Costa Rica ha sido un faro de la libertad de prensa en América Latina, y en especial en Centroamérica, pero con la llegada al poder del presidente Rodrigo Chaves el ambiente se enrarece, destaca el prestigioso sitio de noticias alemán
Especial PuroPeriodismo/DW, Alemania
“La animadversión del jefe del Ejecutivo de Costa Rica, Rodrigo Chaves, hacia la prensa refleja su apuesta por la polarización”, dice a DW Artur Romeu, director de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para América Latina, desde Rio de Janeiro. “Todo el que no esté a favor de Chaves está en contra de él”, parece ser la estrategia sectarista del presidente de Costa Rica, cita un informe de DW.
No en vano, en el reporte 2023 de RSF, Costa Rica cayó del octavo al puesto 23 en el ranking mundial de libertad de prensa, por detrás de Namibia, por ejemplo. Pero aún está en una situación incomparable al deterioro y ausencia de libertad de prensa en Nicaragua, Honduras o El Salvador.
Ataques como “estrategia sectarista”
Rodrigo Chaves, líder del Partido Progreso Social Democrático (PSD), de derechas, asumió la presidencia de Costa Rica el 8 de mayo de 2022 y su periodo se extenderá hasta el 2026, sin opción constitucional a la reelección.
Rodrigo Chaves y sus ataques contra la prensa y críticos de su administración están prendiendo las alarmas no solo en la prensa independiente, sino en las instituciones democráticas y la sociedad civil costarricenses, y en la comunidad internacional.
“La historia de animadversión del presidente Rodrigo Chaves contra la prensa independiente tiene visos de venganza, a raíz de revelaciones nacionales e internacionales sobre su conducta en el Banco Mundial, en donde estuvo 30 años, antes de regresar a Costa Rica”, dice a DW Raúl Silensky, presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión de Costa Rica, según dicho sitio.
El país registró hasta el 31 de julio 513 homicidios, según reportó el OIJ.
Las provincias de San José (130), Limón (126) y Puntarenas (80) sumaban 336, para 66% de los casos.
El informe lo brindó el Organismo de Investigación Judicial a la 1:21 p.m. de lunes, tras un fin de semana con al menos ocho asesinatos cometidos en diferentes localidades del país.
La cifra de los primeros meses alcanzó 513 casos con dos hechos adicionales a la entrega de dicho reporte.
San José encabezaba el listado con 130 casos con un crecimiento de 48% versus el mismo periodo del año anterior en que registró 68.
Limón con 126 hechos versus 90 mostraba un incremento del 29%.
Puntarenas pasó de 57 hechos a 80 hasta ayer con una alza de 29%.
Guanacaste con 52 casos, versus 36, mostraba una alza de 31%.
También registraron más hechos en este periodo: Heredia que pasó de 24 a 30 homicidios, hasta ayer, y Cartago de 22 a 36 en el mismo periodo.
La única provincia que mostraba tendencia a la baja fue Alajuela que registraba 57 casos hasta ayer a mediodía versus los 65 del mismo periodo 2022.
La tendencia de las cifras hace presagiar a las autoridades que el paìs cerrará 2023 con otra cifra récord de unos 900 casos.
Distintas acciones policiales interinstitucionales no han podido frenar la violenta ola criminal que el año anterior llevó a una primr cifra récord en cinco apos de 556 casos.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, quien asumió el 10 de mayo, atribuye la ola de violencia a carteles mexicanos de la droga que pretenden dominar en el mercado de exportación narco desde Costa Rica.
Parte de las acciones implicaron la toma policial de las instalaciones de la megaterminal portuaria APM Terminals en Moín para frenar las pretensiones de los carteles por afianzar sus operaciones en dicho sitio.
Zamora fijó como prioridad de su gestión atacar el sicariato, vinculado a grupos narco en disputa de territorios, pero hasta ahora las acciones policiales no han logrado frenar la ejecución de sangrientos hechos.
Uno de ellos ocurrió en el fin de semana en Guápiles cuando tres particulares fueron acribillados por desconocidos y un cuarto quedo herido en un presumido ajuste de cuentas narco.
Edgar Fonseca, editor/Foto You Tube Asamblea Legislativa
Gabriel Aguilar Vargas, jefe de despacho del presidente Rodrigo Chaves, reconoció hoy ante diputados haber llamado a la expresidenta del PANI, Gloriana López Fuscaldo, en un caso relacionado con la custodia de los hijos del empresario Leonel Baruch.
Negó que se hubiese comunicado con ella por órdenes del mandatario.
La llamada telefónica, dijo, fue por su propia iniciativa.
Así lo declaró ante diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
“Yo hablé con doña Gloriana. Eso no lo voy a negar”, respondió Aguilar Vargas ante consultas de la diputada Andrea Álvarez, PLN.
“Lo repito y lo dejo claro, el presidente no giró ninguna orden de que contactara a Gloriana para que se refiriera a un caso en específico”, enfatizó Aguilar convocado luego que la expresidenta PANI revelara el 20 de julio en dicha comisión la supuesta llamada de presión en el caso de los hijos de Baruch por parte de Casa Presidendial.
“No he cometido absolutamente nada ilegal, como fueron las palabras de la misma doña Gloriana, si es que son ciertas, de que yo no le pedí expresamente que cometiera nada ilegal”, insistió el asesor presidencial.
Causa abierta
Aguilar se abstuvo de ampliar en algunas de las respuestas debido a que el caso de la supuesta llamada de presión fue denunciado ante la Fiscalía por Baruch.
La denuncia la planteó el empresario contra el presidente Chaves y otras cinco personas, entre ellas dicho asesor.
Según Aguilar la denuncia de Baruch es “prematura, intimidatoria y hostil” .
“El tema está judicializado y a mí me cobija un derecho de rango constitucional”, alegó ante los diputados.
Presunto tráfico de influencias
El fiscal general Carlo Díaz Sánchez confirmó este lunes la apertura de una causa contra el presidente Chaves y otras cinco personas denunciadas penalmente la semana anterior por el empresario Baruch accionista del sitio CR Hoy y del Banco BCT.
Respecto a su consulta, la Fiscalía General confirmó que, a raíz de la denuncia interpuesta por el señor Baruch, abrió una causa bajo el expediente 23-000056-0033-PE, en el que figuran como denunciadas seis personas, de apellidos Chaves Robles, Rodríguez Vives, Aguilar Vargas, Ohana Beladel, Caravaca Zúñiga y González Mora, respondió Daniel Quesada, vocero del Ministerio Público, ante consulta de este editor. La respuesta la hizo llegar a las 2:58 p.m.
Según dicha fuente, la causa se tramita por el presunto delito de tráfico de influencias.
Debido a que se encuentra en una etapa privada, no es posible brindar más información, ya que así lo establece el artículo del Código Procesal Penal, añadió.
Baruch denunció a Chaves y cinco personas más al alegar supuestas presiones desde Casa Presidencial en el caso del trámite de un proceso de custodia de sus hijos ante el Patronato nacional de la Infancia.
Las supuestas presiones las reveló la expresidenta el PANI, Gloriana López Fuscaldo, el 20 de julio ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
López dejó el país el sábado y se “autoexilió” en Panamá al alegar presiones en su contra.
Casa Presidencial negó dichas resiones.
Yafit Ohana Beladel, esposa de Baruch, en disputa de divorcio, confirmó el viernes 28 de julio haber visitado Casa Presidencial en seis ocasiones entre julio y octubre 2022, con dos encuentros con el presidente Chaves.
“En ninguna de ellas se abordaron temas relacionados con mi divorcio o con mi situación personal, ni le pedí a nadie que interviniera en mis procesos de ningún modo”, afirmó.
Negó las alegadas presiones en el caso del trámite ante el PANI y dijo que las visitas suyas a la Presidencia fueron para tratar temas de impuestos y VIH.
La denuncia de Baruch
Adjunto texto completo del comunicado a nombre del empresario Leonel Baruch:
CRISTIAN ARGUEDAS, ABOGADO DE LEONEL BARUCH, Y QUIEN FUERA PROPUESTO POR EL PRESIDENTE CHAVES PARA OCUPAR EL CARGO DE PROCURADOR GENERAL REPUBLICA, PRESENTÓ HOY DENUNCIA PENAL EN CONTRA DEL PRESIDENTE RODRIGO CHAVES ROBLES Y OTRAS CINCO PERSONAS, POR EL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN
San José, Costa Rica, 25 de julio 2023.
El día de hoy, Leonel Baruch, por intermedio de su abogado Cristian Arguedas, presentó ante el Fiscal General, una denuncia penal contra el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y otros por el delito de tráfico de influencias, con la esperanza que dicha denuncia sea tramitada con prontitud dada la gravedad de los hechos.
Con el único propósito de proteger a sus hijos menores de edad, Leonel Baruch ha mantenido total reservafrente a las sospechas de abusos del Presidente junto con la Señora Ohana, de haber ejecutado actos en claro perjuicio de sus hijos. Dado que ya hoy los desafortunados hechos han resultado públicos, y han dejado de ser una presunción para quedar demostrados como ciertos, no queda otra alternativa que las acciones legales emprendidas hoy contra el Presidente de la República y demás participantes ensemejantes acciones, guardando la confianza y respeto en la institucionalidad judicial del país.
La denuncia establece la relación de hechos que inicia con la contribución de la Señora Yafit Ohana con la Presidencia de la República, para la elaboración del contenido del Tik Tok que sirvió de base para la acusación del falso mega-caso de evasión fiscal anunciado por la Administración Chaves Robles. Dicha denuncia resultó ser un abuso del Gobierno al instrumentalizar la Administración Tributaria para perseguir a aquellos que se les oponen, que defienden la democracia, la institucionalidad, las libertades individuales y denuncian sus actuaciones autoritarias y de abuso de poder para beneficio propio y de sus allegados. En aparente “pago” por los servicios brindados por la Señora Ohana a la Presidencia, el Presidente Chavesincurre en actos propios de tráfico de influencias, penado por el Artículo 52 de la Ley contra la corrupción.
Las personas denunciadas penalmente son:
RODRIGO CHAVES ROBLES, Presidente de la República.
GABRIEL AGUILAR VARGAS, actual Jefe de Despacho de la Presidencia de la República.
YAFIT OHANA BELADEL
RICARDO GONZALEZ MORA, abogado de la Señora Yafit Ohana.
ADILIA CARAVACA ZÚÑIGA. Presidenta Ejecutiva del INAMU, y Ministra de la Condición de la Mujer.
JORGE RODRIGUEZ VIVES. Actual Ministro de Información y ex jefe de Despacho del Presidente Chaves Robles.
PRIMER TRAFICO DE INFLUENCIAS: Presión indebida a la ex presidenta del PANI y ex Ministra de la Niñez para que actúe en favor de Yafit Ohana en un caso en el PANI que afecta, y sigue afectando a los hijos de Leonel Baruch. Este hecho fue denunciado por la propia ex directora del PANI, bajo juramento, ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
SEGUNDO TRAFICO DE INFLUENCIAS: Presión indebida a Adilia Caravaca Zúñiga, Presidenta actual del INAMU y Ministra de la Condición de la Mujer, para que el INAMU coadyuve a favor de la Señora Ohana enun caso de falsa violencia doméstica, así como en el expediente de la demanda de divorcio planteada por Leonel Baruch contra la Señora Ohana hace más de 5 años. La coadyuvancia coincide en tiempo con las acciones solicitadas al PANI y las múltiples visitas de la Señora Ohana a la Presidencia. Dichas acciones del INAMU constan en las actas de la institución, sin que se consignen las razones de semejantes acciones,salvo la supuesta beligerancia de crhoy.com para con la institución y el Gobierno. La Ministra dice, además, ydentro del contexto de la coadyuvancia, como consta en el acta respectiva: “… y yo si concuerdo que decir mucho ahorita es como atraer la atención a algo que no nos correspondía…”
MANIPULACION Y FALSEDAD DE UN PROCESO DE VIOLENCIA DOMESTICA
Como parte de su estrategia, Doña Yafit Ohana, con quien Leonel Baruch está separado desde hace más de cinco años, ha manipulado el sistema judicial, con la evidente complicidad del Presidente de la República y sus subalternos, pues los hechos que hoy se denuncian así lo evidencian, manipulando a la administración de justicia sobre una falsa violencia doméstica.
El 29 de setiembre del 2022, la Señora Ohana se presentó a las oficinas del Juzgado de Violencia doméstica de Escazú, para denunciar falsamente a Leonel Baruch (expediente: 22- 000351-1782-VD) por actos en los que Leonel Baruch ni siquiera estuvo presente, sino por supuesta “perturbación” de empleados de una sociedad de la que Leonel Baruch es beneficiario final, pretendiendo la Señora Ohana apropiarse sin derecho alguno, de inmuebles colindantes con la residencia temporal actual de la Señora Ohana, que no son de ella, ni están en disputa en ninguna instancia judicial, ni siquiera como ganancial en el proceso de divorcio, toda vez que dichas propiedades le pertenecen a la sociedad, desde antes de que a Señora Ohana entrara a la escuela primaria. Debe llamar la atención que esta denuncia se hace 10 días después de la quinta visita de la Señora Ohana a la Presidencia y 6 días antes de la sexta visita.
Esa solicitud fue totalmente rechazada por dicho juzgado de Escazú, porque no existía mérito alguno. Como le negaron lo que quería, ese mismo día 29 de setiembre del 2022, cerca de la media noche, se presentó al Juzgado de Turno Extraordinario de Violencia
Doméstica del II Circuito Judicial de Goicoechea, a pedirles lo mismo que ya le habían rechazado en Escazú (expediente 22-004117-0674-VD). Dicho Juzgado, sin tener conocimiento de la resuelto por el Juzgado de Escazú, le acogió parcialmente la medida cautelar, como resulta de procedimiento antedenuncias de estos temas. Cabe resaltar que la denuncia nunca fue por actos de supuesta violencia de Leonel Baruch, que ni siquiera estuvo presente cuando se dieron los hechos denunciados. Esto fue finalmente resuelto por el Tribunal de Familia en asuntos de violencia doméstica de San José, cuando resolvió la apelación de la Señora Ohana en el voto número 222-2023 del 14 de julio de 2023, en que rechazó todas sus pretensiones.
Por estas acciones de abuso de las instancias judiciales y litigar de mala fe, la Señora Ohana y su abogado Ricardo González Mora fueron denunciados ante la Fiscalía de Goicoechea por el delito de “estafa procesal” (Expediente 23-000474-0175). Y es precisamente en el proceso que origina esta acusación penal de estafa procesal que la Ministra de la Condición de la Mujer se presenta a apoyar las improcedentes pretensiones de la Señora Ohana, con propósitos aparentemente extorsivos, para lucrar con ello y obtener beneficios que no le corresponden ni legal, ni moralmente. Sería maravilloso que la Ministra Caravaca se apersone a coadyuvar en los procesos de verdadera violencia doméstica de mujeres en estado de indefensión, pero no lo hace. Parece que solo lo hace cuando hay un interés especial del Presidente de la República de ejercer el poder en claro tráfico de influencias.
Espera Leonel Baruch que la Señora Ohana recapacite sobre sus acciones y enmiende el daño que le ha causado a sus hijos.
El fiscal general Carlo Díaz Sánchez confirmó este lunes la apertura de una causa contra el presidente Rodrigo Chaves y otras cinco personas denunciadas penalmente la semana anterior por el empresario Leonel Baruch accionista del sitio CR Hoy y del Banco BCT.
Respecto a su consulta, la Fiscalía General confirmó que, a raíz de la denuncia interpuesta por el señor Baruch, abrió una causa bajo el expediente 23-000056-0033-PE, en el que figuran como denunciadas seis personas, de apellidos Chaves Robles, Rodríguez Vives, Aguilar Vargas, Ohana Beladel, Caravaca Zúñiga y González Mora, respondió Daniel Quesada, vocero del Ministerio Público, ante consulta de este editor. La respuesta la hizo llegar a las 2:58 p.m.
Según dicha fuente, la causa se tramita por el presunto delito de tráfico de influencias.
Debido a que se encuentra en una etapa privada, no es posible brindar más información, ya que así lo establece el artículo del Código Procesal Penal, añadió.
Baruch denunció a Chaves y cinco personas más al alegar supuestas presiones desde Casa Presidencial en el caso del trámite de un proceso de custodia de sus hijos ante el Patronato nacional de la Infancia.
Las supuestas presiones las reveló la expresidenta el PANI, Gloriana López Fuscaldo, el 20 de julio ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
López dejó el país el sábado y se “autoexilió” en Panamá al alegar presiones en su contra.
Casa Presidencial negó dichas resiones.
Yafit Ohana Beladel, esposa de Baruch, en disputa de divorcio, confirmó el viernes 28 de julio haber visitado Casa Presidencial en seis ocasiones entre julio y octubre 2022, con dos encuentros con el presidente Chaves.
“En ninguna de ellas se abordaron temas relacionados con mi divorcio o con mi situación personal, ni le pedí a nadie que interviniera en mis procesos de ningún modo”, afirmó.
Negó las alegadas presiones en el caso del trámite ante el PANI y dijo que las visitas suyas a la Presidencia fueron para tratar temas de impuestos y VIH.
La denuncia de Baruch
Adjunto texto completo del comunicado a nombre del empresario Leonel Baruch:
CRISTIAN ARGUEDAS, ABOGADO DE LEONEL BARUCH, Y QUIEN FUERA PROPUESTO POR EL PRESIDENTE CHAVES PARA OCUPAR EL CARGO DE PROCURADOR GENERAL REPUBLICA, PRESENTÓ HOY DENUNCIA PENAL EN CONTRA DEL PRESIDENTE RODRIGO CHAVES ROBLES Y OTRAS CINCO PERSONAS, POR EL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN
San José, Costa Rica, 25 de julio 2023.
El día de hoy, Leonel Baruch, por intermedio de su abogado Cristian Arguedas, presentó ante el Fiscal General, una denuncia penal contra el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y otros por el delito de tráfico de influencias, con la esperanza que dicha denuncia sea tramitada con prontitud dada la gravedad de los hechos.
Con el único propósito de proteger a sus hijos menores de edad, Leonel Baruch ha mantenido total reservafrente a las sospechas de abusos del Presidente junto con la Señora Ohana, de haber ejecutado actos en claro perjuicio de sus hijos. Dado que ya hoy los desafortunados hechos han resultado públicos, y han dejado de ser una presunción para quedar demostrados como ciertos, no queda otra alternativa que las acciones legales emprendidas hoy contra el Presidente de la República y demás participantes ensemejantes acciones, guardando la confianza y respeto en la institucionalidad judicial del país.
La denuncia establece la relación de hechos que inicia con la contribución de la Señora Yafit Ohana con la Presidencia de la República, para la elaboración del contenido del Tik Tok que sirvió de base para la acusación del falso mega-caso de evasión fiscal anunciado por la Administración Chaves Robles. Dicha denuncia resultó ser un abuso del Gobierno al instrumentalizar la Administración Tributaria para perseguir a aquellos que se les oponen, que defienden la democracia, la institucionalidad, las libertades individuales y denuncian sus actuaciones autoritarias y de abuso de poder para beneficio propio y de sus allegados. En aparente “pago” por los servicios brindados por la Señora Ohana a la Presidencia, el Presidente Chavesincurre en actos propios de tráfico de influencias, penado por el Artículo 52 de la Ley contra la corrupción.
Las personas denunciadas penalmente son:
RODRIGO CHAVES ROBLES, Presidente de la República.
GABRIEL AGUILAR VARGAS, actual Jefe de Despacho de la Presidencia de la República.
YAFIT OHANA BELADEL
RICARDO GONZALEZ MORA, abogado de la Señora Yafit Ohana.
ADILIA CARAVACA ZÚÑIGA. Presidenta Ejecutiva del INAMU, y Ministra de la Condición de la Mujer.
JORGE RODRIGUEZ VIVES. Actual Ministro de Información y ex jefe de Despacho del Presidente Chaves Robles.
PRIMER TRAFICO DE INFLUENCIAS: Presión indebida a la ex presidenta del PANI y ex Ministra de la Niñez para que actúe en favor de Yafit Ohana en un caso en el PANI que afecta, y sigue afectando a los hijos de Leonel Baruch. Este hecho fue denunciado por la propia ex directora del PANI, bajo juramento, ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
SEGUNDO TRAFICO DE INFLUENCIAS: Presión indebida a Adilia Caravaca Zúñiga, Presidenta actual del INAMU y Ministra de la Condición de la Mujer, para que el INAMU coadyuve a favor de la Señora Ohana enun caso de falsa violencia doméstica, así como en el expediente de la demanda de divorcio planteada por Leonel Baruch contra la Señora Ohana hace más de 5 años. La coadyuvancia coincide en tiempo con las acciones solicitadas al PANI y las múltiples visitas de la Señora Ohana a la Presidencia. Dichas acciones del INAMU constan en las actas de la institución, sin que se consignen las razones de semejantes acciones,salvo la supuesta beligerancia de crhoy.com para con la institución y el Gobierno. La Ministra dice, además, ydentro del contexto de la coadyuvancia, como consta en el acta respectiva: “… y yo si concuerdo que decir mucho ahorita es como atraer la atención a algo que no nos correspondía…”
MANIPULACION Y FALSEDAD DE UN PROCESO DE VIOLENCIA DOMESTICA
Como parte de su estrategia, Doña Yafit Ohana, con quien Leonel Baruch está separado desde hace más de cinco años, ha manipulado el sistema judicial, con la evidente complicidad del Presidente de la República y sus subalternos, pues los hechos que hoy se denuncian así lo evidencian, manipulando a la administración de justicia sobre una falsa violencia doméstica.
El 29 de setiembre del 2022, la Señora Ohana se presentó a las oficinas del Juzgado de Violencia doméstica de Escazú, para denunciar falsamente a Leonel Baruch (expediente: 22- 000351-1782-VD) por actos en los que Leonel Baruch ni siquiera estuvo presente, sino por supuesta “perturbación” de empleados de una sociedad de la que Leonel Baruch es beneficiario final, pretendiendo la Señora Ohana apropiarse sin derecho alguno, de inmuebles colindantes con la residencia temporal actual de la Señora Ohana, que no son de ella, ni están en disputa en ninguna instancia judicial, ni siquiera como ganancial en el proceso de divorcio, toda vez que dichas propiedades le pertenecen a la sociedad, desde antes de que a Señora Ohana entrara a la escuela primaria. Debe llamar la atención que esta denuncia se hace 10 días después de la quinta visita de la Señora Ohana a la Presidencia y 6 días antes de la sexta visita.
Esa solicitud fue totalmente rechazada por dicho juzgado de Escazú, porque no existía mérito alguno. Como le negaron lo que quería, ese mismo día 29 de setiembre del 2022, cerca de la media noche, se presentó al Juzgado de Turno Extraordinario de Violencia
Doméstica del II Circuito Judicial de Goicoechea, a pedirles lo mismo que ya le habían rechazado en Escazú (expediente 22-004117-0674-VD). Dicho Juzgado, sin tener conocimiento de la resuelto por el Juzgado de Escazú, le acogió parcialmente la medida cautelar, como resulta de procedimiento antedenuncias de estos temas. Cabe resaltar que la denuncia nunca fue por actos de supuesta violencia de Leonel Baruch, que ni siquiera estuvo presente cuando se dieron los hechos denunciados. Esto fue finalmente resuelto por el Tribunal de Familia en asuntos de violencia doméstica de San José, cuando resolvió la apelación de la Señora Ohana en el voto número 222-2023 del 14 de julio de 2023, en que rechazó todas sus pretensiones.
Por estas acciones de abuso de las instancias judiciales y litigar de mala fe, la Señora Ohana y su abogado Ricardo González Mora fueron denunciados ante la Fiscalía de Goicoechea por el delito de “estafa procesal” (Expediente 23-000474-0175). Y es precisamente en el proceso que origina esta acusación penal de estafa procesal que la Ministra de la Condición de la Mujer se presenta a apoyar las improcedentes pretensiones de la Señora Ohana, con propósitos aparentemente extorsivos, para lucrar con ello y obtener beneficios que no le corresponden ni legal, ni moralmente. Sería maravilloso que la Ministra Caravaca se apersone a coadyuvar en los procesos de verdadera violencia doméstica de mujeres en estado de indefensión, pero no lo hace. Parece que solo lo hace cuando hay un interés especial del Presidente de la República de ejercer el poder en claro tráfico de influencias.
Espera Leonel Baruch que la Señora Ohana recapacite sobre sus acciones y enmiende el daño que le ha causado a sus hijos.
Un total de 18 personas, entre ellas el actual ministro de Justicia, Gerald Campos, y el actual director interino, Randall Zúñiga, irán a las entrevistas finales para escoger al nuevo director general del OIJ.
El cargo está vacante desde el 2 de noviembre 2022 tras el repentino fallecimiento del entonces director Lic. Walter Espinoza, de 54 años.
El Poder Judicial informó que la experiencia, conocimiento académico y plan de trabajo de las personas que aspiran a ocupar el cargo de Director o Directora del OIJ son algunos de los temas que se abordarán en las entrevistas públicas que realizará la Comisión de Nombramientos de la Corte Suprema de Justicia.
Las entrevistas las realizarán magistrados durante los días 3, 4, 10 y 11 de agosto.
Las harán mediante la transmisión vía Livestream del Poder Judicial.
Se abre una ventana para conocer el pensamiento y propuestas de trabajo de quienes aspiran a dirigir la Policía Judicial, enfatizó un comunicado oficial.
Las sesiones iniciarán a partir de las 8 de la mañana y finalizarán hasta la última entrevista programada del día. Las personas aspirantes se recibirán siguiendo el listado en orden alfabético, se informó.
La Comisión de Nombramientos de la Corte y la Dirección de Gestión Humana garantizan el acceso a la información dentro del proceso de reclutamiento y selección, que es competencia de la Corte Plena, ratificó la versión institucional.
– Fiscal adjunto agrario ambiental interino (puesto actual, de abril a octubre del 2021 y de agosto a diciembre del 2019), fiscal adjunto penal juvenil (2020-2021), fiscal adjunto de Puntarenas interino (junio a agosto del 2019), jefe de la Fiscalía de Pavas (2013-2016).
—Marcela Ortiz Bonilla (94,0):
– Directora general adjunta del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) (2020-2022), Especialista en drogas ilícitas y oficial de enlace en la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (2019-2020), Analista de inteligencia y coordinadora en la Unidad de Programas de Inteligencia del ICD (2004-2018).
—Randall Antonio Zúñiga López (94,0):
–Director general interino del OIJ (Noviembre 2022-actualidad), subdirector del OIJ (Mayo a octubre del 2022), jefe de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) (2018-2022), subjefe de la OPO (2013-2018), jefe de la Plataforma de Información Policial (2012-2013).
—Gerald Campos Valverde (93,5):
–Ministro de Justicia y Paz (2022-actualidad), subdirector general del OIJ (2013-2022), director general interino del OIJ (julio a noviembre del 2015).
—Manuel Gerardo Fallas Calderón (93,49):
–Juez penal (2012-actualidad).
—Gregorio Javier Quesada Quesada (93,0):
–Jefe de investigación judicial en el OIJ (1995-actualidad).
—Hugo Gerardo Monge Delgado (92,84):
– Juez 4 (2018-actualidad), jefatura en delegación regional del OIJ (2021-2022), jefe Sección de Capturas (2018), jefe Sección de Robo de Vehículos (2018), jefe del Departamento de Investigaciones Criminales (2017), jefe Sección de Crimen Organizado (2017), jefe Sección de Homicidios (2014-2017), jefe Sección de Delitos Contra la Integridad Física y Delitos de Género (2014), jefe de Análisis Criminal (2013), analista criminal (2010-2013).
—Dixon Alberto Carvajal Barrantes (92,69):
– OIJ de Liberia (2022), jefe del OIJ de Puntarenas (2021-2022), jefe de Investigación del OIJ de San Ramón (2020-2021), jefe del OIJ de San Carlos (2020), jefe de la Oficina de Protección a Víctimas y Testigos (2019), jefe del OIJ de Quepos (2015), jefe del OIJ de Puntarenas (2014), jefe de Investigación 3 del OIJ de Puntarenas (2010-2020).
—Rodolfo Francisco Arce Hernández (92,5):
–Subjefe de la OPO (2022), jefe de la Plataforma de Información Policial (2010-2022).
—Román Gustavo Marchena Marín (90,0):
–Jefe profesional de Investigación 2 y jefe del OIJ de Cartago (2022-actualidad), jefe profesional de Investigación 2 y jefe del OIJ de Pococí-Guácimo (2019-2022), jefe profesional de Investigación 2 y jefe del OIJ de Limón (2014-2019), jefe de Investigación 3 y subjefe del OIJ de Pococí-Guácimo (2013-2014), jefe de Investigación 3 del OIJ de Siquirres (2008-2013).
—Nills Gustavo Rojas Jara (90,0):
Títulos: Licenciatura en Derecho y Notariado en la Universidad de San José.
–Jefe del OIJ de San Carlos (2018-actualidad), jefe del OIJ de Sarapiquí (2014-2018), jefe del OIJ de Puriscal (2009-2014).
—Luis Guillermo Víquez Esquivel (89,35):
–Jefe Administrativo 3 de la Oficina de Recepción de Denuncias del OIJ (2013-2022), jefe de Unidad en Otros Delitos de la Sección de Fraudes (2013), jefe de Unidad de Robo de Viviendas de la Sección de Robos (2008-2013).
—Joaquín Rodolfo Sánchez Ramos (88,28):
–Jefe de la Sección de Anticorrupción del OIJ (2019-actualidad), jefe de la Sección de Asaltos (2018-2019), jefe de la Sección de Delitos Varios (2018), jefe de la Sección Especializada de Tránsito (2017), jefe de la sección de Delitos contra la Integridad Física, Trata y Tráfico de Personas (2016), jefe de la Sección de Robos y Hurtos (2015), jefe del OIJ de Grecia (2014), subjefe de delegación regional (Cartago, San Ramón, Alajuela y Pococí-Guácimo) (2013-2014), jefe de Investigación 1 en la Sección de Robos y Hurtos (2011-2013).
—Cristhian Espinoza Pizarro (86,82):
– Juez penal 4 (2016-actualidad), juez penal 3 (2014-2015), investigador judicial 1, investigador judicial 2 y oficial de investigación en el OIJ de Liberia (2005-2014).
—Johnny Alberto Rojas Fernández (84,85):
–Juez en el Juzgado de Tránsito de Hatillo (2015-actualidad), fiscal en la zona del Caribe (2010-2015).
—Ronny Miguel Solano Burgos (78,50):
– Funciones administrativas y policiales en la Unidad de Armería Institucional del Departamento Administrativo Financiero de la Dirección General de la Policía de Tránsito (2021-actualidad), oficial de la Policía de Tránsito (2000-actualidad).
—Alexis Francisco Retana Rodríguez (76,39):
–Fiscal auxiliar interino en la Fiscalía Adjunta Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, fiscal auxiliar (2021-actualidad), agente de la Unidad de Protección a Funcionarios Judiciales del OIJ (2019-2021), investigador de la Policial Internacional en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (2015-2019), Oficial de Seguridad y Salvaguarda, Encargado en Jefe, Supervisor, Team Leader en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (2010-2015).
—Bryan Joseph Castro Díaz (73,5):
–Técnico judicial en el Juzgado Civil de Hatillo (2018-actualidad), abogado junior en el Bufete B&GA Abogados Corporativos (2016-2018), auxiliar judicial 2 en el Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía de San José (2013-2014).
