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Denuncia confidencial alertó en setiembre de irregularidades en tesorería del Banco Nacional/Tardaron 21 días en denunciar ante Fiscalía desaparición de ¢3.293 millones

Edgar Fonseca, editor

Una denuncia confidencial alertó en setiembre de irregularidades en la tesorería del Banco Nacional previo a detectarse el 3 de octubre un misterioso faltante de ¢3.293 millones caso por el cual son investigados 7 funcionarios, uno de ellos jefe de área recién jubilado.

La mención a dicha alerta consta en un informe confidencial que el presidente de la junta directiva del banco, Marvin Arias Aguilar, envió a Casa Presidencial, y que fue revelado la noche del martes 31 de octubre por la Presidencia.

El Consejo de Gobierno anunció una investigación contra los directivos del banco luego de recibir dicho informe que reveló que tardaron al menos 21 días en denunciar judicialmente el hecho.

La Presidencia califica el caso como “millonario robo contra el banco”.

“La decisión tiene como fin determinar las responsabilidades de cada uno de ellos, en el caso que se investiga por un millonario robo contra el banco. El gobierno de la República no va a permitir que se juegue con el dinero de los costarricenses que está en custodia de este banco, ni en ningún otro”, citó un comunicado de Casa Presidencial.

La investigación la ordenaron tras recibir el informe de Arias Aguilar, quien confirmó la tardanza en denunciar ante la Fiscalía el hecho.

Atribuyó el retraso a una decisión de la Dirección Jurídica del banco que responde ante la gerencia general a cargo de Bernardo Alfaro Arce, aspirante a la presidencia ejecutiva del BCIE.

Según el informe de Arias Aguilar, la Gerencia General decidió no denunciar inmediatamente el faltante ante el Ministerio Público, con el propósito de contar con mayores elementos fácticos antes de proceder con dicha gestión.

“No obstante, la Junta Directiva General consideró que esa omisión era inaceptable, dado la gravedad que tiene este caso, por cuanto se trataba de un incumplimiento de las medidas requeridas en la sesión del 10 de octubre, en especial ante el riesgo de que, sin la participación de las autoridades judiciales, se pudiese haber comprometido la identificación y recopilación oportuna de pruebas, estas podrían haber sido manipuladas o destruidas, e incluso se podría dificultar aún más la reconstrucción de los hechos relevantes”, añadió dicho jerarca.

“Por ese motivo, la Junta Directiva General exigió a la Gerencia General la inmediata presentación de la denuncia ante las autoridades judiciales, con la información y documentación recabada hasta ese momento, lo cual se realizó el 24 de octubre anterior, sin perjuicio de que se amplíe posteriormente conforme se logre recabar nuevos indicios y pruebas pertinentes”, agregó el informe.

Un arqueo sorpresivo detectó el faltante/Hubo alerta confidencial en setiembre

Adjunto extracto del informe Confidencial de la Junta Directiva del Banco Nacional sobre el caso revelado anoche, 10:26 p.m. por Casa Presidencial en la red X, antes Twitter.

“Además, la Junta Directiva exigió a la Administración tomar las medias inmediatas para fortalecer nuestros
procedimientos y controles en relación con el manejo de efectivo y de esta forma prevenir futuros incidentes
de esta naturaleza, así como reforzar las líneas de defensa y los protocolos de seguridad, en busca de
vulnerabilidades potenciales en esta y otras áreas de la Tesorería, así como evaluar los procedimientos
internos para garantizar que cumplimos con los más altos estándares de seguridad y ética en todas las
operaciones del Banco.


Queremos destacar que la Junta Directiva General puede actuar solo a través de la Gerencia General, en
respeto a lo que la legislación establece y tomando en cuenta que la Ley Orgánica del Sistema Bancario
Nacional, en su artículo 27.°, dispone expresamente que los directors bancarios se concretarán en sus
funciones al ejercicio de las atribuciones conferidas, sin abarcar funciones privativas de la administración.


Para efectos de la investigación, evidentemente se requiere de una importante inversión de tiempo y
recursos para identificar a los responsables, al modus operandi, y así determinar la verdad de los hechos,
aplicar las consecuencias, procurar recuperar la mayor cantidad posible del faltante que resulte y mitigar
cualquier perjuicio adicional, lo cual require el debido cuidado en el levantamiento de pruebas y demás
aspectos propios de una investigación de este tipo y que se requieren para sustentar la acusación ya realizada
en la vía judicial.


Desde el dia en que se identificó este hecho se instaló un equipo de personas de la unidad de Control
Interno, de la Dirección de Seguridad, de la Subgerencia de Operaciones y de la Auditoría General,
reconstruyendo hechos, analizando eventuales elementos probatorios y vigilando la función diaria, en aras
de salvaguardar todos los aspectos propios de la situación que nos ocupa y a la vez mantener la operación
del Banco.


A continuación se detalla un informe de lo sucedido, así como las acciones correctivas y planes de mitigación
implementados por la Administración para minimizar los riesgos del evento; lo anterior, considerando que,
como ya se indicó, el caso se encuentra en investigación y para no entorpecer el curso de ésta no es posible
proporcionar todos los detalles específicos sobre las diferentes líneas de acción que se están siguiendo, que
va han revelado indicios relevantes que esperamos puedan contribuir a esclarecer lo acontecido y a
identificar a los responsables de estos deplorables hechos.


Identificación:


Según se le informó a esta Junta Directiva, la Dirección de Control y Cumplimiento Normativo realizó durante
el mes de agosto una evaluación del nivel de madurez a dicha oficina. Posteriormente esa área lleva a cabo
un arqueo sorpresivo entre el 3 y 4 octubre, en aras de validar que el saldo contable que debía tener la oficina
coincidia con el numerario en poder del custodio responsable. Este arqueo es motivado principalmente por:


Hallazgos detectados durante la evaluación del grado de madurez de los componentes de control
realizada durante el mes de agosto 2023.

Adicionalmente, en setiembre, la Dirección de Control y Cumplimiento Normativo recibe una
denuncia confidencial en la cual se hace referencia a posibles irregularidades en el manejo de la tesorería.


Según se informó a este órgano colegiado, en dicho arqueo se determinó una diferencia entre el saldo
contable y el efectivo por €3.293.829.421,40, US$78 y €2.


Medias cautelares aplicadas:


Se informó a esta Junta Directiva de que, a raíz de los hallazgos detectados durante la ejecución del arqueo,
se generan una serie de sospechas de actuaciones irregulares por parte de algunos funcionarios, por lo que
se procedió con el establecimiento inmediato de medias cautelares, como fue la suspensión con goce de
salario.


Dado que no es posible dar a conocer los nombres de los implicados, se procede a señalar el puesto de
cada uno:


Jefe del área de Administración del Numerario. Jefatura general del área (una vez notificado se
acogió a su jubilación).


Supervisor Administrativo. Custodio del efectivo del área en la cual se detectó el faltante.


Supervisor de Tesorería. Responsable de la supervisión del área en la cual se detectó el faltante.


Contador. Responsable de la contabilidad del área en la cual se detectó el faltante.


Técnico especializado. Encargado de aplicar las autoevaluaciones del área en la cual se detectó el
faltante.


Custodio de Tesoreria. Custodio del área de administración de numerario interno.


Según la Administración comunicó a esta Junta Directiva, la suspensión se realiza bajo la condición de ser
con goce de salario, porque no es posible limitar el acceso al salario hasta que no se haya llegado a una
etapa sancionatoria, lo cual no ha sucedido, dado que el caso se encuentra en etapa de investigación
preliminar.

Sobre el particular, la Sala Constitucional considera que, si bien la suspensión puede justificarse
en el interés del conocimiento de la verdad real a través del procedimiento administrativo, no puede el
funcionario sufrirla sin goce de salario, pues de manera anticipada al establecimiento de su posible
responsabilidad, se le estaría sancionando, violándose con ello el principio de inocencia regulado en el
artículo 39 de la Constitución Política.

Contexto e investigación preliminar


Con base en lo dispuesto en la normativa de gestión de riesgos y las mejores prácticas en esta materia, la
organización cuenta con los mecanismos de control que se denominan líneas de defensa, para resguardar y
accionar ante eventuales situaciones que puedan poner en riesgo la sostenibilidad y solidez de la institución.


Con respecto a las tres líneas de defensa, se explican asi:


Primera línea de defensa: Tiene la propiedad del riesgo que asume en el ejercicio de sus actividades,
lo reconoce y lo gestiona. En el caso especifico que nos atañe, corresponde a la Dirección
Administración de Numerario (funcionarios encargados del conteo, clasificación, registro, custodia
del efectivo y sus superiores).


Segunda línea de defensa: Es responsable de identificar, medir, seguir y divulgar el riesgo a nivel del
Banco; es independiente de la primera línea de defensa. En este caso, la Dirección General de Riesgo
es la responsable de establecer las actividades de control que permitan minimizar los riesgos y la
Dirección de Control y Cumplimiento Normativo es a quien le corresponde validar la aplicación
correcta de dichos controles.


Tercera línea de defensa: Corresponde a la Auditoría Interna y Auditoría Externa. Proporcionan
revisiones independientes y garantías objetivas sobre la calidad y eficacia del sistema de control
interno del Banco, la primera y segunda líneas de defensa y el marco de gobierno del riesgo.
Seqún informó la Gerencia a la Junta Directiva, hay fuertes indicios de que los registros de los funcionarios
responsables en la primera línea de defensa simulaban que todos los procedimientos se estaban cumpliendo
al pie de la letra, razón por la cal no se alertaba ningún procedimiento incorrecto.


La investigación deberá determinar, además, la eventual responsabilidad de las demás líneas de defensa.
En lo que respecta a la investigación, dado el impacto que tienen los hallazgos identificados, de inmediato
la Administración conform un equipo de trabajo integrado por personal de reconocida capacidad, con
expertos del área de Seguridad e Investigaciones, Soporte al Negocio, Tecnología y la Auditoría General,
con el propósito de que se abocara a investigar el caso con la profundidad y detalle posible.


Sobre el avance de esta, a la fecha, dado que se encuentra en una etapa preliminar, la Administración indica,
a grandes rasgos, lo siguiente:


Se debe reconstruir día por día la transaccionalidad del área y, si es del caso, las transacciones
ejecutadas por todas las personas involucradas, en aras de poder identificar el origen de la diferencia,
asi como el mecanismo de salida del dinero en el tanto se confirme lo primero.


Se han establecido una serie de líneas de investigación o hipótesis que sirven de marco de acción,
las cuales se están desarrollando con toda celeridad y prioridad. Esta tarea es la más relevante porque

permitirá determinar con certeza el cuándo, el cómo y quién o quiénes perpetraron el fraude o
facilitaron que el mismo se diera, sea por omisión o por participación directa o indirecta.


Se ha logrado realizar algunas entrevistas con personas externas a la organización, que aportaron
valor con respecto a posibles motivadores de los involucrados para poder evidenciar la comisión de
algún delito.


Parte del proceso de investigación consiste en determinar adicionalmente cómo fueron burlados los
controles existentes y qué se debe cambiar para hacerlos robustos.


El área indicada posee dispositivos de seguridad conforme lo requieren este tipo de dependencias,
a saber: cámaras de seguridad, cores y bóvedas de seguridad, separación de áreas con laves o
controles de acceso electrónico, esclusa antivandálica y oficial de seguridad a su ingreso; además,
secciones separadas para el ingreso de camiones remeseros.


El día 24 de octubre, finalmente se procedió con la presentación de la denuncia penal
correspondiente ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción en contra de
los funcionarios involucrados. El retraso de esta acción se dio en el contexto previamente indicado.


Monitoreo de riesgo y planes de mitigación:


Dado que este acontecimiento representa la materialización de un riesgo relevante, la Administración
comunicó a este órgano colegiado que está realizando una identificación de potenciales riesgos adicionales
que pudiesen derivarse de este suceso. Para ello, la Administración se encuentra en constante supervisión
intradía de factores internos y externos con potencial impacto adverso. Asimismo, la Alta Gerencia reporta,
a solicitud de la Superintendencia General de Entidades Financiers, la información requerida de manera
diaria.


Ante la afectación reputacional del Banco Nacional, según lo dicho por la Administración a esta Junta
Directiva, ha implementado un plan de comunicación, con el fin de mitigar los efectos que esto podría tener
sobre los diversos grupos de interés, para tratar de informar como primera fuente la situación que está
enfrentando.


Los hechos y acciones detalladas se refieren, en su mayoría, al papel que está desempeñando la Gerencia
General, Subgerencias y unidades de control e investigación. En lo que respecta al papel de la Auditoría
Interna, esta área se integró de pleno en el equipo que está investigando los hechos y está colaborando con
sus técnicas de auditoría forense.


Además, la Junta Directiva General solicitó a la Auditoría General, según se consigna en el artículo 5.° de la
sesión 12.659 del pasado 17 de octubre, rendir un estudio sobre los mecanismos vigentes que se aplican
para asegurar un adecuado control de las seguridades en garantía y otros valores en general, en aras de
asegurarse una oportuna actuación de la tercera línea de defensa.

Acciones correctivas inmediatas:


De acuerdo con lo reportado por la Gerencia, a partir de las instrucciones dadas por esta Junta Directiva, se
anotan las siguientes medias correctivas adoptadas con el fin de optimizar el sistema de control interno y
mitigar los principales riesgos relacionados con el caso:


Se restableció la operativa contable del área.


Se depuró el proceso de custodia del numerario


Se aseguró la continuidad operativa sustituyendo al personal suspendido.


Se estableció el plan de comunicación, con el objetivo de explicar a los clientes, funcionarios y al país,
en general, que los incidentes no afectan el patrimonio de los clientes ni tampoco la solvencia y
sostenibilidad del Banco Nacional.


Se activó el comité de crisis conformado por el equipo ejecutivo de alto nivel.


Se establecieron rutinas de control periódicas que aseguran que este tipo de eventos no se repitan.


Se procederá con la optimización de actividades por parte de todas las líneas de defensa.


Entendemos que este incidente ha generado gran preocupación, no solo a lo interno de nuestra institución
sino entre nuestros clientes, así como el país en general, y queremos expresar nuestra empatía por el
desconcierto y la confusión que ha provocado. Velaremos porque las investigaciones se hagan
rigurosamente y nos lleven a determinar los responsables, el modus operandi y a procurar que se recupere
el eventual faltante de numerario.


La Junta Directiva no omite manifestar que el presente oficio se rinde reconociendo que el Banco Nacional,
si bien es una institución autónoma de derecho público, con personería jurídica propia e independencia en
materia de administración, se encuentra sujeto a la ley en materia de gobierno y tiene el deber de actuar en
estrecha colaboración con el Poder Ejecutivo, coordinando esfuerzos y actividades, pues es parte de la
organización administrativa que el Estado ha dispuesto para la prestación de un servicio de gran interés
público para la sociedad, fundamental para el desarrollo económico del país.


Atentamente,

Marvin Arias Aguilar
Presidente
Junta Directiva General
Banco Nacional de Costa Rica


Siete los investigados

Ya son 7 los funcionarios del Banco Nacional vinculados a las investigaciones del hecho revelado la semana anterior.

El Banco Nacional de Costa Rica (BN) suspendió cautelarmente, este lunes 30 de octubre de 2023, a un sétimo funcionario relacionado con el caso que se encuentra en investigación ante las autoridades judiciales, informó un comunicado del banco ayer martes 31 de octubre a las 5:22 p.m. 

Detallaron que se trata de otro encargado de custodia del área de Administración de Numerario.

Los suspendidos hasta ahora son: dos encargados de custodia, dos supervisores, un técnico, un contador y el jefe del área. 

De los investigados, el jefe de área de Administración Numerario, epicentro de la investigación, se jubiló al día siguiente que se detectó el faltante, estimado como el mayor golpe contra recursos del banco en su historia.

Denuncia penal contra 5

El pasado 24 de octubre de 2023 el BN presentó una denuncia penal contra cinco funcionarios del área de Administración de Numerario: dos supervisores, un técnico, un custodio y un contador. 

Según el banco, posterior a la presentación de la denuncia, el viernes 27 de octubre de 2023, ampliaron la denuncia contra el jefe del área de Administración de Numerario, quien se había acogido a su jubilación el pasado 4 de octubre de 2023.

Sobre esta persona no se aplicó ninguna suspensión porque ya no tiene relación laboral con la entidad, aclararon.

A estas seis personas se suma otro encargado de custodia, quien ayer 30 de octubre fue suspendido de sus labores por el BN y su caso se notificó posteriormente a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

Segunda línea de defensa

El banco resalta, además, que fue una denominada segunda línea de defensa del BN (Control Interno) la que detectó, el pasado 3 de octubre, la diferencia en el área de Administración de Numerario. 

Una vez que el área de Control Interno identificó esta situación se realizan las notificaciones respectivas y se solicita a la Dirección de Seguridad e Investigaciones del BN la apertura de una investigación interna para recabar pruebas y fundamentar tanto la denuncia penal que se presentó el martes 24 de octubre de 2023, como el debido procedimiento administrativo contra los funcionarios suspendidos, agrega el comunicado. 

También aclaran por qué no dictan medidas más rigurosas

¿Por qué no se pueden suspender sin goce de salario o despedir?

Las suspensiones contra los seis funcionarios del BN se ejecutan con goce de salario debido a que la jurisprudencia constitucional, las leyes y normativa legal vigentes que rigen la materia laboral de todo trabajador de una institución pública imposibilitan aplicar una medida cautelar administrativa de otra naturaleza, y para realizar un despido es necesario cumplir con el debido proceso. El banco solicitó a las instancias judiciales que se valore la aplicación de otras medidas cautelares por parte de un juez. 

  • Con información de Prensa Banco Nacional

Fiscalía abre investigación por alegada orden de Chaves para sacar de canal 7 el programa La Rueda de La Fortuna

Edgar Fonseca, editor

La Fiscalía inició ayer una investigación contra el presidente Rodrigo Chaves por la alegada orden que dio para sacar de canal 7 la transmisión del programa La Rueda de La Fortuna y entregársela al estatal Sinart pese a criterios técnicos en contra.

La Fiscalía investiga a Chaves por supuesto tráfico de influencias. 

La Fiscalía General informó que abrió una causa penal en contra del señor Chaves Robles, por el aparente delito de tráfico de influencia, consignó una respuesta oficial la mañana de este miércoles.

Al caso se le designó el número de expediente 23-000082-0033-PE, citó la respuesta.

Esta es toda la información que se puede brindar, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, añadieron.

La investigación judicial inició horas después que la presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social, Esmeralda Britton, confirmó ante diputados la supuesta orden del mandatario.

“La posición es ‘se salen de canal 7 y punto”.

Con esas palabras, Britton corroboró la noche del lunes ante diputados la orden que recibió del Presidente.

Britton hizo la manifestación en la comisión que investiga supuestas anomalías en las contrataciones de pauta publicitarias de 14 instituciones con el Sinart por unos ¢8.000 millones.

“El presidente instruyó”

“El presidente instruyó que hiciéramos esa contratación entre entes de derecho público, haciendo un estudio de mercado que demuestre que se puede contratar”, dijo Britton pese a recomendaciones técnicas internas de la entidad de no vincularse al estatal Sistema Nacional de Radio y Televisión.

“La posición fue de Presidencia”, ratificó.

El contrato por un monto de ¢63,5 millones rige por seis meses desde el 26 de julio. El programa se transmite por canal 13 desde el 5 de agosto.

El rating del programa cayó de 17,2 a 2,9 puntos en agosto cuando lo asumió el Sinart. Cada punto equivale a 80 mil televidentes. En setiembre se ubicó en 6,1 puntos y en octubre en 5,5 puntos, según un estudio técnico de la firma Kantar Ibope Media divulgado en la comisión legislativa investigadora.

Las ganancias por ventas de “raspaditas” y activaciones de dicho juego hechas a través del programa televisivo son destinadas: 50% para entes de atención y servicios de cuidados paliativos y 50% para bonos de vivienda gestionados por el BANVHI

La discusión y acuerdo de la decisión de excluir al canal 7 de dicho programa fue de carácter privado, trascendió en el foro legislativo.

La comisión investiga, también, un contrato de Casa Presidencial con el BCIE por $300 mil para labor de comunicación.

En la comparecencia fue cuestionada, además, la contratación que hizo la JPS de la agencia publicitaria de Sinart por ¢2.310 millones.

Un informe técnico interno no recomendó dicha contratación y alegó mayor costo económico para la entidad al suscribirlo.

“Si se compara con el costo que se proyecta para la comisión de Sinart podemos calcular que el monto de la plantilla de la Unidad es de -77% menos costosa que una posible intermediación del Sinart, además, a esto se debe agregar que, aunque se firme un contrato con el Sinart la Junta requerirá mantener funciones de monitoreo seguimiento evaluación y aprobación de las campañas publicitarias y las pautas que se contraten por medio del Sinart. Lo cual haría que el costo sea más elevado”, citó el informe expuesto a los diputados.

Ya van siete funcionarios del Nacional investigados por misteriosa desaparición de ¢3.293 millones/Consejo de Gobierno ordena investigar a junta directiva

28/10/2022 San José. Edificio central del Banco Nacional (BN).

Edgar Fonseca, editor

Ya son 7 los funcionarios del Banco Nacional vinculados a las investigaciones por la misteriosa desaparición de ¢3.293 millones de las bóvedas de la entidad, hecho revelado la semana anterior.

El Consejo de Gobierno anunció una investigación contra la junta directiva del banco luego de un informe que reveló que tardaron al menos 21 días en denunciar judicialmente el hecho.

“La decisión tiene como fin determinar las responsabilidades de cada uno de ellos, en el caso que se investiga por un millonario robo contra el banco. El gobierno de la República no va a permitir que se juegue con el dinero de los costarricenses que está en custodia de este banco, ni en ningún otro”, citó un comunicado de Casa Presidencial .

Siete los investigados

El Banco Nacional de Costa Rica (BN) suspendió cautelarmente, este lunes 30 de octubre de 2023, a un sétimo funcionario relacionado con el caso que se encuentra en investigación ante las autoridades judiciales, informó un comunicado del banco este martes a las 5:22 p.m.

Detallaron que se trata de otro encargado de custodia del área de Administración de Numerario.

Los suspendidos hasta ahora son: dos encargados de custodia, dos supervisores, un técnico, un contador y el jefe del área. 

De los investigados, el jefe de área de Administración Numerario, epicentro de la investigación, se jubiló al día siguiente que se detectó el faltante, estimado como el mayor golpe contra recursos del banco en su historia.

Denuncia penal contra 5

El pasado 24 de octubre de 2023 el BN presentó una denuncia penal contra cinco funcionarios del área de Administración de Numerario: dos supervisores, un técnico, un custodio y un contador.

Según el banco, posterior a la presentación de la denuncia, el viernes 27 de octubre de 2023, ampliaron la denuncia contra el jefe del área de Administración de Numerario, quien se había acogido a su jubilación el pasado 4 de octubre de 2023.

Sobre esta persona no se aplicó ninguna suspensión porque ya no tiene relación laboral con la entidad, aclararon.

A estas seis personas se suma otro encargado de custodia, quien ayer 30 de octubre fue suspendido de sus labores por el BN y su caso se notificó posteriormente a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

Segunda línea de defensa

El banco resalta, además, que fue una denominada segunda línea de defensa del BN (Control Interno) la que detectó, el pasado 3 de octubre, la diferencia en el área de Administración de Numerario.

Una vez que el área de Control Interno identificó esta situación se realizan las notificaciones respectivas y se solicita a la Dirección de Seguridad e Investigaciones del BN la apertura de una investigación interna para recabar pruebas y fundamentar tanto la denuncia penal que se presentó el martes 24 de octubre de 2023, como el debido procedimiento administrativo contra los funcionarios suspendidos, agrega el comunicado. 

También aclaran por qué no dictan medidas más rigurosas

¿Por qué no se pueden suspender sin goce de salario o despedir?

Las suspensiones contra los seis funcionarios del BN se ejecutan con goce de salario debido a que la jurisprudencia constitucional, las leyes y normativa legal vigentes que rigen la materia laboral de todo trabajador de una institución pública imposibilitan aplicar una medida cautelar administrativa de otra naturaleza, y para realizar un despido es necesario cumplir con el debido proceso. El banco solicitó a las instancias judiciales que se valore la aplicación de otras medidas cautelares por parte de un juez. 

  • Con información de Prensa Banco Nacional

816 detenidos en Panamá tras nueve días de protestas contra contrato minero/Vandalismo golpea 62 comercios, 36 instituciones oficiales y estaciones del Metro

PuroPeriodismo/La Prensa, Ciudad Panamá

En nueve días de protestas ciudadanas en contra de la Ley 406 de 2023, unas 816 personas −entre hombres y mujeres− han sido aprehendidas por la supuesta comisión de los delitos de vandalismo y daños a la propiedad, entre otros, informa La Prensa de Ciudad Panamá. 

Así lo informó este martes 31 de octubre de 2023 la Policía Nacional en un reporte donde detalló que, del total de detenidos, 708 son adultos y 108 a menores de edad. Hasta el momento se ha logrado judicializar a estas personas ante el Ministerio Público y en los despachos de los jueces de paz, tras los sucesos cometidos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y Chiriquí, agrega dicho medio.

Según el informe, en estos días de protestas han resultado afectados 62 comercios y 36 instituciones gubernamentales, entre ellos, oficinas, estaciones de cámaras y estaciones del Metro de Panamá. Y hasta ahora se reportan 39 agentes policiales lesionados (9 por agresión física, 22 por objeto contundente y 8 por armas de fuego).

En tanto, unos 57 vehículos fueron afectados. De estos, 21 vehículos institucionales y 9 civiles, según el detalle oficial.

Hoy se cumple el décimo día de protestas por parte de los grupos ciudadanos que rechazan la Ley 406, que establece el nuevo contrato entre el Estado y Minera Panamá.

PuroPeriodismo/La Prensa, Ciudad Panamá

Fiscalía investiga orden de Chaves de excluir a canal 7 del programa La Rueda de la Fortuna

Edgar Fonseca, editor/Foto You Tube, Asamblea Legislativa

“La posición es ‘se salen de canal 7 y punto”.

Con esas palabras, la presidenta de la Junta de Protección Social, Esmeralda Britton, confirmó anoche ante diputados la orden que recibió del presidente Rodrigo Chaves de sacar el programa La Rueda de La Fortuna de la pauta de canal 7.

La Fiscalía inició hoy una investigación de esa alegada orden presidencial por supuesto tráfico de influencias.

Se tramita bajo la causa: N.° 23-000082-0033-PE.

Britton hizo la manifestación en la comisión que investiga supuestas anomalías en las contrataciones de pauta publicitarias de 14 instituciones con el Sinart por unos ¢8.000 millones.

“El presidente instruyó”

“El presidente instruyó que hiciéramos esa contratación entre entes de derecho público, haciendo un estudio de mercado que demuestre que se puede contratar”, dijo Britton pese a recomendaciones técnicas internas de la entidad de no vincularse al estatal Sistema Nacional de Radio y Televisión.

“La posición fue de Presidencia”, ratificó.

El contrato por un monto de ¢63,5 millones rige por seis meses desde el 26 de julio. El programa se transmite por canal 13 desde el 5 de agosto.

El rating del programa cayó de 17,2 a 2,9 puntos en agosto cuando lo asumió el Sinart. Cada punto equivale a 80 mil televidentes. En setiembre se ubicó en 6,1 puntos y en octubre está en 5,5 puntos, según un estudio técnico de la firma Kantar Ibope Media divulgado en la comisión legislativa investigadora.

Las ganancias por ventas de “raspaditas” y activaciones de dicho juego hechas a través del programa televisivo son destinadas: 50% para entes de atención y servicios de cuidados paliativos y 50% para bonos de vivienda gestionados por el BANVHI

La discusión y acuerdo de la decisión de excluir al canal 7 de dicho programa fue de carácter privado, trascendió en el foro legislativo.

La comisión también investiga un contrato de Casa Presidencial con el BCIE por $300 mil para labor de comunicación.

En la comparecencia también fue cuestionada la contratación que hizo la JPS de la agencia publicitaria de Sinart por ¢2.310 millones.

Un informe técnico interno no recomendó dicha contratación y alegó mayor costo económico para la entidad al suscribirlo.

“Si se compara con el costo que se proyecta para la comisión de Sinart podemos calcular que el monto de la plantilla de la Unidad es de -77% menos costosa que una posible intermediación del Sinart, además, a esto se debe agregar que, aunque se firme un contrato con el Sinart la Junta requerirá mantener funciones de monitoreo seguimiento evaluación y aprobación de las campañas publicitarias y las pautas que se contraten por medio del Sinart. Lo cual haría que el costo sea más elevado”, citó el informe expuesto a los diputados.