Edgar Fonseca Monge, editor

La UCCAEP, conglomerado del influyente sector empresarial del país, le demandó este martes al Presidente Luis Guillermo Solís separar a todos los involucrados en el escándalo del “cementazo”, desencadenado por operadores políticos clave del gobierno, y que ya cobró la suspensión temporal del Fiscal General y de un magistrado, en una sacudida sin precedentes en el Poder Judicial.

“El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, debe separar a todos los funcionarios que estén involucrados en los hechos cuestionados; y si bien, las responsabilidades civiles o penales se dilucidarán en las instancias correspondientes, existe una pérdida de confianza y una responsabilidad política ineludible que debe ser atendida de inmediato. Las actuaciones de la semana anterior de la Corte Suprema de Justicia, deben servir de ejemplo para el Poder Ejecutivo”, advirtió la Unión de Cámaras y Asociaciones del sector empresarial.

El primer vicepresidente y Ministro de Hacienda, Helio Fallas, descartó ceder a las exigencias de los empresarios. Fallas compareció ante la prensa tras el Consejo de Gobierno, en representación del presidente Solís, incapacitado por una operación de próstata.

En un nuevo capítulo de la tensa relación entre el sector empresarial y el gobierno durante la presente administración,  el colectivo de 50 cámaras demandó:  “que se investiguen todos los incidentes relacionados con la importación de cemento chino, el otorgamiento de un préstamo millonario y el posible tráfico de influencias”.

“Hoy, 50 de las cámaras que forman parte de UCCAEP, levantan la voz para exigir claridad en las investigaciones, las cuales deben de ser exhaustivas y llegar a las últimas consecuencias, pues de ninguna manera este tema, el cual ha lesionado la institucionalidad costarricense, debe quedar impune”, consignó la organización empresarial.

El escándalo del “cementazo” investigado en instancias  legislativas y judiciales, indaga entre otros hechos un alegado tráfico de influencias en el que han sido mencionados personeros del presente gobierno, de otros partidos en presunta conexión con el empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.

La comisión legislativa indagó en su despacho al presidente Solís quien reconoció que Bolaños sostuvo siete encuentros en Casa Presidencial incluido uno con él propio gobernante. Solís negó cualquier favoritismo hacia el empresario.

La comisión cuestiona créditos por $30 millones otorgados por el Banco de Costa Rica a la empresa Sinocem, vinculada al empresario. También investigan otro crédito por $32 millones a Coopelesca de San Carlos.

El escándalo se propagó al Poder Judicial donde la Corte Plena se vio forzada la semana anterior a suspender de sus funciones por tres meses al magistrado Celso Gamboa por una alegada relación con el empresario.

También suspendieron al Fiscal General, Jorge Chavarría, por cuestionadas decisiones judiciales relacionadas con vinculados en al caso, entre ellas una desestimación de una causa por supuesto tráfico de influencia contra los diputados Víctor Morales Zapata, uno de los principales operadores políticos del presidente Solís, y Otto Guevara, candidato Libertario.

Según el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Carlos Chinchilla, la Fiscalía pudo inducir a error a Casación, en dicha causa, al omitir un informe del OIJ que muestra 792 contactos telefónicos de los diputados con el empresario.

Separe a todos

La Unión de Cámaras le demanda al presidente Solís, quien está incapacitado por una operación de próstata, separar a todos los mencionados en el escándalo.

Al viceministro Rodríguez

“El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, debería ser removido. Alegar o pretender justificar sus actos ante la Comisión Especial Investigadora, de que fue engañado por el diputado Víctor Morales Zapata, más bien da mucha más razón para solicitar la inmediata separación del cargo. En aras de la congruencia, consideramos que, así como el señor presidente le solicitó al diputado Morales Zapata la separación de su cargo, el grado de involucramiento que hasta ahora se conoce mantuvo el viceministro Rodríguez con la importación del cemento chino y su agilización en el proceso de aduanas, es una razón de peso para su destitución”,  sostuvo Franco Arturo Pacheco, presidente de UCCAEP, según versión oficial dada a PuroPeriodismo.com.

El caso de Mariano Figueres

La UCCAEP exige que se aclare el caso de Mariano Figueres, asesor clave del presidente Solís.

“Además, la intervención o no del director de la DIS, Mariano Figueres, debe aclararse. Preocupa que su nombre ha salido a relucir, en este y otros casos. Una persona de confianza del mandatario y con la información de seguridad que maneja, debe dar cuentas claras sobre su participación en los hechos; y, sobre todo, tener control sobre lo que se dice o hace a nombre del presidente de la República. Es inexplicable cómo no detectaron lo que a Morales Zapata le atribuyen, y que hoy involucran el nombre del presidente en un caso tan delicado y con tantos cuestionamientos. Por casos mucho menos polémicos, se han separado y hasta destituido a otros funcionarios de la actual administración”, dijo Pacheco.

Morales Zapata non grato para los empresarios

La Unión de Cámaras desconoce como interlocutor al diputado Víctor Morales Zapata quien confirmó ante los diputados sus gestiones relacionadas con el caso un cargamento de 22 mil toneladas de cemento de la empresa Sinocem.

Morales Zapata, una de las figuras políticas más cercanas al mandatario, eximió de responsabilidad en el escándalo al presidente Solís.

“En días pasados y producto de las publicaciones en medios de comunicación sobre denuncias judiciales y las declaraciones que diera el diputado Víctor Morales Zapata, es que UCCAEP tomó la decisión de desconocerlo como interlocutor en todo tipo de negociaciones que llevaba con el sector”, sostuvo el colectivo empresarial.

Los tales “empresarios”

Los empresarios cuestionan a los “empresarios” involucrados en el escándalo.  Franco Pacheco advirtió que los llamados “empresarios” vinculados en estos casos no representan los valores y principios que se promueven desde la UCCAEP. “La mayoría de los empresarios buscamos al gobierno para promover herramientas de desarrollo, propiciar el avance del país y mejorar la forma en cómo vivimos los costarricenses. La UCCAEP y el sector productivo nacional, repudiamos todo acto de corrupción en donde se involucre a personas que nada tienen que ver con nuestro sector formal”, añadió Pacheco.

La UCCAEP confirma la complejidad de la investigación en manos del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pero las recientes informaciones cada vez más serias sobre el posible tráfico de influencias y corrupción en las altas jerarquías de los Poderes de la República, preocupan en demasía al gremio, destacaron.

Peligrosa red

La Unión de Cámaras advierte que este escándalo deja al descubierto “una peligrosa red”.

“Al Ministerio Público, y particularmente a la señora Fiscal General, le ofrecemos nuestro apoyo en lo que requieran, así como nuestro voto de confianza y esperanza de que procurarán llevar a cabo las investigaciones pertinentes con la mayor celeridad posible, y sobre todo con absoluta transparencia, que es lo que necesita en este momento el país. Ya no estamos ante situaciones hipotéticas o rumores, como se había manifestado anteriormente por parte de la Fiscalía, sino ante una peligrosa red que vemos desde afuera como un contubernio de personas e intereses mal sanos”, reiteró Pacheco.

Golpe a la banca

Los empresarios alertan del golpe que ha recibido en medio de este escándalo el sector bancario del país.

Se considera urgente e indispensable intervenir a fondo la forma en que se aprueban las operaciones crediticias en la banca, pues el Superintendente de Entidades Financieras, Javier Cascante alertó que los informes que emite SUGEF no son vinculantes, dice UCCAEP.

La SUGEF y Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) deben intervenir de inmediato en cómo elevar el nivel de los requisitos mínimos para integrar las Juntas Directivas, y que sobresalgan criterios de idoneidad y rigurosidad que tiendan a erradicar el criterio político en estos procesos de selección, puntualizan los empresarios.

El sector empresarial denuncia el manejo del Poder Ejecutivo en la remoción y escogencia de los miembros de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica no ha sido el mejor. Los candidatos fueron “entrevistados” por teléfono, y el proceso de suspender a los anteriores miembros, pareciera no estar apegado a derecho. Lejos de transparentarse la situación, hay una percepción en la ciudadanía de que se quiere ocultar algo, consigna UCCAEP.

Nefasta influencia

Esta situación pareciera reflejar una nefasta influencia política e indebida intervención de funcionarios públicos en negocios bancarios, con lo que comprometen la gestión de esa importante entidad financiera estatal y a la seguridad que debe generar ésta última, critican los empresarios.

Para el sector productivo, y generador del 86% de la mano de obra en el país, no se puede exponer el prestigio y la imagen de Costa Rica ante el mundo, pues muchas empresas del sector privado podrían verse afectadas en sus operaciones y el país podría enfrentar situaciones como déficit de créditos, lo que encarecería los fondos a captar en certificados de depósito y de crédito agrega UCCAEP.