Edgar Fonseca, editor

Tras las duras cifras estadísticas del OIJ que confirman la alarmante ola de criminalidad, la pregunta que salta en la opinión pública es: ¿cuál será la respuesta interinstitucional, al menos en el campo operativo, práctico, el más sensible para el ciudadano, que frene esta emergencia nacional?

La respuesta se torna en todo un desafío al iniciar 2024.

Se remite a que, hechas las advertencias hace un año en este mismo periodo del tsunami en el horizonte, a las autoridades les fue imposible disminuir las brutales acciones del sicariato que remataron con 907 víctimas, un récord para el olvido.

En cifras crudas: decenas de sicarios, “gatilleros”, andan sueltos, libres, impunes en las calles, dispuestos a repetir o a multiplicar sus hechos.

Se vio desbordada la tarea policial preventiva en medio del zigzag de decisiones y de cambios ministeriales que estresaron, tensaron y descarrilaron la labor desde el Ejecutivo. Una pésima señal en plena turbulencia.

Al asumir funciones, la misión del nuevo titular de Seguridad se vio comprometida –quizá con muy buena intención de su parte–, con una barra muy alta de cumplimiento: neutralizar al sicariato, cosa que no logró, sumido, además, en el desafortunado episodio de los fallidos escáneres.

¿Cuánta droga decomisó o dejó de confiscar el país el año anterior? Reina el misterio.

Pero el desangramiento cotidiano en las calles evidencia que la disputa de las bandas grandes o “minis” por los cargamentos embodegados o de paso no tiene contemplaciones.

Al cierre del año el ministro tiró la toalla. Dijo que el sistema judicial-penal del país no está preparado para este fenómeno. Como si quisiera apelar a un nuevo e ignoto orden.

Se vio superada, también, la indispensable tarea de inteligencia policial investigativa represiva.

Al final del día, la cacería de uno de los principales capos del Caribe, acusado como mayor eslabón de violencia, se frustró, otra vez, pese a operativos gigantes.

Se golpeó la estructura del fugitivo, pero los arrestos de sus familiares, allegados y cómplices, naufragaron en los estrados judiciales.

¿Era tan pobre la evidencia en su contra?

¿Era tan pobre, también, en el caso de los matones captados en videos amenazando con fusiles a agentes judiciales?

La respuesta, cruda, la dan los jueces con sus expeditas y sorprendentes órdenes de libertad.

¿Dónde quedan las potestades de los jueces, en casos como esos, conforme la recientemente aprobada nueva Ley Contra el Crimen Organizado?

¿O no han caído aún en la cuenta de la gravísima amenaza que enfrenta el país, la mayor en décadas?

¿Serán necesario cursos urgentes de actualización para jueces, fiscales y policías?

Ante el vértigo de la inseguridad, la respuesta operativa, tanto judicial como administrativa, no ha brindado los resultados que la ciudadanía ansía.

Algo falla.

La respuesta interinstitucinal emerge desarticulada, descoordinada, dispersa, casi que instintiva.

¿No demandan las circunstancias un máximo comando unificado frente a un enemigo común?

Lo que ocurre debería ser objeto de inmediato y severo análisis por parte de los jerarcas para intentar dar este año una respuesta de mayor confianza y seguridad al ciudadano.

Pero esa es la punta del iceberg…

Frente a la magnitud del fenómeno criminal se requiere de una respuesta interinstitucional estratégica, cohesionada, efectiva, que ataque las urgencias inmediatas pero que, a la vez, apunte a las causas profundas, desigualdad, pobreza extrema, ese caldo de cultivo de las fuentes delincuenciales que hoy campea, sobre todo, en zonas marginales urbanas, rurales, costeras.

La Asamblea Legislativa y el Poder Judicial han dado pasos en el rumbo correcto al consensuar reformas legales estructurales de fondo.

Para el Ejecutivo este 2024 debería ser un año de enmienda ante sus yerros y desatinos manifiestos.

El reto país no es menor.

P.D.-España y Colombia que enfrentaron y combatieron al terrorismo y las mafias de los megacarteles podrían ser aliados clave en esta crítica coyuntura.