Edgar Fonseca, editor
Los dirigentes sindicales se lanzan, una vez más, a la temeraria aventura de paralízar y desestabilizar el país. De “colapsarlo”, como dijo uno de ellos, en tono sedicioso.
Desafían la legalidad, desafían las instituciones y desafían al país.
Merecen repudio nacional.
Desafían la legalidad, porque con sus acciones ponen en jaque el trámite legislativo final de una reforma fiscal que, aunque impopular, es inesquivable sino deseamos ver más cerca al país del despeñadero que hace rato ronda.
Desafían las instituciones en las cuales imponen “su ley” y las fuerzan a suspender servicios, sin importarles consecuencias.
No les importa interrumpir el curso lectivo y afectar a cientos y miles de niños y jóvenes y docentes.
No les importa ponerle candado a hospitales y clínicas y afectar y abandonar a cientos y miles de pacientes en absoluto menosprecio por la salud y la vida de todas estas gentes.
Ni les importa el caos, el desasosiego, la tensión que generen sus actos.
Y desafían a un país que no se limita a sus “cotos” de poder y privilegios, sino que se extiende a una infinidad de actividades públicas y privadas seriamente amenazadas por tan irresponsable actitud. ¿O es que quieren replicar el infierno de Nicaragua o el de Venezuela?
A las puertas de una decisión legislativa clave, los dirigentes se lanzan a chantajear.
Para la administración Alvarado se trata de una prueba de fuego mayúscula, apenas en el despunte de su gestión.
Si cede, si se les hinca, si se “presta a su juego” –como lo hizo el anterior gobierno–; en fin, si se somete a sus imposiciones y arbitrariedades, “este gobierno se acabó”, vaticina premonitorio el exvicepresidente Kevin Casas.
De ahí la expectativa de la opinión pública ante el comportamiento del presidente y de su gobierno.
En cadena de televisión, el mandatario fue enfático en denunciar como “ilegal, injustificada e improcedente” la huelga.
Sus palabras deben acompañarse de la firmeza, de la contundencia y del rigor de acciones para impedir que un grupúsculo someta al país.
Pero no solo el gobierno está bajo asedio.
Los partidos y fracciones deben asumir un protagonismo más crítico y sensato en esta coyuntura.
Deben, para empezar, enfrentar y denunciar, sin cortapisas, ni cálculos, esta amenaza al sistema institucional.
Tampoco debe ser un actor pasivo, el poderoso sector privado productivo, generador de cientos y miles de empleos, en riesgo por este arrebato extremista.
Ni es actor secundario la iglesia, en silencio hasta ahora.
La amenaza no es solo contra el presidente, su gobierno, o contra los partidos, es contra el país, como un todo, un país que merece mejor suerte que la que le intentan imponer unos cuantos dirigentes.
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