-Sacude al ejército y fulmina nexos financieros del régimen
Edgar Fonseca, editor/Foto Confidencial, Managua
Entre el 21 de diciembre de 2017 y el 22 de mayo de este año, 20 funcionarios aliados al régimen Ortega Murillo han sido sancionados económicamente por el Gobierno de Estados Unidos, destaca este lunes un informe del sitio independiente Confidencial de Managua.
Los más recientes: Julio César Áviles, jefe del ejército, e Iván Acosta, ministro de Hacienda, con quien EE.UU. fulmina nexos financieros del régimen con FMI, BM y BCIE.
Nueve de ellos también están sancionados por Canadá y seis también por la Unión Europea, detalla el sitio.
Desde congelar activos, revocar visas hasta prohibirles transacciones
Las sanciones consisten, principalmente, en la congelación de activos en territorio estadounidenses, pero también les revocaron las visas y les prohibieron hacer transacciones con los ciudadanos de ese país.Todas estas sanciones son parte de las medidas que el Gobierno de EE. UU. aplica para que el régimen de Ortega “deje de reprimir a los nicaragüenses, respeten los derechos humanos, las libertades fundamentales y permita las condiciones para restaurar la democracia en Nicaragua”.
En este período, también fueron sancionadas la Policía Nacional de Nicaragua y las empresas: Inversiones Zanzibar, S.A., Servicio De Protección Y Vigilancia, S.A (El Goliat); la Distribuidora de Petróleos de Nicaragua (DNP) y el Banco Corporativo S.A (BanCorp). Y tras aplicación de estas restricciones, muchos funcionarios orteguistas han sido reubicados de sus cargos, agrega Confidencial.
Los sancionados en Nicaragua:
Julio César Avilés | Jefe del Ejército de Nicaragua
Fue sancionado este viernes, 22 de mayo, por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos bajo la Orden Ejecutiva 13851 “Bloqueo de propiedades de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”. Al general Avilés, EE.UU. lo señala de estar “alineado políticamente con el presidente Ortega”.
Además, lo acusan de negarse a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o “parapolíticas” durante y después de los levantamientos políticos que surgieron el 18 de abril de 2018. Asimismo, culpan al Ejército de Nicaragua de proporcionarles las armas para reprimir a la población que se alzó contra la gestión de Ortega y que derivó la muerte de más de 300 personas.
Por su lealtad al régimen, el año pasado el dictador Ortega extendió por cinco años más su mandato en frente de la institución castrense, en la que ya cumplió diez años de permanecer al frente, según dicho sitio.
Iván Acosta | Ministro de Hacienda y Crédito Público
El actual Ministro de Hacienda fue sancionado junto al general Avilés. A él se le señala de organizar un importante apoyo financiero para el régimen orteguista. También, fue acusado de amenazar personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019, que pretendía demandar la liberación de los presos políticos.
Roberto López | Presidente ejecutivo del INSS
Según el Departamento de Tesoro del EE. UU., López dirige “uno de los principales vehículos que facilitan la corrupción y se ha utilizado como fondo para sobornos del Gobierno”. Por esa causa fue sancionado junto a otros dos funcionarios orteguistas el siete de noviembre de 2019.“El INSS ha estado implicado en escándalos de corrupción y esquemas de lavado de dinero bajo la supervisión de López, desde financiar un edificio de varios millones de dólares en tierras de propiedad de López, hasta favorecer contratos con empresas de construcción afiliadas al Gobierno y proveedores farmacéuticos, hasta realizar pagos ilegítimos a funcionarios a través de empresas fantasma”, explican.
Asimismo señalan al INSS de propiciar una serie de transacciones de corrupción en nombre del Gobierno de Ortega y de la expropiación de activos privados para beneficio personal o fines políticos. A pesar estas medidas, López conserva su lugar en la dirección de este instituto, agrega Confidencial.
