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Relaciones Costa Rica-Nicaragua en “punto muerto”/Sin embajadores tras represión de hace 5 años

Edgar Fonseca, editor

Las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Nicaragua en lugar de prosperar se han estancado bajo la figura de encargado de negocios y no embajador en los últimos cinco años, lo que a lectura de expertos en relaciones internacionales y un exembajador costarricense, evidencia claramente que a pesar de que en mayo de 2022 hubo un cambio de gobierno en San José, todavía existe discrepancia entre ambos gobiernos centroamericanos, destaca un informe de La Prensa de Managua que opera desde el exilio.

La decisión de bajar el nivel de la misión diplomática fue tomada primero por Costa Rica en noviembre de 2018 —como consecuencia a la brutal represión que ejecutó el régimen de Daniel Ortega para aplacar la rebelión cívica, que este año conmemoró su quinto aniversario— cuando el presidente de ese momento, Carlos Alvarado, decidió no designar a un embajador en Managua.

“En Nicaragua mantenemos un encargado de negocios y lo vamos a mantener ahí, al igual que Nicaragua tiene en San José un encargado de negocios, ese es el nivel de relación diplomática que tenemos con Nicaragua”, declaró recientemente el canciller costarricense André Tinoco, en conferencia de prensa, cita dicho medio.

Es decir, que la relación bilateral entre las naciones se maneja sin embajadores: la sede de Costa Rica en Managua y la de Nicaragua en San José, están dirigidas por un encargado de negocios, un rango menor en diplomacia

Relaciones en “punto muerto”

Cabe mencionar, que tras la decisión de Costa Rica, en agosto de 2019 la dictadura orteguista movió a Duilio José Hernández de su cargo como embajador de Managua en San José y lo nombró oficialmente representante en Turquía, y solo cinco meses después lo volvió a nombrar en el mismo cargo en la nación costarricense, agrega La Prensa.

En junio de 2021, el mandatario Alvarado decidió pausar el nombramiento de su embajador en Managua como consecuencia del recrudecimiento de la represión que en ese momento ejecutó el régimen encarcelando a más de 40 opositores, entre ellos aspirantes presidenciales. Ante dicha postura, la cogobernante Rosario Murillo informó que el régimen llamaba a consultas a sus embajadores en Costa Rica, Argentina, México y Colombia.

Con el actual presidente Rodrigo Chaves, las relaciones están en “punto muerto”, dice el exembajador de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Eduardo Ulibarri, debido a que una vez que se alcanzó dicho nivel, las relaciones “se mantienen, pero en un nivel políticamente bajo”.

Chaves, a pesar de que había expresado su intención de nombrar y enviar un embajador a Nicaragua, se retractó y a la fecha no ha designado a nadie. En julio de 2022, la dictadura retiró sorpresivamente a su embajador y en su lugar designó como encargado de negocios al exvicecanciller Valdrack Jaentschke, según el medio nicaragüense.

Un mensaje de protesta

El experto en derecho internacional, temas de integración y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Murillo Zamora, explica que, cuando un país baja el nivel diplomático con otra nación al retirar a su embajador y mantener su misión a través de un encargado de negocios, se considera como “un mensaje de protesta, indicándole que no está de acuerdo con lo que está pasando, en el sentido de que no quiere mantener las relaciones en un nivel de jefe de misión o embajadores”.

Por su parte, Ulibarri sostiene que cuando ambos países deciden tener un nivel políticamente bajo o mantener una relación hasta cierto punto normal, representa que “hay diferencia de criterio y por supuesto que no están dadas las condiciones para que haya embajadores que es dimensión plena”.

Especial La Prensa, Managua

Firme condena de 20 años contra exsacerdote sentenciado por abusos sexuales contra menor

Edgar Fonseca, editor

Una condena de 20 años de prisión contra un exsacerdote de apellidos Víquez Lizano sentenciado por abusos sexuales contra un menor fue ratificada por la Sala de Casación Penal, confirmó este viernes el Ministerio Público.

La Fiscalía Adjunta de Género fue notificada sobre la resolución de la Sala de Casación Penal, en la que se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica, citó un reporte oficial de la Fiscalía.

Se confirma la pena de 20 años de prisión en contra del exsacerdote de apellidos Víquez Lizano, acusado de cometer los delitos de abuso sexual y violación agravada, ratifica el comunicado. 

La persona ofendida en dicho caso fue un hombre de apellido Alvarado, de 11 años al momento de los abusos, hoy de 30 años, casado y padre de familia.

El exsacerdote fue capturado el 18 de agosto de 2019 en San Nicolás de los Garza, municipio de la zona metropolitana de

Monterrey, Nuevo León, México, luego que dejó el país en enero de ese año mientras estaba abierta la causa en su contra.

Tras darse razón al Ministerio Público sobre los hechos probados, se mantiene la pena de 20 años de prisión, ratificó la Fiscalía.

La sentencia la dictó el Tribunal Penal de Desamparados el 30 de marzo 2022.

“El Tribunal ha tomado en consideración que se trata de agresiones sexuales donde el abusador procura la clandestinidad. Lo hechos ocurrieron en momentos en que no había nadie en la parroquia, ni en la casa cural”, razonó la jueza Ana Patricia Mora Arias, al leer un resumen de la sentencia en aquella oportunidad.

Juicio. 

Según la Fiscalía, el proceso demostró que Víquez se aprovechó de su posición de poder, autoridad, relación de confianza con la víctima y de su condición de sacerdote, para cometer las agresiones sexuales, en perjuicio de la persona ofendida. 

Se evidenció, añadieron, que el imputado se valió de la vulnerabilidad de la víctima y de sus condiciones personales.

De esa manera, según la Fiscalía, el imputado cometió los delitos por los que el Ministerio Publico lo acusó.

De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron en el 2003, cuando Víquez era cura en la iglesia de Patarrá de Desamparados.

En ese momento, la víctima tenía 11 años de edad y trabajaba en distintas labores que le encargaban en el templo, añadió el comunicado de la Fiscalía.

Comercio Exterior celebra vía rápida a plan de jornadas laborales 4-3/Prevé fuerte impacto en competitividad

Edgar Fonseca, editor/Google Images

El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, celebró ayer la aprobación legislativa del trámite de vía rápida al plan de las jornadas laborales excepcionales 4-3 por el virtual impacto a la competitividad del país.

El proyecto lo aprobaron por mayoría de 47 votos contra 8 en contra, diputados de PLN, PUSC, NR, PSD y PLP.

“Celebro la decisión de los diputados de darle vía rápida al proyecto de ley sobre jornadas de trabajo excepcionales”, destacó Tovar en un tuit a las 4:04 p.m., apenas votado el trámite.

“Un paso importante hacia la aprobación de un proyecto que tendrá un fuerte impacto en la mejora de la competitividad de nuestro país y la atracción de IED”, resaltó.

Diputados del Frente Amplio y sectores sindicales anunciaron fuerte oposición a dicho proyecto calificado como prioritario por el gobierno en la agenda legislativa de sesiones extraordinarias a partir del 1 de mayo.

Mediante este plan, los trabajadores laborarán 4 días en periodos de 12 horas y tendrán tres días libres.

La del ministro Tovar fue la única reacción oficial ante la decisión legislativa.

El periodista y diplomático, Eduardo Ulibarri, se mostró cauteloso tras la aprobación dicho trámite.

“Empecé apoyándolo y he terminado con dudas”, aseveró.

“Pero, más allá de lo que piense, el proyecto para jornadas laborales 4×3 puede ser socialmente explosivo. Hay que tratarlo con mucho cuidado y apertura al diálogo”, advirtió.

Ambos proyectos serán tramitados el próximo mes de mayo, según el acuerdo legislativo mayoritario.


También urgente reforma a ley contra crimen organizado

La Asamblea Legislativa también aprobó ayer con 51 votos a favor y 2 en contra el proyecto de reforma a la ley contra el crimen organizado por el que presionan autoridades judiciales ante la inminente salida de prisión de 10 peligrosos cabecillas.

La aprobación de la reforma a la ley del crimen organizado se concretó, a su vez, horas después que el fiscal general, Lic. Carlo Días Sánchez, hizo una vehemente excitativa a los legisladores en el plenario para aprobar el plan.

El proyecto más importante

“Delincuentes de grupos criminales, ahora presos, van a querer retornar a los puestos que ellos tenían y eso va a desatar más violencia en el país y más muertos”, advirtió Díaz en una intervención especial acordada por los legisladores ayer miércoles 26 de abril para escuchar al jerarca del Ministerio Público.

La nueva ley permitiría a las autoridades judiciales extender plazos de detención de cabecillas de peligrosos grupos criminales capturados en el último año.

Una mayoría de legisladores respalda la aprobación del proyecto que ha enfrentado una férrea oposición de la diputada PLN, Carolina Delgado.

10 cabecillas criminales podrían quedar libres

“Si no se amplía antes del 7 de junio, 10 líderes de organizaciones criminales estarán afuera el 8 de junio y aumentaría la criminalidad”, ratificó el fiscal general.

“Con el mayor de los respetos, les pido aprobar este proyecto”, instó Díaz en su intervención. 

“Ustedes pondrían una piedra muy importante en la lucha contra el crimen organizado, herramientas que el Ministerio Público necesita para estos casos”, añadió.

“Es el proyecto más importante que pueden votar para atacar el crimen organizado. Hay otros proyectos, pero el fundamental es este”, remarcó.

Las autoridades judiciales estiman dicha ley clave en el combate de líderes de redes narco a las que atribuyen la ola de homicidios que sacude al país en los ùltimos meses.

El año anterior, el país cerró con una cifra récord de asesinatos de 656 y en el primer trimestre 2023, la cifra creció 40% vs el mismo periodo de 2022.

Proyecciones OIJ estiman que las cifras este añi rondarían entre 800 y 900 casos.

Asamblea da OK a vía rápida a reforma de ley contra crimen organizado/También a plan de jornadas 4-3

Edgar Fonseca, editor/Foto You Tube Asamblea Legislativa

La Asamblea Legislativa aprobó ayer jueves con 51 votos a favor y 2 en contra el proyecto de reforma a la ley contra el crimen organizado por el que presionan autoridades judiciales ante la inminente salida de prisión de 10 peligrosos cabecillas.

También con 47 votos a favor y 8 en contra aprobó dar igual trámite al plan de jornadas extraordinarias laborales 4-3 en el sector laboral, con lo que los servidores laborarán 4 días en periodos de 12 horas y tendrán tres días libres.

Ambos proyectos serán tramitados el próximo mes de mayo, según el acuerdo legislativo mayoritario de PLN, PUSC, NR, PSD y PLP.

  • “Celebro la decisión de los diputados de darle vía rápida al proyecto de ley sobre jornadas de trabajo excepcionales. Un paso importante hacia la aprobación de un proyecto que tendrá un fuerte impacto en la mejora de la competitividad de nuestro país y la atracción de IED”, resaltó el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, tras la aprobación de la vía rápida al proyecto de las jornadas 4-3-.

La aprobación de la reforma a la ley del crimen organizado se concretó, a su vez, horas después que el fiscal general, Lic. Carlo Días Sánchez, hizo una vehemente excitativa a los legisladores en el plenario para aprobar el plan.

El proyecto más importante

“Delincuentes de grupos criminales, ahora presos, van a querer retornar a los puestos que ellos tenían y eso va a desatar más violencia en el país y más muertos”, advirtió Díaz en una intervención especial acordada por los legisladores ayer miércoles 26 de abril para escuchar al jerarca del Ministerio Público.

La nueva ley permitiría a las autoridades judiciales extender plazos de detención de cabecillas de peligrosos grupos criminales capturados en el último año.

Una mayoría de legisladores respalda la aprobación del proyecto que ha enfrentado una férrea oposición de la diputada PLN, Carolina Delgado.

10 cabecillas criminales podrían quedar libres

“Si no se amplía antes del 7 de junio, 10 líderes de organizaciones criminales estarán afuera el 8 de junio y aumentaría la criminalidad”, ratificó el fiscal general.

“Con el mayor de los respetos, les pido aprobar este proyecto”, instó Díaz en su intervención. 

“Ustedes pondrían una piedra muy importante en la lucha contra el crimen organizado, herramientas que el Ministerio Público necesita para estos casos”, añadió.

“Es el proyecto más importante que pueden votar para atacar el crimen organizado. Hay otros proyectos, pero el fundamental es este”, remarcó.

Las autoridades judiciales estiman dicha ley clave en el combate de líderes de redes narco a las que atribuyen la ola de homicidios que sacude al país en los ùltimos meses.

El año anterior, el país cerró con una cifra récord de asesinatos de 656 y en el primer trimestre 2023, la cifra creció 40% vs el mismo periodo de 2022.

Proyecciones OIJ estiman que las cifras este añi rondarían entre 800 y 900 casos.

Fiscal lanzó fuerte excitativa a diputados a horas de definirse aprobación a nueva ley contra crimen organizado

Edgar Fonseca, editor/Foto Maynor Solís, Asamblea Legislativa

Una fuerte excitativa lanzó ayer el fiscal general Carlo Díaz a los diputados para que aprueben la nueva ley contra crimen organizado que sería votada en vía rápida este jueves.

“Delincuentes de grupos criminales, ahora presos, van a querer retornar a los puestos que ellos tenían y eso va a desatar más violencia en el país y más muertos”, advirtió Díaz en una intervención especial acordada por los legisladores para escuchar al jerarca del Ministerio Público.

La nueva ley permitiría a las autoridades judiciales extender plazos de detención de cabecillas de peligrosos grupos criminales capturados en el último año.

Una mayoría de legisladores respalda la aprobación del proyecto que ha enfrentado una férrea oposición de la diputada PLN, Carolina Delgado.

10 cabecillas criminales podrían quedar libres

“Si no se amplía antes del 7 de junio, 10 líderes de organizaciones criminales estarán afuera el 8 de junio y aumentaría la criminalidad”, ratificó el fiscal general.

“Con el mayor de los respetos, les pido aprobar este proyecto”, instó Díaz en su intervención.

“Ustedes pondrían una piedra muy importante en la lucha contra el crimen organizado, herramientas que el Ministerio Público necesita para estos casos”, añadió.

“Es el proyecto más importante que pueden votar para atacar el crimen organizado. Hay otros proyectos, pero el fundamental es este”, remarcó.

Las autoridades judiciales estiman dicha ley clave en el combate de líderes de redes narco a las que atribuyen la ola de homicidios que sacude al país en los ùltimos meses.

El año anterior, el país cerró con una cifra récord de asesinatos de 656 y en el primer trimestre 2023, la cifra creció 40% vs el mismo periodo de 2022.

Proyecciones OIJ estiman que las cifras este añi rondarían entre 800 y 900 casos.


Grandes grupos y narcomenudeo en la mira

El fiscal general Carlo Díaz destacó que las autoridades han estado luchando de manera contundente en contra de grandes organizaciones criminales, pero reconoció la necesidad de retomar el ataque al narcomenudeo.

Así lo ratificó durante una sesión extraordinaria el viernes entre representantes del Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía de Control de Drogas (PCD) para desarrollar un proyecto, cuyo objetivo principal es la desarticulación de pequeños grupos vinculados con narcomenudeo.

La iniciativa es liderada por los fiscales adjuntos, Javier Valerio y Mauricio Boraschi en coordinación con la policía judicial.

“Estamos comprometidos en buscar los recursos, que incluso no tenemos, para dedicarlos a la atención de este tipo de asuntos. La idea es conformar equipos de trabajo con personas de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada y la Fiscalía de Narcotráfico, liderados por el fiscal Henry Meza, como una lucha contra este tipo de criminalidad, pero, además, para que las comunidades se sientan más seguras”, dijo el fiscal Díaz.

Randall Zúñiga, director a.i. del OIJ, destacó que lo que se busca con este proyecto es unir esfuerzos, para tener un equipo especializado y trabajar en contra de este tipo de estructuras.

“La Oficina de Planes y Operaciones del OIJ va a sumar un equipo que se va a encargar de que estas estructuras físicas que se utilizan para vender la droga no vuelvan a ser utilizadas, ya sea que se derriben o lo que sea necesario, para que no se vuelvan a usar para esos fines, lo que hace este proyecto más novedoso”, añadió.

Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas, resaltó la preocupación que existe en el Ministerio de Seguridad Pública por este tipo de criminalidad, el cual está ligado a otros tipos de violencia. De igual manera, reiteró la importancia de trabajar articuladamente para tener mejores resultados, por lo que confirmó que la PCD dispuso de un grupo para que forme parte del proyecto.

Los jerarcas de las tres instituciones se reunirán cada dos meses, para evaluar los resultados y proponer nuevos objetivos.

Con información de prensa Ministerio Público