, que muchos indicadores de salud son mejor brindados o mejor prestados por las cooperativas y estos operadores privados que por la misma institución”, amplió.
“Desde el día uno hemos sentido los ataques institucionales, sobre todo de las organizaciones sindicales que probablemente sienten que aquí no van a tener afiliados que paguen una cuota y a lo interno por supuesto hay un tema ideológico muy negativo donde yo presidente, no me voy a dejar”, insistió.
Pendientes de audiencia de medidas cautelares
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción actualizó los siguientes puntos:
Allanamientos. Hoy continúa el registro en la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la CCSS.
Decomisos. En los 27 allanamientos concluidos ayer se decomisó evidencia de interés para el caso, como los celulares de los investigados, prueba documental y digital, y dinero.
Indagatorias. A las 9:00 p.m. de ayer finalizó la toma de declaración indagatoria a las ocho personas imputadas.
En este momento, estas se encuentran a la orden del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública a la espera de que se realice la audiencia de medidas cautelares; aún no se ha notificado hora de inicio.
La fiscalía dará a conocer el tipo de medida a solicitar una vez que realice el pedido.
Fuente: Prensa Ministerio Público
Presidenta ejecutiva CCSS y otros 7 detenidos pasan noche en celdas judiciales/Investigan sobreprecios por ¢12.400 millones a cooperativas para operar Ebáis
Sep 23, 2024
Gobierno indignado/Fiscalía: se hace respetar la ley
Edgar Fonseca, editor
La presidente ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, una pieza clave de la administración del presidente Rodrigo Chaves Robles, fue detenida ayer en Pérez Zeledón por la Fiscalía y OIJ en investigaciones de supuestas anomalías en contratos otorgados a cooperativas para operar Ebáis con sobreprecios estimados en ¢12.400 millones.
Ella y otros siete detenidos en el caso pasaron la nohe en celdas judiciales de Goicoechea a la espera de una audiencia de medidas cautelares por desarrollarse este martes.
Esquivel se presentó y quedó arrestada en la delegación OIJ en Pérez Zeledón luego que su residencia en barrio La California fue allanada a las 6 a.m. y ella no estaba.
La trasladaron detenida a San José en un vehículo judicial que arribó al edificio de los tribunales al mediodía bajo ruido de sirena policial y en medio de gran expectativa de medios.
Gobierno ve amenaza
Casa Presidencial reaccionó y calificó de “amenaza” contra el gobierno la acción de la Fiscalía. El presidente Rodrigo mantuvo silencio.
“Esto no huele nada bien, a todas luces es un abuso de poder”, dijo la ministra de la Presidencia, Laura Fernández en un video difundido horas después del arresto de Esquivel.
“Lo interpretamos como una amenaza clara de la Fiscalía al gobierno”, agregó en palabras que desataron repudio en la Asamblea Legislativa.
“El gobierno no va a aflojar”, remarcó.
“Esperamos que el pueblo esté alerta y vigilante, porque estamos ante una amenaza sin precedentes en la historia de nuestro país”, insistió.
Se hace cumplir la ley, dice Fiscal General
La Fiscalía respondió y advirtió que no hay distinción y hacen cumplir la ley.
“Nuestras acciones no pretenden dar un mensaje intimidatorio, como sí se desprende del emitido por la representante del gobierno. Nuestras acciones son propias de un Estado de Derecho, donde se investiga sin distinción a cualquier persona al amparo de las leyes y de la Constitución Política”, afirmó desde Atenas, Grecia, el fiscal general, Carlo Díaz, quien participa de un encuentro internacional de DEA.
“La Fiscalía se ampara en sus competencias para hacer lo que le corresponde, como órgano auxiliar de la justicia. Cumplimos con la ley y respetamos los derechos de las partes”, aseveró.
No hay antecedentes recientes de detención de un presidente ejecutivo de institución autónoma por parte de autoridades judiciales.
Contrato para operar 138 Ebáis
Las autoridades ejecutaron 28 allanamientos.
Investigan presunto tráfico de influencias y delitos de influencia contra la Hacienda Pública en hechos relacionados con la operacióin de 138 Ebáis.
El monto del contrato fue por ¢3.929.628.164.,72, aprobado en sesión de junta directiva el sábado 7 de julio.
Incluye a cooperativas que atienden 589 mil usuarios en: Santa Ana; Escazú; Pavas; Tibás; La Carpio – León XIII; San Francisco- San Antonio; San Sebastián – Paso Ancho; Desamparados 2; San Pablo y Barva, Heredia.
“Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y, en su lugar, instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas”, informó la Fiscalía.
Hubo otras siete detenciones de presuntos implicados en el caso un rudo golpe a la imagen de transparencia del gobierno del presidente Chaves.
Los otros detenidos son seis individuos: Araya, Porras, Rojas, Quirós, Gómez, Camareno y Gutiérrez (mujer).
28 allanamientos
Comunicado oficial del Ministerio Público
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) dirige 28 allanamientos como parte de una investigación por los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, seguida contra la Junta Directiva (JD) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del período de febrero del 2023 a julio del 2024.
Los trabajos operativos se ejecutan con la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial, y hasta el momento se encuentran detenidos seis altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta, de apellidos Rojas, Gómez, Araya, Porras, Gutiérrez y Quirós.
De acuerdo con la FAPTA, se trata de un caso en el que la JD se arrogó del conocimiento de un concurso público para la administración de 138 EBAIS.
Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.
Lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas, significando un incremento anual de más de 12,400 millones de colones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas, es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio.
Las autoridades judiciales presumen que miembros de esa JD sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.
También se indaga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años, sin embargo, este se confirió por 10 años.
Las áreas de salud adjudicadas el pasado 6 de julio son Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.
En este momento, los equipos de fiscales y policías trabajan en el registro de los inmuebles allanados, para localizar prueba que puedan incorporar al expediente bajo investigación 24-000267-1218-PE.
Fuente: Prensa Ministerio Público
El contrato
El contrato investigado fue otorgado por la junta directiva el sábado 7 de julio.
Para la decisión la Gerencia Médica, a través de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, realizó un análisis basado en el precio razonable sobre la población atendida, para lo cual definió dos bandas, con un precio de límite inferior y otro límite superior, confirmó la entidad en aquel momento.
“Los precios de los proveedores externos estuvieron dentro de esos límites”, añadieron.
