Edgar Fonseca, editor

El golpe de ¢3.293 millones contra el Banco Nacional fue ejecutado por varias personas en el lapso de cuatro semanas entre agosto y setiembre, lo cual, quedó grabado por cámaras internas, confirmó ayer el fiscal general Carlo Díaz.

Se registraron 10 eventos en los que algunas personas sacaban de ese sitio sobres de manila con supuestos fajos de dinero, aprovechando puntos ciegos de las cámaras de vigilancia, ratifica un comunicado de la Fiscalía. 

Ello ocurrió entre el 17 de agosto y el 26 de setiembre.

El caso fue descubierto internamente el 3 de octubre y las autoridades del banco tardaron 20 días de denunciarlo a OIJ y Fiscalía.

Tras medidas cautelares

En relación con el expediente 23-000369-1218-PE, la Fiscalía Anticorrupción confirmó que anoche, a las 8:30 p.m., concluyó la toma de declaración indagatoria de las nueve personas imputadas (ocho detenidas ayer y una citada para esa diligencia), citó un reporte oficial esta mañana de jueves.

Informaron que tras la valoración particular de cada persona, la Fiscalía determinó la necesidad de solicitar medidas cautelares contra siete. 

De esta manera, Bolaños Zúñiga (oficial de seguridad) y Herrera Cantillo (directora jurídica del BNCR) continuarán apegados al proceso penal sin necesidad de cumplir medidas cautelares, por tener -hasta este momento- menor participación en los hechos investigados. El resto de personas imputadas se encuentra a la orden del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, a la espera de la audiencia de medidas cautelares. El tipo de solicitud que hará la Fiscalía Anticorrupción se comunicará una vez que finalice la vista, añadió el comunicado..

A la novena imputada, de apellidos Herrera Cantillo, le tomaron la declaración ayer por la tarde. No fue detenida, por tener una participación menor en los hechos investigados, se informo.

Al resto de imputados se les aprehendió ayer por la mañana, mediante 11 allanamientos dirigidos por la Fiscalía y ejecutados de manera conjunta con el Organismo de Investigación Judicial. 

Las autoridades decomisaron prueba documental y dinero, evidencia que será seleccionada y contabilizada, a efectos de incorporar en el expediente, donde se investigan delitos de peculado, asociación ilícita, incumplimiento de deberes, facilitación culposa de sustracciones y legitimación de capitales. 

La investigación de la causa inició de oficio el 24 de octubre anterior, luego de conocerse noticias en la prensa, respecto a la desaparición del dinero, precisó la Fiscalía.  

Horas después, fiscales especializados en materia de corrupción realizaron entrevistas a testigos e inspecciones oculares en la Administración del Numerario, oficina de la entidad bancaria donde se encuentra el Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE). Ese despacho es el encargado de procesar y tramitar el dinero en efectivo que ingresa al banco. 

Los controles no funcionaron

El fiscal Díaz enfatizó que fue evidente cómo no funcionaron los controles del banco y lamentó que las autoridades de la empresa pública no denunciaran los hechos de manera inmediata, el 3 de octubre, cuando se conoció el faltante de los millones de colones. Precisamente, ese hallazgo se conoce cuando la Dirección de control y cumplimiento normativo realizó un arqueo sorpresivo en el CIPE. 

En cualquier caso presuntamente delictivo, cuanto más se tarde en alertar a las autoridades judiciales, más difícil será recuperar evidencia que permita a la institución establecer la existencia de un ilícito, lamentó el fiscal. 

En poco tiempo, la Fiscalía y el OIJ realizaron indagaciones que permitieron seguir el rastro al dinero, como la aparente compra de grandes cantidades de billetes de lotería, con la cual ganaron premios, supuestamente con esas actividades se pretendía dar apariencia de lícito al dinero sustraído. También se ha investigado algunos incrementos patrimoniales de algunos de los imputados, que no son congruentes con sus perfiles financieros, agrega la versión oficial.