Edgar Fonseca, editor PuroPeriodismo.com

Cuando se escriba la historia de actitudes ejemplarizantes desde la función pública, deberá enmarcarse en letras de oro la conducta del juez del Tribunal Penal de Heredia, Norberto Garay Boza.

No sucumbió, en un  momento decisivo, a la defensa a ultranza de privilegios en la que andan enfrascados dirigentes sindicales judiciales y demás interesados, haciendo burla de ese derecho público fundamental de acceso a la justicia pronta y cumplida. Daño irreparable a la endeble imagen del aparato de justicia.

“Para el día y hora señalados, para la continuación del debate en la presente causa, en mi calidad de juez de juicio, bajé a la sala de debate respectiva, no haciéndose presente ninguna de las partes procesales ni sustantivas del caso bajo tramitación de este expediente”, dejó patente dicho juez el pasado viernes, informó La Nación. En las calles  los huelguistas agitaban con tumbacocos y vuzuzelas de la Sele.

No cayó el juez en esa charanga.

En una reflexión digna de ser empotrada en bronce y fino mármol en lo más alto de la entrada de la Corte Suprema de Justicia, el juez advirtió  que el movimiento huelguístico pone: “en una relación de tensión dos grandes dimensiones: la primera, el acceso a la justicia y  la segunda,  el derecho a huelga”.

El acceso a la justicia, ratificó, es un “ideal humano”.

“Es uno de los más nobles y sensibles y no solo constituye una situación ideal donde una tercera persona  resuelve una controversia suscitada entre las partes procesales, sino que posee una manifestación real que radica en la práctica judicial, la cual día a día muestra que un ideal es posible, es decir, que hay ideales como la Justicia que están al alcance de las personas”, añadió el juez, según la crónica periodística.

La justicia –afirmó– no solo es un servicio público, sino, también, significa esperanza y tranquilidad para los usuarios.

“Estimo esencial cualquier servicio que brinde el Poder Judicial”, sostuvo al cuestionar la abrupta paralización de tareas decretada por los líderes gremialistas opuestos a que se les retoque su cuestionado régimen de pensiones.

“Desde cuestiones tan cotidianas como dar una hoja de delincuencia que permitirá a alguien acceder a un trabajo y, así, poder llevar sustento a quienes de él o ella dependan, como realizar la continuación de un juicio y definir la custodia en un caso en concreto”, agregó el juez.

Cuando acabe este infausto capítulo de tensión laboral, social, el juez Garay seguirá en su misión con la frente muy en alto, con dignidad, con decoro, a pesar que esa actitud suya le pueda costar muy caro en las sinuosas curvas de las gollerías gremiales.

Punto final– Todos los empleados judiciales merecen una pensión digna. Como la merecen el resto de mortales. Como esa pensioncita de ¢1.5 millones que rige para los “ticos de a pie” per secula seculorum.

Lo que indigna a la opinión pública es esa bandeja de privilegios que los dirigentes se niegan a dejar.

Más vale tarde que… Aunque tardía, la condena de la administración Solís a la espuria constituyente bolivariana de Maduro va acorde con las más dignas tradiciones democráticas del país.