Edgar Fonseca, editor
Bien hace el Ministro de Seguridad en calificar de “cobarde” la acción de desconocidos de lanzar dos bombetas caseras contra las instalaciones del Ministerio de Hacienda con el evidente propósito de generar alarma en la población.
No solo es un acto cobarde sino alevoso, premeditado, ante el cual los grupos especializados de DIS, OIJ y la Fiscalía, deberían entrar de lleno en su esclarecimiento.
Milagrosamente no hubo víctimas pero cualquiera pudo estar al alcance de esta perversa acción que sus protagonistas acompañaron de un manifiesto sedicioso contra el avance institucional del plan fiscal, respaldado por una sólida mayoría legislativa y avalado, de manera decisiva, por la Sala IV.
Cobardes y alevosas son, también, las amenazas que obligan a un juez, que cumple estricto su función, a pedir protección tras condenar los daños agravados perpetrados por un huelguista, cazado in fraganti en las instalaciones de Recope, Moín, hecho que estuvo a punto de generar una tragedia, como lo denunció la dirección jurídica de la entidad.
Son cobardes y alevosas estas acciones porque denotan desesperación de quienes ven impotentes como el aparato institucional responde en una compleja coyuntura como la que vive el país.
Porque la apremiante reforma fiscal que han impedido algunos por ya 20 largos años, y que se resisten a aceptar, ha superado todos los escollos de hecho y legales.
Superó la fracasada “huelga nacional”, el mayor revés para algunos de estos sectores desde la visionaria aprobación del TLC con EE.UU. en 2007.
Superó la embestida de las calles.
Superó los bloqueos de vías que tanto daño causaron a miles de gentes, a empleados públicos y privados, a instituciones y empresas, y a usuarios de todos los servicios.
Superó los cierres de hospitales y clínicas, la más deshumanizante acción sindical.
Superó esa huelga insensata que tiene trancados aún nuestros colegios y escuelas en perjuicio de miles de estudiantes y docentes.
Superó, con un liderazgo institucional clave y la lealtad y la responsabilidad de miles de servidores, la pretendida paralización de servicios de combustibles, de energía y de telecomunicaciones, esenciales para la productividad del país, aunque algunos jueces se hagan de la “vista gorda”.
Frente a esta arremetida, y en medio de grotescas manifestaciones de amedrentamiento, una mayoría legislativa reservó una respuesta institucional seria y responsable ante la reforma.
Como serio y responsable fue el contundente voto de la Sala Constitucional que no dejó duda del necesario paso de la reforma por más que algunos, gurús incrédulos, traten ahora de retorcer recursos y alegatos, fuera de lugar, tan solo por deslegitimar a los magistrados.
Es probable que estos actos, cobardes y alevosos de las últimas horas, sean una reacción desesperada de algunas cabezas calientes.
Pero se les debe investigar y esclarecer. Sus responsables no deben permanecer ni en la oscuridad ni en la impunidad.
