Jorge Corrales, economista

En un comentario previo acerca del contrato entre el gobierno de Costa Rica y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para los Proyectos (UNOPS), manifesté mi malestar por la cesión del control propio de la Contraloría General de la República aplicable a la obra pública, que incluso se reflejó en negativas de ese ente de la ONU para entregarle a la Contraloría documentos propios de contratación de obra pública a empresas privadas específicas.  Y aunque la burocracia del Estado dice que “este conflicto ya está resuelto”, el aparato jurídico nacional nunca debió permitir que se le excluyera de la obligación constitucional sobre la contratación de obra pública a ser regulada y supervisada por la Contraloría.

La Nación del 22 de setiembre reveló otro hecho inquietante en torno a la relación contractual entre el estado costarricense, por medio de CONAVI, y UNOPS, en un artículo titulado “CONAVI le adelantó $60 millones a UNOPS sin recibir garantías: Organismo mantiene dinero en una cuenta a su nombre en Nueva York.” Esos montos fueron adelantados a UNOPS debido a que, en palabras de la viceministra de infraestructura del MOPT, señora Guiselle Alfaro, “Teníamos tanta expectativa de que UNOPS iba a ser tan acelerado, y se pactó hacer un desembolso grande, para avanzar muy rápidamente y no limitar a UNOPS en la ejecución. Pero, diay (sic) no ha sido tan acelerado y posteriormente se decidió hacer desembolsos menores.”

“Músico pagado, nunca toca bien…”

No diré que “músico pagado, nunca toca bien,” sino que llama la atención que se adelante una suma de más de $60 millones a UNOPS, equivalente al “55% del presupuesto de $108 millones designado para tales proyectos,” de recursos que se pidieron prestados mediante un crédito de $340 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). De aquellos fondos ya girados a UNOPS, sólo se había ejecutado al momento del reportaje, la suma de $4 millones, menor al 7% del monto separado para UNOPS para los puentes sobre el Río Virilla en Lindora y el de la Ruta 32 en Tibás, además de tres pasos a desnivel en la vía de Circunvalación y de supervisión de la Circunvalación norte.

Es interesante destacar lo que indica el medio en cuanto a que no existe una garantía de parte de UNOPS por esos fondos, que se sabe están en una cuenta propia de UNOPS en el banco JP Morgan Chase. Según el medio, “varios contratistas consultados (por La Nación) indicaron que no es usual que el Estado adelante montos tan altos para construir infraestructura,” ante lo cual dijo la viceministra que UNOPS no es el contratista usual, sino un “un aliado en procesos de ejecución; ellos no construyen nada por sí mismos,” lo cual es así, pero ¿qué pasaría con esos fondos si UNOPS no puede realizar la labor para la que se le contrató?  ¿Qué garantiza a esos fondos?

Hay más inquietudes: los fondos provenientes del BCIE casi es seguro que ganan intereses en el banco estadounidense, pero no se conocen las condiciones básicas de tal depósito, como, por ejemplo, los intereses que devengan, que se esperaría fueran al menos iguales o mayores que los que tiene que pagar el estado costarricense al BCIE. Ni CONAVI ni UNOPS han brindado información de las condiciones de esos depósitos, aunque se le señaló al medio que esos dineros de los intereses serán recibidos “cuando se terminen los proyectos.”  Y el Ministro dijo que “si no se pudieran ejecutar esos recursos, el dinero debe ser devuelto a la Administración.” A mí también me gustaría conocer el detalle correspondiente del acuerdo suscrito entre UNOPS y CONAVI acerca de las condiciones para la devolución de esos fondos.