Juez censura cierre de comedores escolares y declara ilegal, de nuevo, la huelga del MEP

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Edgar Fonseca, editor

Al censurar el cierre de los comedores escolares que afecta a 98.966 estudiantes, el juez de Trabajo, Víctor Orozco, resolvió hoy declarar ilegal, de nuevo, la huelga de sindicatos del magisterio que cumplió 80 días.

La resolución del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial ratifica que la huelga no es un movimiento pacífico.

“El país fue testigo de como en diferentes lugares se llevaron a cabo bloqueos en las vías como forma de protesta”, afirmó Orozco en la sentencia.

Dicho movimiento sí afecta servicios esenciales como la alimentación de los estudiantes que dependen de tales servicios, puntualizó.

“Al transgredirse los principios de razonabilidad y de proporcionalidad es que este juzgador llega a la conclusión de que se debe declarar ilegal”,  sostuvo dicho juez en la resolución dada a conocer hoy, en momentos en que los dirigentes sindicales y el MEP exploran un acuerdo para poner fin al movimiento decretado en contra de la reforma fiscal el 10 de setiembre.

Los sindicalistas del MEP son los únicos que mantienen la paralización de labores en el sector público luego de fracasar el llamado a huelga nacional general por parte de las organizaciones sindicales en contra de la reforma fiscal.

El plan fiscal está listo a ser sometido a segundo debate en la Asamblea Legislativa tras recibir un decisivo aval de constitucionalidad por la Sala IV.

El daño

El juez Orozco censura el daño a la población afectada por esta huelga.

“Es inevitable no pensar que esta población se ha visto afectada con la prolongación del movimiento de huelga”, sostiene.

“El informe arroja datos por ejemplo que prácticamente en todos los centros educativos la afectación fue más del 50% de comedores cerrados, dato que al inicio de la huelga no era posible obtener, con lo cual con el pasar de los días puede verse gravemente afectada la población estudiantil que depende de este servicio de alimentación”, amplía Orozco.

Los sindicatos tienen plazo de tres días para apelar.

Esta nueva declaratoria de ilegalidad se da luego que el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José determinó, el 19 de noviembre pasado, que la huelga no era ilegal, tal como lo resolvió en primera instancia el juzgado, pues no estaban demostrados actos de violencia y demandó pruebas.