El equipo escolar de rugby Old Christians Club de Montevideo fletó un avión de la Fuerza Aérea uruguaya para viajar el 13 de octubre de 1972 a Santiago de Chile.
Iban a jugar un partido contra el Old Boys en esa ciudad.
Pero cuando el avión FH-227D, con 45 pasajeros, atravesaba la Cordillera de los Andes, se estrelló y causó la muerte instantánea de 12 personas.
Otros 17 murieron en los siguientes días, debido a las heridas, a la falta de alimentos y a las duras condiciones a las que se enfrentaron.
El accidente pasó a la historia como “el Milagro de los Andes” y aparece retratado en la película “La sociedad de la nieve” de Netflix.
Fue uno de los episodios más impactantes de la historia de la aviación porque una de las razones de que 16 sobrevivieran fue que se comieron a sus compañeros muertos.
El grupo que resistió fue rescatado 72 días después del accidente.
Uno de los rescatados, Roberto Canessa, es ahora un cardiólogo especializado en cardiología infantil.
El programa Victoria Derbyshire de la BBC lo entrevistó en marzo de 2016, cuando presentó el libro ”Tenía que sobrevivir: cómo el accidente aéreo en los Andes inspiró mi vocación para salvar vidas”.
El Movimiento Mujeres por la Dignidad y la Democracia del Foro Político de Mujeres y otras mujeres preocupadas por las amenazas a la estabilidad democrática manifestamos nuestro firme respaldo a la señora Contralora General de la República, Marta Acosta, en su esfuerzo justificado y valeroso por defender a la Contraloría General de la República (CGR) de las presiones y desinformación provenientes de altos representantes del gobierno y de sus diputados y diputadas.
Por experiencia, sabemos que las discrepancias son propias en las relaciones entre el poder político y los entes técnicos de control del Estado. La historia institucional del país documenta diversos casos en los que iniciativas del Poder Ejecutivo o Legislativo fueron detenidas y revisadas a la luz de los criterios técnico-jurídicos del ente contralor, sin que eso impidiera el recurso a vías legales o a correcciones técnicas para poder avanzar.
Sabemos también que ninguna discrepancia justifica socavar la legitimidad de un ente como la Contraloría General de la República, cuya misión principal es la fiscalización de la Hacienda pública.
Doña Marta ha presidido la CGR durante cuatro gobiernos de distinto signo político, respetando siempre el papel técnico y políticamente neutral que ha caracterizado a esa entidad. No permitiremos que las actuales autoridades busquen disfrazar su incapacidad para resolver los problemas del país, maltratando groseramente la honra de una mujer honesta y competente, y debilitando con avieso interés a una de las instituciones más emblemáticas de nuestra democracia.
Laura Chinchilla, expresidenta de la República; Carolina Hidalgo, expresidenta de la Asamblea Legislativa; Zarela Villanueva, expresidenta del Poder Judicial; Elizabeth Odio, exvicepresidenta de la República y expresidenta de la Corte-IDH; Ana Helena Chacón, exvicepresidenta de la República; Gloria Navas Montero, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa; Ana Virginia Calzada, expresidenta de la Sala Constitucional; Anabelle León, expresidenta de la Sala Primera del Poder Judicial; Claudia Dobles, ex primera dama; Vanessa Castro, diputada; Karla Cambronero, diputada; Montserrat Ruiz, diputada; Andrea Álvarez, diputada; Alejandra Larios, diputada; Kathia Rivera, diputada; Sonia Picado, exdiputada y exdirectora del IIDH; Lorena Vásquez; exdiputada y exministra; Karla Prendas, exdiputada; Patricia Mora, exdiputada; Zoila Volio, exdiputada; Janina del Vecchio, exdiputada; Ana Lucía Delgado, exdiputada; María José Corrales, exdiputada, Marcia González, exministra de Justicia y Paz; Patricia Vega, exministra de Justicia y Paz; Clotilde Fonseca, exministra de Ciencia y Tecnología; Maureen Clark, exministra de la Condición de la Mujer; Isabel Chamorro, exministra de la Condición de la Mujer; Marcela Guerrero, exministra de la Condición de la Mujer; Silvia Lara, exministra de Trabajo y Seguridad Social; María Luisa Ávila, exministra de Salud; Sonia Marta Mora, exministra de Educación; Nancy Marín, exministra de Comunicación; Karla Alemán, exministra del Deporte; Yanancy Noguera, periodista; Abril Gordienko, activista; María Flórez-Estrada, comunicadora y analista; Daniela Coll, presidenta de la Juventud Liberacionista.
En una cama de la sala de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia de San José, Costa Rica, se encuentra, bajo fuerte custodia policial, el refugiado político nicaragüense Joao Maldonado. Los siete disparos que recibió el 10 de enero por parte de sicarios son la causa de que esté ahí.
Fueron siete, pero los más críticos son tres, según relata una fuente que se identifica como “uno de los mejores amigos de Joao” y que prefiere omitir su nombre. Los disparos le perforaron un pulmón y el hígado, además recibió otros en la cara y el tórax. Su pareja, Nadia Robleto Núñez, también recibió un impacto de bala que se alojó en la parte de atrás del cuello, en la cervical.
Hasta el momento, las autoridades costarricenses no han logrado esclarecer cuál fue el móvil del atentado. Y tampoco del otro que Maldonado sufrió en 2021, cuando recibió cuatro disparos y pudo sobrevivir. Tampoco hay sospechosos, ni capturados, ni se conocen las identidades de los posibles autores.
Para sus cercanos, la autoría de ambos atentados es clara. “En su totalidad es obra del régimen Ortega Murillo. Joao ya venía recibiendo amenazas y advertencias”, señala la persona que se identifica como uno de sus mejores amigos y a quien llamaremos “Mario”.
Sin embargo, otra persona que lo conoce desde joven, cuando Joao Maldonado practicaba sambo en Nicaragua, duda que los atentados hayan provenido del régimen. “Yo sé que él andaba en algo turbio de lo que es el sicariato. Eso es pasada de cuentas. Si fuera el gobierno, hace rato lo hubieran palmado”, señala esta persona a quien llamaremos “Diana”.
A como haya sido, lo cierto es que Joao Maldonado es señalado por los sandinistas de ser el autor del asesinato de Bismarck Martínez, un trabajador de la Alcaldía de Managua que según el régimen fue asesinado por manifestantes de un tranque de Jinotepe. Martínez ha sido utilizado por los sandinistas como el rostro de las víctimas del lado rojinegro.
Pero el mismo Maldonado dijo a la Revista DOMINGO en enero de 2021, ocho meses antes del primer atentado en su contra, que Bismarck Martínez había sido asesinado por sandinistas y que él había salido de Nicaragua en mayo de 2018. Martínez desapareció el 29 de junio, un mes después.
Diana coincide con lo expresado por Joao en aquella entrevista. “Él ya estaba en Costa Rica cuando pasó eso. A ellos (sandinistas) les gusta echarle los pecados a todo el mundo, pero a lo mejor fueron ellos mismos”, señala.
Según Mario, a Maldonado lo responsabilizan del asesinato de Bismarck Martínez porque los sandinistas “necesitan adjudicar este asesinato a alguien más y obviamente lo hacen a los líderes de tranques”.
Los sandinistas también han divulgado una fotografía en la que supuestamente aparece Maldonado con un AK47 en Jinotepe. Sobre esta foto, Maldonado habló con la revista DOMINGO en 2021:
—Hay una fotografía en la que supuestamente aparece usted cargando un fusil AK-47
–Sí, lo que pasa es que a estas alturas la tecnología es increíble. Sin embargo, nadie puede comprobar que esa persona que ellos dicen soy yo. Nadie lo puede comprobar. Hablando de todas las acusaciones que esta gente hace en mi contra, nosotros sabemos que el Frente Sandinista es especialista en crear mártires, culpables y especialistas en crear mentiras porque ellos son hijos de la mentira.
—¿Pero realmente es usted, y le pusieron en la foto el fusil o es alguien que se parece a usted?
–Fíjate que realmente ese es un montaje. Ahora, a como está la tecnología, ¿quién puede decirme que ese soy yo o asegurar que ese soy yo? Nadie. Con la única arma que defendimos al país fue con el valor, el coraje y la bandera azul y blanco.
Por otro lado, a Joao Maldonado se le ha señalado, sobre todo en redes sociales, de estar involucrado con grupos de crimen organizado y narcotráfico, y a como lo cree Diana, hay personas que consideran que los dos atentados fueron pasadas de cuenta. Mario desmiente esta versión.
“Nada que ver con deudas de gota a gota, ni drogas”, dice. “Son las justificaciones que pueden encontrar algunos opositores que no compaginan con nuestra lucha y que no nos alineamos con la lucha de ellos, o de la misma dictadura. Lo mismo dijeron en el primer atentado y hasta estas alturas, las autoridades si tuvieran algún indicio sobre esto, ya hubieran declarado que él anda metido en eso. Fue lo primero que indagaron y ya descartaron eso”, agrega.
Pasado sandinista
Para entender quién es Joao Maldonado es necesario empezar con su padre, el fallecido mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y expreso político de Daniel Ortega, Tomás Ramón Maldonado Pérez.
El padre de Maldonado fue guerrillero del Frente Sandinista en su natal Jinotepe y tras el triunfo de la revolución, pasó a formar parte del Ejército hasta alcanzar el grado de mayor. Pasó a retiro en los noventa y siguió militando en el partido rojinegro.
Entre 2007 y 2011, durante el primer periodo presidencial de Daniel Ortega cuando regresó al poder, Maldonado Pérez fue diputado suplente de María Esperanza Valle Buitrago, en el Parlamento Centroamericano. También fue secretario político del Frente Sandinista en Jinotepe. Luego, se retiró de la actividad política, pero inculcó la militancia a sus hijos.
Joao Ismael Maldonado Bermúdez es el hijo mayor del último matrimonio de Tomás Maldonado con Julia Balbina Bermúdez. Nació el 12 de julio de 1989 y al igual que su padre, fue militante del Frente Sandinista.
Cuando Diana lo conoció, por el año 2005, Joao defendía como nadie a Daniel Ortega, cuenta. Para entonces era un joven que practicaba judo, y también otros deportes como futbol y karate. Una vez que se graduó como ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), consiguió trabajo en Albanisa en 2009.
En Albanisa, comenta Diana, Maldonado manejaba bases de datos, redes sociales, entre otras cosas. Estuvo trabajando ahí hasta 2014 cuando fue despedido “por irresponsable”.
“Siempre llegaba tarde, le contestaba mal al jefe. Él siempre ha tenido esos aires de que es el tuani”, relata Diana. Además de su trabajo en Albanisa, Maldonado practicaba judo y sambo, pero no era un atleta destacado.
Tras su salida de Albanisa, Maldonado consiguió un cargo como administrador de la Federación Nicaragüense de Sambo (Fenisambo). “La Alcaldía de Managua le pagaba 12,000 córdobas”, dice Diana.
Para entonces, el presidente de Fenisambo era Carlos López, pero como acostumbraba a hablar de política en público y a cuestionar las decisiones que tomaba Daniel Ortega, el presidente del Instituto Nicaragüense de Deportes, Marlon Torres, decidió removerlo. Diana explica que Torres buscaba poner a alguien de confianza y que no cuestionara a Ortega al frente de Fenisambo, así que su mejor opción fue Joao Maldonado. “Él mantenía confianza dentro del partido y su papá también”, señala.
En enero de 2021, antes de los atentados en su contra, Maldonado dijo a DOMINGO que por su pasado sandinista es que se habían ensañado con él al atribuirle crímenes.
–¿Por qué cree que a los exsandinistas les tiran con más odio? – le preguntó el periodista.
–Hay un dicho que dice que no hay peor cuña que la del mismo palo. Ellos piensan de esa forma y ellos saben que nosotros los conocemos bien. Ellos nos ven como una alta traición que no es permitida dentro de las filas del Frente Sandinista.
Abril 2018
Cuando estallaron las protestas de abril 2018, Joao Maldonado seguía al frente de Fenisambo, pero según contó él mismo a la revista DOMINGO en 2021, al ver cómo la Juventud Sandinista golpeaba a los ancianos, decidió unirse a las protestas hasta que se atrincheró en los tranques de su natal Jinotepe y pasó a convertirse en “traidor” para sus antiguos compañeros del partido.
“Tuvo que explotar toda esta situación para darse cuenta que esta gente era mala”, comenta Diana. Al poco tiempo del estallido de las protestas, Maldonado se exilió en Costa Rica.
“Decidí salir al exilio en mayo de 2018 debido a las amenazas y que se me impuso una orden de captura a nivel nacional. Yo sé que en esa etapa de 2018 si me hubiesen capturado, me hubieran eliminado porque la dictadura se ensañó con todas las personas que protestaron y lucharon en los tranques en el departamento de Carazo”, relató Maldonado a DOMINGO.
El que sí fue capturado fue su padre, en agosto de 2018, después de que el hombre saliera a orar con los jóvenes atrincherados en un tranque de Jinotepe. La Policía dijo que Tomás Maldonado había sido “cabecilla de grupos terroristas” en esa ciudad, pero su familia denunció que el mayor en retiro había sido detenido por negarse a participar como paramilitar en la Operación Limpieza.
Tomás Maldonado fue liberado hasta mayo de 2019, bajo la polémica Ley de Amnistía, y el 24 de junio de 2021 falleció por problemas respiratorios.
Tomás Maldonado Pérez, padre de Joao Maldonado, el día que fue excarcelado por el régimen de Ortega. LA PRENSA
Mientras estuvo en los tranques de Jinotepe, Joao Maldonado sostuvo una relación con Nahomy Urbina, mejor conocida como “Comandante Masha”, y con quien tuvo una hija que hoy tiene cuatro años. La relación entre ambos duró poco tiempo, y la niña nació en Costa Rica, cuando ambos ya estaban exiliados.
Estando en Costa Rica es que Mario conoció a Maldonado. Ambos se hicieron cercanos frecuentando actividades opositoras hasta que en 2019 fundaron la Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN). Según Mario, aglutinaron a personas que estuvieron en los tranques de varios lugares del país y Maldonado se convirtió en un líder para ellos. Es por eso que “la dictadura vuelve a ver a Joao como una amenaza”.
En septiembre de 2021, Maldonado sufrió un primer atentado cuando se movilizaba en un vehículo blanco y dos sicarios a bordo de una motocicleta le dispararon en el sector de Bello Horizonte, Escazú. En esa ocasión recibió cuatro impactos de bala y pudo sobrevivir porque siguió manejando herido hasta un hospital.
Después de ese atentado, Maldonado relató al diario La Nación de Costa Rica, que agentes de las fuerzas de seguridad de ese país llegaron a sacarlo de su casa junto a su familia porque tenían información de un nuevo atentado en su contra. Eso sucedió el 30 de agosto de 2023, relata Mario y revela que además de Maldonado, otros dos opositores fueron informados que también estaban en riesgo. Mario alega ser uno de ellos.
Tras el segundo atentado contra Joao Maldonado el pasado 10 de enero, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) dijeron que no tenían información sobre el riesgo que corría y que tampoco le estaban brindando protección a como declaró él a La Nación. Mario, por su parte, señala que efectivamente ninguna de estas dos instituciones eran las que tenían custodiado a Maldonado y a su familia. “Era el Ministerio Público el que lo tenía y el Ministerio Público no se ha pronunciado”, resalta.
Joao Maldonado y Nadia Robleto Núñez tienen dos años de relación. Estaban a punto de moverse a un tercer país antes del atentado. ARCHIVO
Atentados contra opositores en Costa Rica
Mario está convencido de que el régimen de Ortega está detrás del atentado de Maldonado, así como el de otros opositores que murieron en circunstancias que no están del todo claras.
Uno de ellos es Rodolfo Rojas Cordero, un opositor jinotepino que se había exiliado en Costa Rica. Mario cuenta que Rojas fue citado por una persona desconocida en Upala, una ciudad costarricense fronteriza con Nicaragua, con la excusa de darle una ayuda económica.
El 25 de junio de 2022, el hombre apareció asesinado en el municipio hondureño de Trojes. “En Nicaragua lo torturan y lo tiran hacia Honduras. De ninguna manera Rodolfo Rojas iba a pisar territorio nicaragüense sabiendo lo que le podía pasar si lo agarraban”, comenta Mario. Tanto Rojas como Maldonado han sido señalados por el régimen del asesinato de Bismarck Martínez.
Mario también menciona el crimen del exiliado Luis Alberto Olivas Aguilar, ocurrido el 26 de mayo de 2021 en San José. Era originario de Nagarote y el Organismo de Investigación Judicial informó que caminaba por la calle junto al nicaragüense Francisco Segura Jiménez, cuando una persona se bajó de un vehículo blanco, se acercó a ellos y caminó por unos metros hasta que sacó una pistola y les disparó. Ambos fallecieron y hasta la fecha, el crimen no ha sido esclarecido.
Según Mario, Joao Maldonado dijo la verdad cuando declaró a La Nación que en Costa Rica operan células del régimen encargadas de vigilar y hacer operativos contra opositores. Estas células, dice Mario, trabajan a través de personeros diplomáticos. “La embajada de Nicaragua es un cuartel. Hay personas que tienen rango diplomático aquí en Costa Rica y que tienen experiencia en asuntos de inteligencia y son los que coordinan”. Asegura saber esto porque las mismas fuerzas de seguridad costarricenses se lo han advertido a Maldonado y a las otras personas en riesgo, comenta.
El asesinato de Bismarck Martínez
Bismarck de Jesús Martínez trabajaba en la Alcaldía de Managua desde 2002 y al momento de su muerte era el jefe de ornato en la municipalidad. Desapareció la noche del viernes 29 de junio de 2018 cuando supuestamente pasó en su vehículo por el tranque que estaba frente al colegio San José de Jinotepe y habría sido “secuestrado, torturado y desaparecido” por las personas que lideraban dicho tranque, según dijo la Policía.
Un video que circuló en las redes sociales muestra a Martínez desnudo, golpeado y encañonado con pistolas y un fusil. Además, le colocaron una cuerda en el cuello, simulando que lo iban a ahorcar. Su cuerpo permaneció desaparecido por once meses hasta que el 28 de mayo de 2019, la Policía encontró una osamenta en Jinotepe en donde supuestamente estaban los restos de Martínez.
Ese mismo año, el portal sandinista Juventud Presidente publicó un documental con la intención de contar los supuestos crímenes que hicieron los manifestantes opositores, entre ellos, el asesinato de Bismarck Martínez. Una de las personas consultadas en ese documental, que no revela su identidad, aparece encapuchado y que supuestamente estuvo en los tranques de Jinotepe, responsabiliza a Joao Maldonado y a Nahomy Urbina como los responsables del crimen de Martínez.
“Llamamos a Joao, y a la Macha, para decirles qué hacíamos, y la Macha nos dijo que le lleváramos a ese viejo, que era Bismarck. Se lo entregamos en la Cruz de Guadalupe. Ahí ellos se dispusieron a revisarlo, interrogarlo, lo comenzaron a torturar. Nos dijeron que el carro lo desapareciéramos. El carro lo fuimos a meter a la Finca El Salvadoreño”, dijo el hombre.
Joao Maldonado, por su parte, se defendió de estas acusaciones en su entrevista con DOMINGO:
–Hablando de mártires, a usted también lo acusan de asesinar a Bismarck Martínez
–Es correcto. Como te digo, ellos pueden acusar de lo que ellos quieran porque son los que están en el gobierno y tienen todas las instituciones del Estado bajo su mando. Ellos son los que pueden crear expedientes falsos en los juzgados, recordemos que a todos los capturados en 2018 se le imputaron cargos que ni siquiera existían.
–¿Estuvo involucrado en el asesinato de Bismarck Martínez?
–Negativo. Eso es totalmente falso. Como te repito, son especialistas en crear mártires. Ahora a estas personas les prenden velas y las usan como excusa o estrategia del Frente Sandinista para tratar de empañar la lucha de los jóvenes nicaragüenses. Eso queda sin efecto porque ya todo mundo conoce quién es el Frente Sandinista, que es un partido terrorista, criminal y genocida.
–¿Entonces no estuvo involucrado?
Ni siquiera sé quién era. Ni siquiera nos dimos cuenta y ya estando nosotros en el exilio fue que empezaron con toda una campaña para hacer mártir a una persona que ellos mismos asesinaron.
El exministro de Medio Ambiente y Energía de Costa Rica, Roberto Dobles, presentó una demanda contra Black Hills Corp., con sede en Rapid City, alegando que fue privado de millones de dólares en pagos de regalías, informa el sitio The Dakota Scout.
La información fue divulgada por dicho medio el 18 de setiembre de 2022 y repercutida por medios locales en el fin de semana.
Dobles alega que tenía un acuerdo con Black Hills para guiar el proceso de aprobación que permitiría a la compañía bombear hasta mil millones de barriles de petróleo en una región de 2,3 millones de acres en la parte norte del país. Pero el acuerdo finalmente fracasó porque Black Hills no actuó y luego decidió no renovar su vínculo que garantizaba las concesiones de hidrocarburos. (Ver Causa Dobles v. Hills Corp)
El acuerdo
Según la documentación judicial, el 1 de enero de 2010, BHE&P y BHGR/MOC firmaron un Acuerdo de Consultoría con Dobles. Identificación. 67,71,73. El Contrato de Consultor tenía una duración de un año pero se renovaba por seis meses adicionales de mutuo acuerdo. Doc. 28-7 2.a. Las leyes de Colorado y Costa Rica regían el Acuerdo de Consultor. Identificación. 16.a. Según el Acuerdo de Consultor, Dobles recibió $4,000 por mes como contratista independiente por servicios más reembolso de gastos y se comprometió a trabajar con los Demandados para completar y ejecutar un acuerdo formal. entre MOC y Costa Rica que cubre las Concesiones. Doc. 28-2 en 3. También el 1 de enero de 2010, Dobles, BHE&P y BHGR/MOC firmaron un “Acuerdo de Regalías”, que entre otras cosas daba derecho a Dobles a hasta un tres por ciento de interés en regalías por la venta de petróleo y gas natural de tierras cubiertas por las Concesiones “[u]n la ejecución definitiva del Contrato de Concesión por parte del gobierno de Costa Rica”.
Además de desempeñarse como ministro de Medio Ambiente y Energía, Dobles fue presidente y director ejecutivo de la empresa nacional de electricidad de Costa Rica y presidente y director ejecutivo de la compañía petrolera nacional costarricense, reseña el sitio estadounidense.
Ninguna prohibición
“No hay ninguna prohibición legal para que un exministro u otro tipo de exjerarca en el sector público en un momento dado sea contratado, luego de dejar el sector público, como consultor, cuando está en el sector privado”, respondió Dobles al sitio CR Hoy al ser consultado sobre esta disputa legal.
“He sido consultor en gran parte de mi vida profesional. Tampoco tomé ninguna resolución ni realicé ningún trámite con respecto a esa empresa cuando fui ministro”, añadió.
El 20 de noviembre 2023 fue absuelto de un delito de supuesto prevaricato en el polémico caso del plan minero en Crucitas, Cutris de San Carlos.
La absolutoria en dicho caso la dictó el Tribunal Penal de Goicoechea en la causa que se le siguió por haber declarado, como titular del Minae, en 2008 (administración Arias Sánchez) de interés público y conveniencia nacional el proyecto en Crucitas que pretendía desarrollar la firma canadiense Infinito Gold Ltd.
En el caso del expresidente Arias, también vinculado a dicha causa, fue declarada prescripción en 2016.
Dobles había sido sentenciado a tres años por por pevaricato en 2015 pero se ordenó nuevo juicio en que finalmente que absuelto.
-Mandatario en silencio tras rechazo de jerarca a cita en Zapote
Edgar Fonseca, editor
Un grupo de 38 destacadas líderes femeninas en distintos campos del país anunció ayer domingo su respaldo a la contralora general de la República, Marta Acosta, tras los recientes ataques del presidente Rodrigo Chaves a su gestión.
“No permitiremos que las actuales autoridades busquen disfrazar su incapacidad para resolver los problemas del país, maltratando groseramente la honra de una mujer honesta y competente”, consigna el comunicado suscrito entre otras por la expresidenta Laura Chinchilla, la presidenta de la comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas, y la exvicepresidenta y y expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Odio.
“Ninguna discrepancia justifica socavar la legitimidad de un ente como la Contraloría General de la República, cuya misión principal es la fiscalización de la agenda pública”, advierten en el pronunciamiento.
Chaves y Casa Presidencial mantuvieron silencio ayer domingo, por segundo día consecutivo, tras el rechazo de Acosta a asistir a una cita en en Zapote como pretende el mandatario.
La jerarca condicionó el encuentro a que se realizase bajo el exigido respeto, sin discusión de proyectos bajo investigación y en el piso 13 de la Contraloría en Mata Redonda, Sabana, el próximo jueves 25 de enero a las 3:30 p.m.
Además, advirtió, la cita debe ser grabada y difundida al país.
Cuentas en silencio
El último post de Chaves en su cuenta X se registró el miércoles 17 a las 2:52 p.m. en donde informó de la reunión a la que citó a la contralora.
“Invité a la Señora Contralora General a una reunión el próximo 25 de enero. El país merece progreso y esto requiere claridad sobre los grandes proyectos nacionales, muchos que han sido pospuestos por décadas y son indispensables”, consignó dicho post.
Luego, a las 10:34 p.m. del viernes reprodujo en X una información de Telenoticias sobre la liberación de dos sospechosos de asesinar a un policía en Limón el viernes
Sospechosos de asesinar a oficial de Fuerza Pública en Limón quedaron libres El Ministerio Público tomó muestras de sangre a los imputados para compararlas con los rastros encontrados en la moto, citó el post.
Se desconocen los contactos oficiales para valorar y dar respuesta a la posición de la contralora que generó amplio respaldo en redes
“Las múltiples insinuaciones negativas y constantes señalamientos irrespetuosos de su parte y de otros funcionarios de su equipo, a la institución que dirijo y hacia mí como Contralora General no son de recibo y, por el contrario, las rechazo de forma contundente”, advirtió Acosta en la carta de respuesta a la invitación de Chaves enviada el pasado viernes.(Texto completo adjunto)
La jerarca se sacudió no solo de manifestaciones del presidente Chaves sino de aseveraciones de la diputada y jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, quien el 23 de diciembre lanzó un video en que atacó resoluciones de la Contraloría que frenaron el proyecto Ciudad Gobierno y un negocio de Racsa para adquirir escáneres dedicados a la lucha antinarco.
Cisneros llegó a afirmar que en el país rige una “dictadura legal” y atacó a la Sala IV, el TSE y la Contraloría.
Su dicho desató fuerte censura pública y política.
El martes 16 de enero, Chaves envió la nota de invitación a Acosta que hizo pública tras la conferencia de prensa semanal del miércoles 17 en la que avaló a la diputada Cisneros y cargó contra las decisiones de la Contraloría.
“Sí hay cambios en el patrón de comportamiento de la Contraloría. No lo digo yo, lo dice todo el mundo. ¿Por qué antes la Contraloría era, digamos, tan laxa y ahora se volvió tan estricta? Y no sobre temas de ley sino de interpretación”, cuestionó el gobernante.
“Hay controversia y debate nacional sobre el accionar de la Contraloría”, ahondó.
“Que me diga qué es lo que está pasando”, remarcó Chaves.
“La diputada Pilar Cisneros denunció una serie de preocupaciones muy importantes: Ciudad Gobierno, acabamos de verlo. Una Torre de la Alegría por año por ¢50.000 millones, que pagan ustedes a un puñado de personas”, enfatizó.
El presidente del Congreso, Rodrigo Arias censuró el jueves 18 los ataques de Chaves a la Contraloría.
“Nunca es sano desacreditar al ente contralor o a los jerarcas por el cumplimiento de sus funciones”, afirmó Arias en conferencia de prensa.
Rechazo contundente a ataques
Carta de la Contralora General de la República, Marta Acosta, al presidente Rodrigo Chaves
Estimado señor Presidente: He recibido su nota PR-P-0007-2024 del 16 de enero del 2024, en la que solicita reunirse conmigo “…para discutir proyectos de interés nacional. Me parece importante entender, de primera mano, la posición de la Contraloría General de la República sobre esos proyectos”.
En primer lugar, quiero manifestarle que las múltiples insinuaciones negativas y constantes señalamientos irrespetuosos de su parte y de otros funcionarios de su equipo, a la institución que dirijo y hacia mí como Contralora General no son de recibo y, por el contrario, las rechazo de forma contundente.
Ello constituye en nuestro criterio una falta de respeto a la institucionalidad pública, a la función constitucional de la Contraloría, órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, y un mal precedente para la sana relación entre los sujetos de fiscalización con el órgano fiscalizador.
La diferencia de criterio técnico es por supuesto válida y necesaria; así ha sido a lo largo de la vida institucional de esta Contraloría con diferentes administraciones, no así el comportamiento ofensivo hacia nuestra labor.
Comprenderá entonces la importancia de manifestar que esta reunión, como requisito, deberá ser en el marco de exigido respeto. Para proceder con la reunión, también es imprescindible que nos haga saber cuáles son los proyectos específicos sobre los que desea conversar; así como los funcionarios que le acompañarán, para asegurar entonces, que el equipo técnico de la CGR es el que corresponde a la atención de su solicitud, entendiendo que no se abordarán temas relacionados con investigaciones en curso en la Contraloría o asuntos cuyas decisiones sean responsabilidad exclusiva de la Administración.
Asimismo, por transparencia y resguardo de la verdad, grabaríamos en audio la reunión completa y estaría disponible al público en la página web de la Contraloría. Esto se fundamenta en el antecedente que tuvimos en torno a la sesión realizada en la Casa Presidencial sobre Ciudad de Gobierno, en marzo del 2023, de donde derivaron afirmaciones absolutamente falsas que fueron atribuidas a mi persona.
Le confirmo el día 25 de enero y las 3:30 p. m., señalando respetuosamente que le recibiremos para dicha reunión en la Contraloría General, piso 13, dado que se trata de una sesión de naturaleza eminentemente técnica, y requiero contar con todos los funcionarios y recursos que estimo pertinentes para atender el propósito del encuentro.
Seguros también estamos de que Usted no tendrá inconveniente en que se realice la reunión en nuestra sede, dado el interés manifestado.
