Edgar Fonseca, editor
La votación negativa de 11 magistrados el pasado lunes 20 de marzo a extender por un nuevo año el permiso, sin goce de sueldo, al actual ministro de Justicia, Gerald Campos, hizo resaltar voces de preocupación en Corte Plena sobre la independencia judicial y “las puertas giratorias” entre poderes del Estado.
Así lo evidencian intervenciones de los magistrados Patricia Solano, presidenta de la Sala de Casación Penal, Paul Rueda de la Sala Constitucional y Luis Porfirio Sánchez, presidente de la Sala Segunda, entre los 11 máximos jerarcas judiciales que se opusieron a extender el permiso; 10 magistrados votaron a favor.
Campos, quien es subdirector en propiedad del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pretende que se le amplíe por un año el permiso que le concedieron los magistrados hasta el próximo 7 de mayo, hace un año, para ocupar la cartera de Justicia y Paz.
También figura entre los aspirantes a la dirección del OIJ vacante tras el súbito fallecimiento del Lic. Walter Espinoza, el pasado 2 de noviembre.
Ante la decisión de los magistrados, Campos anunció que espera la notificación de lo resuelto para elevar una petición de reconsideración.
Campos cuenta con la confianza del presidente Chaves quien, el 20 de diciembre, lamentó su posible salida del gabinete para la dirección OIJ.
“Conversamos. La relación entre el Presidente y el gabinete es de diálogo, franca, somos colegas. Nombré a don Gerald porque tiene enormes cualidades personales y profesionales”, declaró Chaves en aquel momento.
“Le dije: ´don Gerald, sería una pérdida grande para el Poder Ejecutivo, pero tampoco le puedo decir a usted y al país que no cuenten con su talento y experiencia”, enfatizó.
Si no se renueva el permiso, Campos debe volver a la subdirección OIJ a partir del 8 de mayo.
“Puertas giratorias”
“Como leyó doña Silvia, en la sesión del mes de abril, yo justifiqué mi voto y rechacé conceder el permiso a don Gerald, así como a todas las personas funcionarias que están en este momento en el Poder Ejecutivo, en aquel momento también, con un tema, y así está justificado el voto, con un tema de “puertas giratorias”, en cuanto a que estimo que es inconveniente que una persona del Poder Judicial vaya a integrar el Poder Ejecutivo”, advirtió en su intervención la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala Penal.
“¿Por qué?. Tal vez en el momento en que se va a conformar un puesto tan importante como es el de una persona Ministra o Vice-ministra no hay tinte político, pero cuando regresa sí existe, y eso ha sido una motivación suficiente para que yo haya denegado, entre otras consideraciones que se establecen en el voto de minoría que me serví suscribir el año pasado cuando se confirió este primer permiso”, aseveró Solano en Corte Plena.
“De manera que en este caso –ratificó– vuelvo a reiterar las argumentaciones que en su oportunidad señalé de por qué yo no aprobaría este permiso. Incluso obsérvese que por lo menos conozco en el derecho comparado en Panamá, sí existe ley expresa en cuanto a que las personas que forman parte del Poder Ejecutivo no pueden integrar cargos públicos en otro órgano del Estado transcurridas dos legislaturas. Incluso también regula la posibilidad de que personas que están en otros poderes de la República puedan integrar el Ejecutivo, y en este caso en Costa Rica también se presentó un proyecto de ley, en ese sentido el cual yo comparto. Por eso es que doy las motivaciones para justificar el porqué de mi voto negativo”.
Pone en riesgo la independencia judicial
“Yo voy a justificar mi voto contrario a otorgar el permiso, para ser consecuente con la línea de votación que he tenido en esta materia desde hace un buen tiempo”, advirtió el magistrado Paul Rueda de la Sala Constitucional.
“De hecho –añadió– revisando los documentos correspondientes, observo que en el acta 15-18 del 16 de abril de 2018 ya yo me había expresado en contra de otorgarle permiso a funcionarios judiciales para que se desempeñaran en puestos políticos, porque consideraba y sigo considerando que eso pone en riesgo la independencia judicial. Eso me llevó que la sesión 17-18 del 30 de abril de 2018, artículo cuarto, votar en contra del permiso otorgado a don Michael Soto Rojas , y así sucesivamente he hecho hasta la fecha”.
“Digo esto con el propósito de justificar porque yo hoy votaría en contra, nuevamente, de otorgarle a un funcionario judicial, permiso para que se desempeñe en un puesto político”, sostuvo.
Inadecuadas relaciones
“Yo también voy a justificar mi voto. En mi carácter de integrante de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial suscribí el dictamen décimo cuarto, del 12 de marzo de 2021, en el que se dispuso o se resolvió sobre las inadecuadas relaciones que pueden presentarse entre la justicia y la política o entre la política y el ejercicio independiente de la profesión de abogado”, dijo el magistrado Luis Porfirio Sánchez, presidente de la Sala Segunda.
“Fue una propuesta ética frente a las “puertas giratorias” por parte de la Comisión Iberoamericana. Se hace la recomendación a los diferentes poderes judiciales de Iberoamérica para que se trate de eliminar ese fenómeno de las “puertas giratorias” y el traslado por parte de servidores judiciales de la administración de justicia o de los poderes judiciales hacia la política o viceversa”, amplió.
“En virtud que yo suscribí ese dictamen, ya desde el año 2021, y que mi posición ha venido en este sentido, yo también quiero justificar mi voto negativo respecto al otorgamiento del permiso”, confirmó.
La petición de Campos queda ahora sujeta del recurso de reconsideración que eventualmente eleve a Corte Plena.
Fuente: sesión de Corte Plena, lunes 20 de marzo 2023
