Edgar Fonseca, editor
La Unión Europea excluyó este martes al país de la lista negra de países no cooperantes en materia fiscal.
La decisión la adoptó el ente europeo luego que el 26 de setiembre la Asamblea Legislativa reselló un veto interpuesto a la respectiva ley por el presidente Rodrigo Chaves
Según la Unión Europea, Costa Rica fue eliminada de la lista porque modificó los aspectos perjudiciales de su régimen de exención de ingresos de fuente extranjera.
Así lo consignó luego de la sesión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros.
Costa Rica queda ahora en una lista de 14 naciones y territorios que no cumplen todas las normas fiscales internacionales, pero que se han comprometido a llevar a cabo reformas, clasificados bajo anexo II.
La UE advirtió que seguirá de cerca estos compromisos para asegurarse de que se cumplan.
De cumplir con dichas obligaciones el país quedaría fuera de este otro bloque que integran Albania, Armenia, Aruba, Botsuana, Islas Vírgenes Británicas, Curazao, Dominica, Esuatini, Hong Kong, Israel, Malasia, Turquía y Vietnam.
Resello enfureció al presidente
Una mayoría calificada de 38 legisladores rechazó el martes el martes 26 de setiembre el veto que interpuso por el presidente Chaves y reselló la ley que pretende sacar al país de la lista gris de la Unión Europea.
La aprobación se dio por el plenario a las 11:20 a.m.
En un fuerte revés político para el mandatario y su fracción legislativa, la mayoría del diputados del Congreso avaló la ley que pretende que la UE saque a Costa Rica de la lista de los países no cooperantes en materia fiscal.
Esa decisión la anunció el ente europeo en febrero del presente año.
Apoyaron el resello Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y Nueva República, NR y el voto crucial de la la diputada Luz Mary Alpízar, voto disidente del oficialista PPSD.
“Traidora”, “Judas”
“Traidora” la tildó en el plenario la jefa de fracción gobiernista Pilar Cisneros.
“Judas”, la tachó más tarde el presidente Chaves.
“Perdimos esto por doña Luz Mary; por un voto. Hubiéramos ganado. Esa es una traición de esa señora en particular que nunca me olvidaré”, advirtió el mandatario.
“Lo que hoy hemos escuchado en este plenario y, peor aún, lo que hoy se atrevió a proferir el presidente de la República, en la payasada que hace llamar conferencia de prensa, es un peligro para la institucionalidad democrática”, denunció el diputado liberal Eli Feinzaig.
“No es de recibo que ataquen así a una diputada que tuvo la valentía de expresar su opinión y de dar su voto de acuerdo a su conciencia”, añadió.
Alpízar le respondió a Cisneros que la atacó “cuando las personas no tienen argumentos”
Votaron en contra el gobiernista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), la fracción del Frente Amplio y el diputado José Joaquín Hernández, PLN.
“Avanzamos hacia una mayor cooperación fiscal. Hoy resellamos el veto presidencial en aras de sacar a CR de la lista de países no cooperantes en materia tributaria de la UE. Un paso fundamental para fortalecer nuestra imagen y la construcción de un futuro financiero más sólido”, destacó Rodrigo Arias, presidente del Congreso en un post en la red X (antes Twitter) a las 12 mediodía.
Infructuoso llamado
“Piensen muy bien el voto que van a hacer esta mañana”, demandó temprano Cisneros en la sesión extraordinaria del plenario ayer.
“Su familia sabe lo que es huir de una dictadura”, le respondió Feinzaig y le exigió que no provocara divisiones en el Congreso por la forma de votar.
El voto mayoritario, incluido el de Alpízar, se mantuvo intacto.
El veto
“Fue una de las decisiones más difíciles de mi administración, pero lo hice con un corazón limpio y la consciencia clara, porque no fue lo más fácil que había que hacer, pero estoy convencido de que fue lo correcto”, justificó el presidente Chaves al defender el veto durante la celebración oficial de la Independencia el pasado 15 de setiembre.
El proyecto tal como estaba planteado, cuestionó, beneficiaba a unos “pocos privilegiados”.
“La estamos vetando por razones de oportunidad y conveniencia, pero sobre todo por razones de conciencia, más que de conveniencia”, aseguró el gobernante el jueves 14 al anunciar su decisión.
“Lo que hago es ejercer el derecho que me da la legislación costarricense a vetar parcialmente esta ley con la esperanza patriótica de que los diputados puedan reflexionar sobre su decisión”, aseveró.
“Nuestro gobierno, ustedes lo han visto, ha sido el gobierno latinoamericano más prosector privado”, dijo.
“Pero no puedo firmar una ley que va a beneficiar a la parte más privilegiada, a un segmento chiquitito del sector privado para que chupen parasitariamente las finanzas públicas”, añadió al justificar la decisión.
“La bola está del lado del Congreso. Ahí la tienen. Ellos deberán ver los plazos, deberán medir las consecuencias porque, si aquí no nos ponemos de acuerdo, el país llevará palos”, insistió en aquella fecha.
Bajo crítica
El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, criticó el viernes 15 de setiembre la decisión de Chaves.
“El problema con la Unión Europea se conocía desde febrero de este año y lo lógico hubiera sido que el Poder Ejecutivo hubiera presentado a tiempo desde febrero un proyecto de ley específicamente para sacar a Costa Rica de la lista gris. Pero no fue así”, lamentó Arias durante los actos oficiales de celebración del 202 aniversario de la Independencia patria en el Parque Nacional.
“No se aprovechó el tiempo desde febrero para, si se quería, presentar un solo proyecto, una iniciativa solo para cumplir con lo que nos pedía la UE, no querer complicar eso con una reforma fiscal, que ahora nos tiene en que estamos interpretando si queremos territorialidad o no, pero ese no es el foro para discutirlo, porque estamos prensados”, puntualizó Arias.
“Se quiso aprovechar esto para hacer una modificación fiscal y generar más ingresos para el fisco”, sostuvo el jerarca legislativo que anunció que a Asamblea Legislativa deberá a abocarse a definir si resella con 38 votos el veto presidencial o plantea una enmienda al proyecto vetado, expediente 23.581.
El proyecto vetado por Chaves contempla una reforma al artículo 1 de la Ley de Impuesto de la Renta conocida como territorialidad.
Dicha modificación implicaría que Tributación no cobraría impuestos a personas o empresas por ganancias obtenidas en el exterior, pese a que el capital invertido se generara en el país.
