Edgar Fonseca, editor

La CCSS anunció la tarde de lunes que intervino la unidad denominada CIPA que tramitaba procesos internos contra funcionarios vinculados a cuestionadas compras millonarias de insumos sanitarios durante la pandemia.

Dicha unidad alegó que por razones de la pandemia realizaría audiencias en dichos casos hasta después de la emergencia sanitaria.

La gerencia Administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en acatamiento al oficio de la Gerencia General GG-0513-2021, procedió a la intervención el Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA), ratificó la entidad en un comunicado.

Luego de recibir el oficio de la Gerencia General, donde se solicitaba la intervención de esa unidad, procedieron a realizar las notificaciones del inicio de este proceso el pasado viernes 19 de febrero, mediante el oficio GA-0211-2021, informó Rónald Lacayo Monge, gerente Administrativo de la CCSS.

Las investigaciones abarcan al menos a 13 funcionarios y se refieren, entre otras, a cuestionadas compras millonarias a proveedores inexpertos de insumos como mascarillas.

La Fiscalía, la Asamblea Legislativa, la Contraloría y auditorías institucionales internas investigan los hechos.

Intervención y medida cautelar

No solo intervinieron la unidad sino que aplicaron una medida cautelar a uno de los personeros.

“En razón de eso conformamos el grupo interventor por un lado y en el mismo acto aplicamos una medida cautelar, a un funcionario de apellido Cajina , de traslado a otra unidad por un periodo de dos meses mientras el órgano interventor presenta su informe”, dijo Lacayo.

Aletargaron los casos

La CSS justifica la interveción del CIPA en que aletargaron el trámite de los casos bajo su atención.

“La decisión para la intervención se basa en dos puntos que señala la Gerencia General; primero el aletargamiento en la atención de los procedimientos administrativos sobre todo en la no convocatoria de las audiencias y en el punto dos señala que se quitó la condición de órgano decisor a la Gerencia General y ellos consideran que es una falta de respeto a la jerarquía”, ratificó Lacayo.

Por esas dos razones, dijo, la Gerencia General señala su preocupación y solicita se haga una intervención para revisar lo actuado en esos procedimientos y también que se revise en general la situación del control interno en el CIPA.

En el equipo interventor figuran la licenciada María Gabriela Ramírez Abarca, que es la jefa del área de asesoría Laboral de la Dirección de Bienestar Laboral, quien además es la coordinadora, el licenciado Julio César Cano Barquero, asesor de la gerencia de Pensiones y la licenciada Jennifer Zúñiga Ruiz, jefa de la subárea de archivo y correspondencia.

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