Edgar Fonseca, editor
La Asamblea Legislativa aprobó hoy un tope de ¢4 millones a las cuestionadas pensiones de lujo del Poder Judicial. El Frente Gremial judicial reaccionó en contra.
La aprobación, con 31 votos a favor, culmina una tensa negociación de los últimos meses que llevó en julio a los empleados judiciales a una huelga de servicios en medio de fuertes críticas públicas.
La controversia por los privilegios de dicho régimen de pensiones creció tras otorgársele una pensión de ¢7 millones a la saliente presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva.
La polémica de las pensiones marcó un año de convulsión para la Corte Suprema de Justicia al trascender el escándalo del “cementazo”que provocó la suspensión del magistrado Celso Gamboa y del Fiscal General, Jorge Chavarría. Ambos fueron separados de sus funciones por tres meses con goce de salario.
Gamboa es investigado por el Tribunal de la Inspección Judicial, por una alegada relación con el empresario importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños, en el epicentro del escándalo.
A Chavarría, un veterano servidor judicial, con 40 años de trayectoria, le cuestionan en la misma instancia decisiones judiciales relacionadas con diputados vinculados al escándalo.
El “cementazo” estalló al trascender múltiples gestiones del empresario en las esferas de Casa Presidencial y otras oficiales. Bolaños dijo a los diputados de una comisión investigadora que tuvo siete encuentros en Casa Presidencial, uno de ellos con el presidente luís Guillermo Solís.
Solís declaró confirmó juramento ante los diputados de la comisión que atendió al empresario pero negó favoritismos.
En este convulso contexto avanzó la negociación para la reforma de las pensiones judiciales con el apoyo de estudios del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR.
Largo camino
La diputada Sandra Piszk, PLN, quien ha liderado las negociaciones legislativas de la reforma al cuestionado régimen de pensiones del Poder Judicial, destacó los logros de la reforma aprobada.
“Ha sido un largo camino”, dijo Piszk.
“Se logra mayor sostenibilidad del régimen con una deuda actuarial de más ¢5 mil millones”, enfatizó.
Y se logra mayor equidad con el tope a las pensiones de lujo, que serán financiadas con una contribución solidaria de entre 35% y 55%, no confiscatoria, a las superiores de ¢4 millones.
Entre otras disposiciones aprobadas :
-la cuota obrera pasa de 11% a 13%
-la edad de pensión de los empleados judiciales sube a 65 años
-la edad de pensión anticipada pasa a 60 años en el caso de las mujeres y 62 años en el caso de los hombres
-el derecho a pensión lo adquiere el empleado con 35 años de servicio, no a los 30 como ocurre ahora.El Frente Gremial judicial atacó el proyecto aprobado. Anunció que interpondrá consulta de constitucionalidad, ya que alegan violaciones a sus derechos.
Atacaron a los diputados Abelino Esquivel, Renovación, Johnny Leiva, Rosibel Ramos del PUSC y Natalia Díaz, del Libertario, por ser promotores de la reforma aprobada. “Ella busca liquidar nuestro fondo de pensiones”, dicen al exhibir una foto de la diputada Díaz.
“Que no celebren mucho”, dice el Frente Gremial que sostiene que la reforma aprobada va en contra de un acuerdo entre sindicatos y la presidencia de la Corte.
“La lucha se traslada a las instancias judiciales”, advierten.
