Edgar Fonseca, editor
La Asamblea Legislativa aprobó ayer con carácter de urgencia la reforma a la ley contra el crimen organizado lo que evita la inminente liberación de 10 peligrosos cabecillas de bandas narco, según han advertido jerarcas judiciales.
Dicha reforma estuvo bloqueada por semanas a raíz de la interposición de 529 mociones por la diputada PLN, Carolina Delgado.
La noche del miércoles los diputados culminaron el trámite de dichas mociones.
Los legisladores enviaron de inmediato el proyecto a consulta de la Corte Suprema de Justicia que ayer jueves le dio el visto bueno en sesión extraordinaria.
El proyecto 23.090 volvió a la Asamblea Legislativa y fue aprobado de inmediato en primer debate.
Votaron a favor 49 legisladores de de PLN, PUSC, NR, PLP, PSD, FA.
Solo votaron en contra la diputada Delgado y su compañero de bancada Danny Vargas.
Cumplimos
“La Asamblea Legislativa le ha cumplido a Costa Rica!”, destacó Rodrigo Arias presidente del Congreso.
“Después de dos semanas de 3 o 4 sesiones diarias, este jueves aprobamos en primer debate el proyecto contra Crimen Organizado, un proyecto solicitado como prioritario por el Poder Judicial para combatir la inseguridad”, añadió.
“A ustedes les consta el sacrificio de iniciar sesiones desde las 8 y pico de la mañana, terminar hasta las 9 de la noche, el lunes con una reunión con el Poder Judicial hasta las 10 de la noche”, enfatizó Arias.
“La Asamblea le ha dicho sí a Costa Rica, le ha dicho no a la criminalidad organizada y la delincuencia”, resaltó.
“Ha tomado una decisión muy sabia, seguir el consejo de las personas que tienen que aplicar la ley y que tienen a su cargo el ejercicio de la acción pública y penal”, aseveró.
La aprobación extraordinaria de la Corte
Corte Plena, se aprobó, por unanimidad, el informe a la consulta remitida por la Asamblea Legislativa, al proyecto de ley sobre crimen organizado, número 23.090, destacó un comunicado oficial del Poder Judicial.
Informaron que el estudio estuvo a cargo de la magistrada instructora de la Sala de Casación Penal, Sandra Zúñiga Morales.
“El proyecto 23090 sí incide en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, sin embargo, dejando constancia de que el Poder Judicial no se opone de ninguna forma a este proyecto. Por el contrario, se estima conveniente para una implementación adecuada de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.”, destacó la magistrada Zúñiga Morales.
Según el Poder judicial, el proyecto de este expediente legislativo ya había venido a consulta en octubre de 2022 a Corte Plena, reiterándose como se había indicado en esa ocasión, que: (i) el mismo sí incidía en la organización y funcionamiento de la institución. (ii) Se mencionaron algunos de los argumentos por los cuales se mantenía ese criterio, entre ellos, una diversa regulación en la edad de ingreso de las personas juzgadoras a la Jurisdicción Especializada; una determinación más clara de los procesos de nombramiento a cargo de las jefaturas; y entre otros, el establecimiento de medidas administrativas, de cara a las denuncias que se originen en procesos disciplinarios o penales, contra las personas funcionarias que integren la Jurisdicción Especializada. (iii) representa una mejora integral a la actual Ley 9481 que establece la creación de una Jurisdicción Especializada, para hacer frente a los procesos cada vez más complejos y violentos de crimen organizado, sin renunciar a la vía ordinaria para la investigación y juzgamiento de otras causas de delincuencia organizada, que no revisten esa complejidad.
Aclararon que la consulta institucional ahora formulada por la Asamblea Legislativa, para conocer del proyecto con las mociones realizadas por el plenario parlamentario, se referían únicamente a dos aspectos: Un cambio en la denominación del proyecto, adicionando la alusión a la Ley Orgánica del Poder Judicial y suprimiendo la mención a la Ley de Fortalecimiento de Delincuencia Organizada; propuesta lógica y pertinente, pues se corresponde con el contenido del proyecto. Y el segundo aspecto, consiste en la eliminación de un artículo del Proyecto relativo a un transitorio para iniciar labores de la nueva jurisdicción en el mes de noviembre de 2022; que también había perdido actualidad y sentido.
Esta es una consulta que establece la Constitución Política, en el artículo 167, que dispone: “Para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, deberá la Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia; para apartarse del criterio de ésta, se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea”, de ahí la competencia para emitir dicho tipo de informe, agregó el comunicado oficial de la Corte.
