Edgar Fonseca, editor
Después de la devastadora pandemia de covid-19, el sicariato es la mayor epidemia que enfrenta el país.
Para combatirla, se requiere de medidas urgentes, extraordinarias, aparte del importante paquete de reformas legales que avanza el Congreso, pese al boicot y el chantaje de este gobierno.
El director OIJ, desbordado por los acontecimientos, propone restringir la movilización de motociclistas en pareja de noche.
En Medellín, dice, la restricción redujo en 39% el fenómeno.
La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo deben adoptar medidas decisivas, como estas, urgidas por la ciudadanía.
Sin marcha atrás
En esta emergencia, cae bajo sospecha la insinuación de la jefa de fracción gobiernista de dar marcha atrás con la celeridad de la agenda de reformas ante la inseguridad.
Una muestra fehaciente de la incoherencia de este gobierno, ayuno de estrategia desde el día uno, frente al fenómeno.
De ahí la incredulidad de la ciudadanía, 70% –según la más reciente encuesta CIEP-UCR–, de que resuelva el tema de mayor inquietud nacional.
La jefa de fracción oficialista sale con el pobrísimo argumento que sus asesores están saturados de trámites.
Suma a la insidiosa campaña de desprestigio que mantiene su capataz contra instituciones como la legislativa.
Evidente afán por exhibir dicho Poder como corresponsable del baño de sangre que hoy, lamentablemente, atemoriza nuestros vecindarios
El Congreso ha cumplido con implementar, conforme los procedimientos reglamentarios, legales y constitucionales, el plan de al menos 10 reformas de urgencia, cuyos efectos serán de mediano y largo plazo.
La Sala IV acaba de avalar una de ellas, clave en el combate del crimen organizado: la extradición de nacionales por narco y terrorismo.
El mandatario, por el contrario, se obstina en torpedear y entorpecer el avance de los proyectos porque no van conforme su antojo u ocurrencia.
Frente a esa arbitrariedad, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, han hecho prevalecer el imperio de la ley.
Este último intento gobiernista por desacelerar la agenda de reformas ante la inseguridad pareciera una trampa en la que no deben caer el Legislativo ni el Judicial.
