Edgar Fonseca, editor/Foto Getty Images DW, Alemania
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, viajó a mediodía de sábado al Tapón del Darién, frontera Panamá-Colombia, epicentro de una crisis migratoria humanitaria con al menos 3 mil personas cruzando diariamente, confirmó Ronald Álvarez portavoz oficial en San José.
La visita se dio en el marco de un encuentro bilateral de jerarcas de Seguridad en Ciudad Panamá para analizar estrategias conjuntas frente a los retos de la inseguridad, crimen organizado y flujos migratorios.
En momentos en que el país superaba la cifra récord de 654 homicidios el viernes, el ministro Mario Zamora, así como el viceministro de Unidades Especiales, Manuel Jiménez, se desplazaron a la capital panameña.
Se reunieron con el ministro de Seguridad Publica de Panamá, Juan Manuel Pino, y otros jerarcas de la nación vecina.
En una entrevista que concedió a este editor, el 4 de setiembre, el ministro Zamora anunció que viajaría este 23 al Tapón de Darién, epicentro de una incontenible crisis humanitaria por el arribo de miles de migrantes diarios. Ver entrevista PuroPeriodismo You Tube.
El encuentro del viernes tuvo como objetivo tocar aspectos importantes en materia de seguridad y migración entre ambos países, sobre todo porque comparten la misma frontera, destacó un reporte oficial.
Alta tecnología contra el crimen
Los jerarcas ticos constataron recursos de alta tecnología que dispone Panamá para combatir el fenómeno de la inseguridad. Hasta agosto, Panamá registraba 362 homicidios, 40 más que el total de 2022; 65% atribuido a rencillas de bandas narco.
Zamora y Jiménez visitaron el Centro de Fuerza de Tarea Conjunta Contra Blanqueo de Capitales, el Centro de Operaciones Nacional (CON) y el Centro Regional de Operaciones Aeronavales(CROAN) para observar como operan cada una de ellas en su labor de protección a la ciudadanía, añadió la versión oficial.
El intercambio de experiencias, según Seguridad, fortalece una mejor y mayor articulación entre las policías de ambos países para generar estrategias que permitan mejorar la seguridad en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero, migración, trata de personas, resguardo marítimo y aéreo, entre otros.
“Importante que Panamá y Costa Rica sumamos esfuerzos en un trabajo similar, conjunto, y sobre todo hermanable, de dos naciones que enfrentamos el narcotráfico y que además pretendemos que los flujos migratorios sean humanos, que tengan un orden y también un escenario de legalidad en medio de su paso por ambos países”, aseveró el ministro Zamora.
Sostuvo que Panamá tiene avances muy importantes en materia tecnológica que nos ayudarían mucho, sobre todo porque en nuestro país cuenta con un recurso humano limitado, por lo que esta tecnología permitiría avanzar significativamente en la prestación del servicio público de seguridad en Costa Rica.
Costa Rica acumuló ayer 655 homicidios en lo que va de 2023, con lo que este ya es el año más violento en la historia del país al superar los 654 que se contabilizaron en todo 2022, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según el sitio noticioso DW de Alemania.
A poco más de tres meses para que concluya, 2023 ya superó la cantidad de homicidios de todo 2022 y las autoridades prevén que la cifra final podría pasar los 800. La tasa de homicidios de 2022 fue de 12,6 por 100.000 habitantes.
Los datos indican que, al 22 de septiembre de 2023, se contabilizan 655 homicidios, mientras que para la misma fecha del 2022 el número era de 448, lo que significa un incremento del 46,2%
El director del OIJ, Randall Zúñiga, dijo a un canal local que “hay que invertir más en seguridad” para “recuperar al país” ante el incremento de los asesinatos. La mayoría de los homicidios estarían relacionados a grupos criminales vinculados al narcotráfico local y a su expansión a diferentes territorios donde entran en disputa entre sí.
“En San José, hay una alianza de varios grupos criminales que tratan de tomar la plaza de un grupo criminal que está procesado” judicialmente, explicó Zúñiga. Asimismo, el funcionario señaló a la pobreza y a la salida de las personas jóvenes del sistema educativo como factores que los empujan a involucrarse con grupos criminales, añade DW.
La provincia de San José, donde se ubica la capital, es la que más homicidios registra en 2023 con 163, seguido por Limón (Caribe) con 159; Puntarenas (Pacífico) con 105; Alajuela (centro) con 74; Guanacaste (Pacífico) con 67; Cartago (centro) con 50 y Heredia (centro) con 36.
Las empresas de combustibles fósiles no deberían ser incluidas en la cumbre Cop28, dijo Christiana Figueres exjefe climático de la ONU.
“Si van a estar allí sólo para obstruir y poner obstáculos al sistema, no deberían estar allí”, advirtió Figueres, quien fue fundamental para lograr el histórico acuerdo climático de París en 2015, destaca The Guardian de Londres.
Figueres hizo la declaración un día después de que líderes mundiales de más de 100 gobiernos nacionales se reunieran en la cumbre de ambición climática de las Naciones Unidas para delinear nuevos planes para frenar el calentamiento global y adaptarse a sus efectos, en preparación para la Cop28 de este otoño.
Los comentarios se produjeron como parte de una entrevista con la presentadora de NBC News, Zinhle Essamuah, en una conferencia en la Escuela de Periodismo de Columbia en la ciudad de Nueva York convocada por la colaboración periodística global Covering Climate Now y sus socios, incluido The Guardian.
“Me equivoqué”
Figueres argumentó durante años que las empresas de petróleo y gas deberían tener un lugar en la mesa de debates sobre la formulación de políticas climáticas, pero en junio escribió un artículo de opinión en Al Jazeera titulado: “Pensé que las empresas de combustibles fósiles podrían cambiar. Me equivoqué.”
“Se me acabó la paciencia y lo digo con tristeza”, dijo Figueres el jueves sobre su cambio de opinión, según The Guardian.
En los últimos años, señaló, las compañías petroleras han dado marcha atrás en sus promesas climáticas y han presionado continuamente contra las regulaciones, al tiempo que obtienen ganancias récord y “pagan dividendos” a sus accionistas.
“Podrían tener un impacto sorprendente en la aceleración de la descarbonización, pero han decidido no hacerlo”, lamentó.
La justicia panameña será puesta a prueba a partir del 27 de septiembre, cuando está previsto que comience el juicio, equivalente al Núremberg de la corrupción en Panamá: dos expresidentes, sus hijos, familiares y hasta la amante de uno de ellos; seis exministros, sus testaferros, facilitadores y operadores extranjeros serán juzgados por el lavado de dinero de los sobornos de Odebrecht, destaca un informe especial del diario La Prensa de Ciudad Panamá.
Los principales hitos del caso Odebrecht, una cronología que duró 17 años e incluyó $10 mil millones en contratos para una constructora extranjera, con la venia de los organismos de control. Ahora, dos expresidentes podrían ser condenados por lavar el dinero de los sobornos y aportes de campaña. La historia del mayor caso de corrupción en Panamá.
La evidencia contra ellos es monumental. El expediente tiene 915 mil hojas atiborradas de pruebas, como registros bancarios y societarios, documentos oficiales con movimientos migratorios y compra de bienes, esquemas infinitos de la ruta del dinero oscuro y las declaraciones de testigos protegidos, además de las de los imputados, agrega La Prensa.
“Es el mayor atraco de fondos públicos de la historia”, dijo el fiscal Mahmad Daud Hasan durante las audiencias de septiembre de 2022, tras compartir los hallazgos del Ministerio Público desde el 18 de septiembre de 2015, cuando inició la investigación, hasta el 12 de abril de 2021, cuando pidió enjuiciar 50 personas.
Como película del crimen organizado
La trama de Odebrecht en Panamá es tanto o más atractiva que la más taquillera de las películas sobre el crimen organizado, resalta el medio panameño.
Presidentes y ministros recibían al jefe de una empresa extranjera en sus despachos, aceptaban invitaciones a viajes, a fiesta con mujeres, a partidos de fútbol en el extranjero. Juntos, volaban en jets privados y brindaban con carcajadas. Se volvieron compinches. En restaurantes de lujo, hablaban de obras, de lo que costarían y de los precios que inventarían. Decían cosas como “quédese tranquilo, van a tener oportunidades” o “quédese tranquilo, yo le tramito eso”. Entonces entran en escena una manada de abogados, banqueros y testaferros que abren cuentas en paraísos fiscales, crean sociedades y firman papeles para que el botín llegue a su jefe sin que nadie se entere. Pero un puñado de investigadores le siguieron la pista y sus maniobras desencadenaron un escándalo.
Esas escenas, que parecen de película, no son ficción: sucedieron en Panamá entre 2006 y 2016. Desde el momento en que Odebrecht desembarcó en el país para construir un proyecto para el agro, hasta poco después de que la policía de la ciudad de Curitiba destapara la mayor investigación de corrupción de la historia de Brasil y la región –la operación Lava Jato–, la cúpula política y económica tejió una maraña turbia que los volvió ricos con el robo de millones de dólares de las arcas públicas.
Simplificada, la mecánica del desfalco fue así: a Odebrecht se le adjudicaba una licitación –muchas veces con el pliego de cargos arreglado a su favor–; el excedente entre lo que valía y lo que la empresa decía que valía –sobrevaloración– viajaba a la Caja 2 del Sector Operaciones Estructuradas –que no era otra cosa que la oficina de coimas–, y desde ahí era repartido en sobornos a políticos y empresarios que garantizaban esos contratos, a través de una estructura offshore diseñada para que los delincuentes pasaran inadvertidos. Saldadas las coimas, la empresa conseguía más dinero para alimentar esa caja: más contratos –o adendas– con precios inflados.
En un listado de 23 proyectosadjudicados a Odebrecht entre 2006 y 2019 por más de $10,625 millones, La Prensa identificó una diferencia entre el precio inicial y el precio final de $2,305 millones. Se trata de obras autorizadas por tres presidentes de la República, de tres partidos distintos. Durante ese tiempo, en un país donde hay atascos vehiculares de tres horas para llegar a trabajar y el suministro de agua se corta cada dos por tres, la empresa repartió más de $130 millones en sobornos. ¿Cómo lo hizo?
Solo en 4 de las 23 obras rastreadas por La Prensa, Odebrecht no subió los costos, aunque ello no significa que los precios no estuvieran inflados de antemano. En las 19 restantes, hubo aumentos que totalizaron $2,305,452,566. En el remoto caso de que no se inflaron los valores de antemano, los panameños debieron haber pagado $8,320 millones en total, pero terminaron pagando $10,625 millones en los gobiernos de Martín Torrijos (2004-2009), del Partido Revolucionario Democrático (PRD); de Ricardo Martinelli (2009-2014), de Cambio Democrático, y Juan Carlos Varela (2014-2019), del Panameñista.
Para dimensionar tal cantidad de dinero, con $2,305 millones Panamá podría cubrir el déficit fiscal actual, construir mil escuelas o más de 20 mil canchas sintéticas. Alcanza y sobra también para comprar 687 millones de dosis de antihipertensivos, uno de los medicamentos más solicitados en farmacias. Así que lo que no se hizo por andar pagando sobornos representa otro costo, que es el costo social de la corrupción: niños sin escuelas ni canchas o parques para jugar, adultos sin medicamentos y localidades aisladas por falta de caminos.
Un avasallante legado de corrupción
En Panamá no hubo sorpresa cuando, en 2014, la Operación Lava Jato desenrolló la mayor red de corrupción de la región. Odebrecht era una vieja conocida para organizaciones, periodistas y la ciudadanía alejada, pero siempre pendiente de los arreglos bajo la mesa que a partir de este juicio serían exhibidos de manera descarnada. Ya lo sabían: Odebrecht era una aplanadora que conquistaba cualquier poder de turno a punta de “favores”.
Solo en la web de La Prensa, hay 2,004 artículos publicados con la etiqueta de Odebrecht desde 2007 hasta el momento exacto en que la policía federal de Brasil destapó el esquema de empresas brasileñas involucradas en lavado de dinero, sobornos y financiamiento ilícito a campañas en América Latina. El primero de ellos, del 21 de enero de 2007, avisaba a propósito de una maniobra contractual para garantizar su entrada –en reemplazo de Pycsa– en la autopista Panamá-Colón: “Odebrecht no llega a Panamá con un historial limpio […] ha sido acusada de corrupción en Brasil y Perú, y de incumplir un contrato en Venezuela”.
Las sospechas fueron apenas un suspiro para el tsunami que vendría.
Diez años después de esa noticia, las evidencias sobraban. Desde sobrecostos que podrían sobrepasar los más de $2 mil millones en contratos amañados, pasando por la detención de Marcelo Odebrecht en Brasil, hasta las delaciones de ejecutivos que filtraron medios panameños –por ejemplo, la de Luiz Antonio Mameri, quien aseguró que hubo pagos al hoy exministro de la Presidencia Demetrio “Jimmy” Papadimitriu por $4 millones– o declaraciones de operadores financieros, como Rodrigo Tacla Durán, que atribuyó la impunidad del caso en sus inicios a la amistad entre el entonces presidente Juan Carlos Varela y el representante de Odebrecht en Panamá, André Luiz Campos Rabello. Pero los organismos de control no reaccionaban, pese a que voces de la sociedad civil así lo exigían, y la justicia se resistía a investigar.
Mientras en Perú, Colombia y Ecuador abrían procesos que incluían a expresidentes y presidentes en ejercicio, las cúpulas políticas y empresariales, en Panamá había silencio institucional, y la aplanadora brasilera aturdía como siempre: seguía quedándose con las obras más importantes, como la línea 2 del Metro y la renovación de Colón. Odebrecht parecía más sagrada que el Canal.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, criticó, sin citar nombres, a quienes aseguran “con ligereza” que en Costa Rica no se hizo nada bueno en los últimos 40 años.
“No deja de sorprender cuando algunas personas, con mucha ligereza, aseguran que nada bueno se ha hecho Costa Rica en los últimos cuarenta años”, recriminó Arias en un acto de la Academia de Centroamérica, la noche del miércoles 20 de setiembre, en que fue presentada la obra: Propuesta para un Mejor Futuro: Construyendo una Hoja de Ruta para Avanzar en el Desarrollo de Costa Rica.
“Al comparar la Costa Rica de los años 80 con la de hoy, podemos afirmar sin mezquindad que, gracias a las acciones de los diversos gobiernos y de los actores económicos y sociales a través de los años, logramos crear un mejor futuro”, afirmó en el acto celebrado en el Salón de Expresidentes del Congreso.
“Un claro ejemplo es don Eduardo Lizano -aquí presente-, quien lideró en buena medida la transformación y evolución económica de Costa Rica en las últimas décadas -y sigue siendo hoy una fuente obligatoria para todos los interesados en el desarrollo nacional”, destacó.
“Creo importante que al hablar del futuro, tengamos muy presente donde estábamos hace pocos años y qué fue lo que hicimos”, aseveró.
“No debe caber la duda de que, como nación, hemos conseguido grandes logros y que tenemos grandes sueños por delante”, dijo.
“Sin embargo, tenemos también grandes desafíos”, admitió.
“Arrastramos algunas falencias desde hace muchos años que actúan como lastre para dar el anhelado salto hacia el desarrollo”, lamentó.
“Es imperativo tomar y ejecutar decisiones que nos permitan seguir avanzando”, demandó.
“Siempre hemos aspirado a ser una sociedad desarrollada donde cada costarricense y cada habitante del territorio nacional goce de su libertad y de condiciones dignas de vida”, planteó.
“La realidad del presente –dijo– nos señala cuán lejos estamos de alcanzar ese sueño”.
“El progreso social que hemos logrado, importante como es, no es suficiente”, sostuvo.
Destacó que en la década de los años ochenta “no sabíamos que Costa Rica llegaría a tener en el turismo una de sus principales fuentes de ingresos que hoy representa casi un tercio de sus exportaciones, ni que seríamos el destino de empresas de alta tecnología como Intel, o ser uno de los mayores “hubs” del mundo en la producción de dispositivos médicos”.
“A veces se olvida, porque es algo por completo acoplado a nuestra forma de vida, que hace menos de 15 años, un ciudadano o ciudadana debía esperar más de seis meses para obtener una línea de teléfono celular. Eso se terminó cuando logramos romper el monopolio de las telecomunicaciones”, resaltó.
“¿Quién diría a principios de los ochenta que Costa Rica sería miembro de instancias internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico?”, interrogó.
“Si bien mucho hemos avanzado en los aspectos citados, es lo cierto que aún no alcanzamos la plenitud de nuestras aspiraciones históricas. Siempre hemos aspirado a ser una sociedad desarrollada donde cada costarricense goce de su libertad”, añadió
“Costa Rica ha sido reconocida a nivel internacional por su compromiso con la democracia, el sistema de libertades, la sostenibilidad ambiental y el bienestar de sus habitantes”, enfatizó.
“Cuando las cosas van mal – decía don José Figueres Ferrer – hay que luchar. Cuando van bien hay que emprender nuevas luchas.” Estamos en un momento crucial de nuestra historia y es imperativo seguir luchando”, advirtió.
“En este contexto histórico el documento que hoy se nos presenta, es un ejemplo de la capacidad extraordinaria de nuestra sociedad para reflexionar, debatir y proponer soluciones a sus problemas y desafíos”, manifestó.
Alabó, por ello, la iniciativa de la Academia de Centroamérica que valora la generación de conocimientos sobre las realidades nacionales y tiene la capacidad de traducir esos conocimientos en propuestas concretas.
“Agradezco a la Academia de Centroamérica por liderar este esfuerzo y por brindarnos una visión fresca y fundamentada sobre el camino que podríamos seguir”, añadió.
“Puede ser que no todos estemos de acuerdo en la totalidad de las propuestas, pero ellas contribuyen a elevar la calidad del diálogo nacional y del debate público sobre nuestro desarrollo como país”, remarcó.
