Ni insultos, ni bloqueos, ni paro por 25 días impidieron aprobar crucial reforma fiscal

466

Edgar Fonseca, editor/Foto Karla Solís, Asamblea Legislativa

Ni insultos, ni amenazas, ni bloqueos, ni 25 días de paro en algunas instituciones del sector público, impidieron a la Asamblea Legislativa aprobar la tarde de este viernes, por 35 votos, una crucial reforma fiscal que la administración Alvarado considera decisiva para frenar un mayor deterioro de las finanzas estatales.

La aprobación legislativa se dio a las 5:20 p.m., en medio de un estricto dispositivo policial y bajo las protestas de manifestantes en los alrededores.

El plan irá en consulta a la Sala Constitucional.

El gobierno del Presidente Carlos Alvarado logró el apoyo sostenido de votos del PLN, la mayoría del PUSC y PAC, uno Republicano y un  Independiente.

Presidente agradece

“Hoy es un día para agradecer a la Asamblea Legislativa que en medio de nuestro marco democrático ha aprobado en primer debate el proyecto 20580 de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, un paso importante y urgente en el objetivo de llevar a Costa Rica hacia una economía sana y estable”, reaccionó el presidente Alvarado a las 6:30 p.m. tras la decisión del Congreso.

“Seguimos adelante, aún queda camino, pero confío en la permanencia del compromiso demostrado hoy. Cada persona cuenta en la Costa Rica que seguimos construyendo. Estamos muy cerca de adoptar medidas de cambio valientes y de fondo”, agregó.

Round clave

La votación legislativa de este viernes significó un round clave para el gobierno, a escasos cinco meses de inicio de gestión,  con su firme apuesta a dicha reforma que pretende sumar al menos ¢422.400 millones a las deterioradas arcas públicas.

El plan tuvo 22 votos en contra de diputados de Restauración, Integración, dos del PLN y uno del Republicano.

El plenario aprobó ayer una moción, por mayoría, 46 vs 6, para sesionar este viernes en doble jornada y darle trámite de primer debate al plan de reforma fiscal que ha generado la mayor controversia pública en el país en los últimos 11 años desde la aprobación, vía, referéndum, del TLC con EE.UU.

La votación del proyecto, 20.580, denominado Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se dio en medio de anuncios de una gran presión pública este viernes por parte de los grupos sindicales que lo han adversan y que decretaron, desde el 10 de setiembre, un paro que ha afectado particularmente los sectores de salud y educación.

La decisión legislativa constituye un rudo golpe a las pretensiones de los dirigentes del paro en el sector público que afectó particularmente salud y educación.

Los sindicalistas exigieron como condición para negociar algún acuerdo con el gobierno retirar el plan de la discusión legislativa.

Los legisladores oficialistas, verdiblancos y la mayoría de socialcristianos, mantuvieron su voto al proyecto estrella del presidente Alvarado,  tras limpiar el trámite de 368 de las denominadas mociones de reiteración y de modificaciones a diferentes normas que contempla la reforma fiscal.

Su aprobación fue reiteradamente impulsada y defendida por personeros del Ejecutivo como una clara señal de seriedad a la comunidad financiera internacional.

“Esta reforma fiscal está lejos de ser perfecta, pero es lo posible ahora. Es muy insuficiente: solo el primer paso en un duro camino. Ojalá no se quede solo aqui y que el gobierno se atreva a lo de verdad”, reaccionó el exjefe de campaña PLN, Francisco Chacón.

“Hoy quedó en evidencia que ni la cúpula sindical ni Restauración Nacional ni el Frente Amplio unipersonal (extraño combo) controlan la toma de decisiones legislativas”, destacó el periodista y diplomático, Eduardo Ulibarri.

Apoyo a paro en picada

El voto legislativo se dio horas después de trascender una encuesta de la UCR que evidenció un notorio repudio al paro de los sindicalistas y crecimiento en el apoyo a la reforma fiscal.

El apoyo público al paro decretado por dirigentes sindicales en el sector público que afecta, particularmente, a salud y educación, se redujo, según una encuesta del Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP) y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Tras 25 días de paro, el apoyo cayó de 52%, que reflejó una primer encuesta sobre dicho movimiento, a 46%, ahora,  en momentos en que está por tramitarse en primer debate el plan de reforma fiscal que impulsa el gobierno del presidente Carlos Alvarado.

El apoyo de aprobación al plan fiscal subió en el periodo de la reciente encuesta de 14% a 21%, lo cual, resulta coherente con el debilitamiento del apoyo  al movimiento social, asegura el informe.

Según el estudio, 91% de quienes rechazan el movimiento avala el levantamiento de los bloqueos y el 78% respalda la sanción a los huelguistas, confirmó el estudio como rechazo de los ciudadanos a las violentas acciones emprendidas por manifestantes en diferentes zonas del país con bloqueos de vías.

“Cualquier restricción a esas libertades va a ser mal vista y sancionada por la población ocasionando que entren en conflicto la libertad de manifestarse con otras libertades como la de tránsito o la oportunidad de acceder a servicios médicos y educación”, dijo Ronald Alfaro, coordinador de la Unidad de Opinión Pública del CIEP.

La encuesta  del CIEP se realizó los días 2 y 3 de octubre a 703 personas mayores de edad de todo el país, a partir de una muestra aleatoria. El margen de error de la medición es de ± 3.7 puntos porcentuales.

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Defensa del Ejecutivo

A escasas horas de la crucial votación, la Presidencia divulgó un informe en que defiende el peso de los aportes tributarios de cada sector en el proyecto de reforma fiscal.

¿Quién paga la reforma fiscal en Costa Rica?, tituló Casa Presidencial dicho informe elaborado de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda.

 Según la tesis gubernamental:
-el Proyecto de ley 20580 pretende reducir en cerca de 3.5% del PIB para el 2022 y dotar una mayor sostenibilidad a las finanzas del país mediante tres formas: aumentando los ingresos tributarios, conteniendo el gasto público e introduciendo mecanismos para fortalecer la administración hacendaria y reducir la evasión.

La investigación analiza la composición de los aportes según los distintos tipos de impuestos: directos o indirectos, o según de donde provienen (hogares o empresas o personas no domiciliadas) y la magnitud y distribución del aporte de cada uno de los hogares al total que se espera recaudar con la reforma.

Sostiene que el peso de la reforma recae sobre el 80% de población con más recursos y que la progresividad de la propuesta permitirá que genere una disminución en la desigualdad económica medida por el coeficiente Gini.

Algunos de los principales hallazgos de la investigación, según la versión de Casa Presidencial:

  • Mayores ingresos provendrán del Impuesto sobre la Renta. 57% de los ingresos tributarios adicionales que generará la reforma fiscal proviene de reformas al impuesto de renta (salarios, rentas, mercado financiero, remesas, utilidades, excedentes, ganancias patrimoniales y pymes) y el otro 43% viene de impuestos indirectos, IVA.
  • 80% lo pagará el 20% el sector con más ingresos. Un 80% de lo recaudado lo pagará el 20% de hogares con más ingresos y las empresas.
  • Entre ₡2.600 y ₡3.000. El 20% de hogares más pobres pagará entre ₡2.600 y ₡3.000 colones al mes producto de la reforma tributaria. Esos mismos grupos reciben entre ₡35.000 y ₡43.000 colones mensuales en promedio de las transferencias del estado (IMAS, becas, subsidios, pensiones del RNC).
  • Entre ₡22.000 y ₡117.000. El 20% de los hogares más ricos pagarán entre 22 mil y 117 mil colones más en promedio al mes por la reforma tributaria.
  • Pago de renta. El 70% de los hogares de menor ingreso no pagará impuesto sobre la renta.
  • El 10% de los hogares de mayores ingresos pagará el 92% de este impuesto.
  • Impuestos directos. El 90% de los impuestos directos recae sobre el 10% de hogares con mayores ingresos y empresas.

Hacienda y la Presidencia de la República destacan el mecanismo de devolución del 1% a la canasta básica que permitirá el fortalecimiento del Régimen no Contributivo (RNC), lo que implicará un aumento aproximado de 3.500 nuevas pensiones para adultos mayores en condición de pobreza o pobreza extrema.