Magistrado Jinesta, fuerte defensor de pensiones judiciales, se jubila con ¢5,5 millones mensuales

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Edgar Fonseca, editor

El magistrado Ernesto Jinesta Lobo, de 52 años, presidente de la Sala Constitucional, férreo defensor del cuestionado régimen de pensiones del Poder Judicial, se jubiló a partir de este miércoles 16 de mayo con una pensión mensual de ¢5,5 millones, confirmó la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia.

El Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N°41-18 celebrada el 15 de mayo de 2018,
acordó: “Aprobar la jubilación del doctor Ernesto Jinesta Lobo, Magistrado de la Sala Constitucional, cuya asignación mensual bruta será de ¢7.884.470,38 (siete millones ochocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta colones con treinta y ocho céntimos), y un monto neto correspondiente de ¢ 5.578.384,56 (cinco millones quinientos setenta y ocho mil trescientos ochenta y cuatro colones con cincuenta y seis céntimos) a partir del 16 de mayo de 2018.”, consignó un informe remitido por Sandra Castro, portavoz del Poder Judicial.

El Consejo también acordó agradecer al magistrado Jinesta Lobo, los servicios prestados al Poder Judicial y de conformidad con los artículos 1° y 3° del Reglamento respectivo, otorgarle un pergamino de Mérito y Reconocimiento, que se le entregará oportunamente.

Jinesta –según la fuente judicial — se retiró tras 28 años, 9 meses, 18 días, de servicio a sus 52 años, 11 meses, 7 días. Nació el 9 de junio de 1965.

Su último cargo en propiedad y desempeñado fue magistrado presidente de la Sala Constitucional.

Su último salario devengado fue de ¢ 9,037,762.18, con un salario promedio de ¢ 8,936,588.14.

Duro ataque

En 2016, Jinesta Lobo  generó controversia pública tras trascender una fuerte crítica suya a quienes adversaban el régimen de pensiones del Poder Judicial.

“Voy a mantener una actitud activa y combativa, tanto en esta Corte como respaldando a todo el funcionariado judicial, en todas las marchas, reuniones y movimientos de huelga que haya”, advirtió el magistrado Jinesta,  en sesión de Corte Plena el 20 de junio de 2016, según informó La Nación el 28 de octubre de 2016.

“Tengan la plena seguridad que si paramos las materias de Tránsito, Pensiones Alimentarias, Penal y Constitucional -no digo que las otras materias no sean importantes- incluso hasta cobros judiciales, ellos y ellas verán la relevancia y el significado que tiene la función jurisdiccional, porque se darán cuenta que el país se paraliza total y absolutamente”, advirtió Jinesta en aquel momento.

El magistrado Fernando Cruz, integrante de la Sala Constitucional, también ha fustigado los ataques al régimen jubilatorio judicial.

“En este país se dice que no se pueden tomar decisiones y que es ingobernable, pero sacan músculo para los jubilados, es decir, para los jubilados sí hay músculo político y múltiples iniciativas”, dijo Cruz ante sus colegas magistrados en diciembre 2014, según informó La Nación el 28 de octubre de 2016.

Se inhibieron

La reforma al régimen de pensiones judiciales generó polémica antes de su reciente aprobación legislativa.

Jinesta y demás magistrados titulares de la Sala Constitucional se inhibieron de conocer consultas a la reforma en 2017.

“Algunos magistrados propietarios tienen la jubilación aprobada o cumplen con las condiciones para pensionarse, supuestos en los que no se encuentran, por regla general, los suplentes de esta Sala”, reconocieron los altos jueces en noviembre 2017.

“Tratándose de magistrados propietarios, cualquier observador razonable, la opinión pública, la ciudadanía y algunos actores involucrados en la consulta, como el propio Poder Legislativo que aprobó la reforma, puedan albergar dudas razonables sobre la imparcialidad de los Magistrados propietarios”, admitieron.

“Por las razones expuestas, de carácter particular, calificadas, de peso y, sustancialmente, diferentes a las que pueda invocar cualquier suplente de la Sala Constitucional, nos inhibimos de participar en este asunto para que sea conocido y resuelto por los suplentes”, enfatizaron.

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Drástica reforma en medio de escándalos

La Asamblea Legislativa aprobó en noviembre 2017 un tope de ¢4 millones a las controversiales pensiones de lujo judiciales.

La aprobación, con 31 votos a favor y siete en contra, culminó una tensa negociación  que llevó en julio a los empleados judiciales a una huelga de servicios en medio de fuertes críticas públicas.

La controversia por los privilegios de dicho régimen de pensiones creció tras otorgársele el 11 de mayo una pensión de ¢9,8 millones, ¢6.9 millones con deducciones, a Zarela Villanueva, la saliente presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Con dicho monto –según informó La Nación en ese momento–  “la exmagistrada de 64 años se sumó a la lista de 50 exfuncionarios del Poder Judicial que devengan una pensión superior a los ¢5 millones”.

Según dicho diario,  el Poder Judicial tiene 3.013 jubilados activos, de los cuales: 52% reciben un montón inferior a ¢1 millón, 19% (más de ¢1 millón), 13% (¢2 millones), 12% (¢3 millones), 2% (¢4 millones) y 2% (¢5 millones o más). Y  hay 731 pensionados activos, los cuales corresponden a pensiones heredadas por el jubilado judicial después de su fallecimiento.

La polémica de las pensiones marcó un año de convulsión para la Corte Suprema de Justicia al trascender el escándalo del “cementazo”que provocó la suspensión del magistrado Celso Gamboa, –finalmente despedido-, y del Fiscal General, Jorge Chavarría, quien también se jubiló.