Edgar Fonseca, editor

El Gerente de Logística de la CCSS, Luis Fernando Porras, el asesor Hans Vindas Céspedes y un tercer funcionario no notificado, fueron suspendidos hoy martes 18 de agosto por cuatro meses de sus puestos en medio de las denuncias por cuestionadas adjudicaciones de compras millonarias de mascarillas sanitarias para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, informó oficialmente la entidad.

La medida cautelar fue anunciada por la gerencia general de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Confirmaron la separación temporal de Porras, de Vindas y del tercer funcionario, quien al momento de hacer pública la medida no habia sido notificado.


La resolución administrativa GG-2355-2020 fue notificada este martes y busca garantizar la transparencia en el proceso de investigación que se realiza por la contratación de mascarillas médicas descartables efectuada mediante la contratación directa 2020-CD-00093-5101, citó un comunicado de la institución sumergida en el peor escándalo de manejo de recursos en medio de la pandemia.

Las denuncias son investigadas por el Ministerio Público, la Asamblea Legislativa, y dos auditorías, una interna de la CCSS y otra de la Contraloría General de la República.


Según la entidad, la suspensión temporal de los cargos se ejecuta en apego de los derechos y condiciones laborales de los trabajadores.

El gerente general, doctor Roberto Cervantes Barrantes, confirmó que hoy se estará tramitando el inicio de un procedimiento administrativo ante el Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA) de la CCSS para determinar la verdad real de los hechos.


Tras la suspensión de los funcionarios, la gerencia general informó que llevaría, esta tarde, una propuesta a la Junta Directiva de la institución para el nombramiento de un sustituto temporal en la gerencia de logística y garantizar la continuidad de los servicios en esa dependencia.

En manos de la Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción anunció el 5 de agosto que investigará la cuestionada adjudicación de dos compras de mascarillas sanitarias por $4 millones por parte de la CCSS.

“La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) informó que inició una valoración de los hechos expuestos por medios de comunicación y determinó abrir una investigación de oficio, bajo la causa 20-000122-1218-PE, en relación con presuntas irregularidades en la Caja Costarricense del Seguro Social, respecto a la compra de mascarillas”, confirmó en esa fecha Sharon Hernández, portavoz de la Fiscalía.

“De momento, la (FAPTA) tramita el caso contra ignorado, es decir, no hay personas imputadas individualizadas. El expediente se encuentra en una etapa que es privada, por lo que, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, no es posible brindar más detalles”, agregó la fuente oficial ante consulta de este editor.

“Desde la presidencia ejecutiva de la CCSS nos parece positivo que la Fiscalía inicie esta investigación de las compras, en momentos en que también realizan investigaciones la Contraloría General de la República (CGR) y la Auditoría Interna de la Caja”, reaccionó ese día Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, ante la intervención de la Fiscalía.

“Todas las formas de revisión y de transparencia son importantes en una institución que está comprometida en la atención de la pandemia por covid-19 siempre apegada al marco jurídico y normativo vigente”, agregó.

La orden de investigación se conoció poco después que Macaya, y el Gerente de Logística, Porras, defendieran como abierto y transparente el proceso de las adjudicaciones, durante la conferencia diaria sobre la pandemia.

Las adjudicaciones cuestionadas, por 12 millones de mascarillas y por un monto de $4 millones, fueron otorgadas a David Landergren Castro, contador público y a la firma MR Comunicaciones Políticas de la periodista Miren Martínez Ruiz, según un informe del diario La Nación.

Las autoridades pueden revisar, dice gerente

El gerente Luis Fernando Porras dijo ese miércoles 5 de agosto que las autoridades pueden revisar los expedientes de las cuestionadas adquisiciones.

“Estamos a la disposición de las autoridades que quieran revisar los expedientes, este es un proceso que es transparente y es abierto y está publicado”, respondió Porras cuando este editor le planteó, en la conferencia de prensa, sino consideraba prudente poner dichos casos a disposición de la Fiscalía. 

“Hemos trabajado de manera transparente y de manera profesional”, afirmó.

“En el tema del monto cancelado de las dos ordenes de compra, una está en proceso de resolución de contrato por incumplimiento de entrega, no se ha pagado absolutamente nada y la otra ha hecho tres entregas que están en proceso de pago”, aclaró.

“Y con el tema de presentar la renuncia pues creo que hemos trabajado de manera transparente y de manera profesional y no es un tema que esté considerando en este momento”, dijo Porras cuando se le planteó si, en razón de la controversia, no consideraba conveniente poner su cargo a disposición de las altas autoridades”.