- Presidente de Corte Suprema de Justicia admite magnitud del rezago de expedientes judiciales en encuentro de jerarcas de Supremos Poderes
- Presiona por nueva ley que reduciría trámites a 11 meses sin violentar derechos
Edgar Fonseca, editor PuroPeriodismo.com
El atasco de hasta 1.063.000 expedientes en el Poder Judicial se dejó sentir ayer en un encuentro de jerarcas de los Supremos Poderes en que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Carlos Chinchilla, admitió que sólo en la jurisdicción penal los casos tardan hasta siete años bajo trámite.
Anunció que su despacho se propone ubicar los expedientes más antiguos que se tienen en el país. “Estamos dirigiendo una nota a las Contralorías de Servicios y solicitamos un un informe a los jueces y juezas a cargo de esos expedientes para que brinden el detalle del retardo existente”, dijo el magistrado Chinchilla.
Apeló a que se apruebe pronto un proyecto de ley que reduciría el trámite de causas penales a 11 meses “respetando los derechos y garantías de todas las partes”,
“Tenemos la posibilidad de aprobar un proyecto de ley, denominado justicia pronta y cumplida, que pretende que los tiempos de duración en los procesos penales, que hoy desde el inicio a la apelación están tardando entre 6 y 7 años y la idea es reducir ese tiempo, con una nueva normativa, a once meses, respetando los derechos y garantías de todas la partes”, enfatizó.
En el encuentro en Casa Presidencial, Zapote, participaron, también, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el presidente del Congreso, Gonzalo Ramírez y el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) Luis Antonio Sobrado.
El Segundo Informe del Estado de la Justicia, dado a conocer a inicios de año, detalló que la mayor cantidad de casos pendientes en el Poder Judicial a 2015, se concentraba en los circuitos Primero y Segundo de San José, con unos 200.000 casos en promedio cada uno. Les seguían los circuitos de Cartago y Heredia, con una media de 73.000 casos, y en un tercer grupo los restantes once circuitos, con un promedio de 37.000 casos pendientes.
Dicho informe también cuestionó si dada la creciente inversión que ha recibido el sistema judicial, su productividad está mejorando. “La respuesta es negativa, al menos en los últimos años: la productividad en 2015 fue, en promedio, inferior a la de 2010”, según dicho informe.
Pensiones en el tapete
El controversial régimen judicial de pensiones también estuvo sobre la mesa. El magistrado Chinchilla ratificó “el respeto de la Corte a las decisiones que tome el Congreso, sobre la reforma al Fondo de Jubilaciones y Pensiones y el interés porque las reformas garanticen la fortaleza y sostenibilidad de éste. Indicó que a finales de junio, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE), entregue el último producto del estudio actual sobre el régimen jubilatorio y confían que en las decisiones que se tomen en consideración los criterios técnicos que garanticen la sostenibilidad del régimen a largo plazo”, informó el Poder Judicial.
Apuran ley de extinción de dominio
Los jerarcas de los Supremos Poderes coincidieron en la necesidad de aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio contra el crimen organizado.
Según el magistrado Chinchilla: “…la normativa no se dirige sobre montos pequeños, porque cuenta con un principio de priorización, que garantiza que se va a seguir los procesos en una materia autónoma a lo penal, sobre capitales especialmente importantes y que no tengan justificación alguna en nuestra legislación. La Sala Constitucional en el 2015, por medio de su voto 18 946, analizó las propuestas que identifican esta normativa y dijo que la iniciativa tenía rango constitucional y que no violentaba derechos fundamentales”.
Chinchilla, electo presidente de la Corte el 22 de mayo, expuso las prioridadades de su gestión:
- mejoramiento de la gestión de los despachos judiciales en aspectos puntuales como la reingeniería,
- simplificación y estandarización de los procesos
- impulso de la rendición de cuentas
- y evaluación del desempeño en todos los ámbitos judiciales.
Y anunció un compromiso con la austeridad en el gasto del sector judicial. En el presupuesto 2018 se aplicaron cerca de 116 directrices de contención del gasto, con el fin de garantizar el efectivo funcionamiento de los servicios judiciales en todo el país, según la versión oficial.