Carlos F. Chamorro, director Confidencial, Managua.
El estallido social del 18 y 19 de abril de 2018 estableció en Nicaragua un parteaguas político. Marcó el principio del fin de la dictadura Ortega Murillo, pero tres años después el país sigue aplastado bajo el estado policial sin haber alcanzado la democracia.
La protesta autoconvocada que demandó la salida de Ortega y elecciones anticipadas desató una verdadera insurrección cívica. Una nueva mayoría política, azul y blanco sin banderas partidarias, despojó al Frente Sandinista del monopolio del control político de las calles, pero no logró sacarlo del poder.
La dictadura institucional que fue diseñada para gobernar sin oposición política en 2007, respondió con la orden del “Vamos con todo” de Rosario Murillo, provocando el peor baño de sangre de la historia nacional en tiempos de paz. La matanza de abril y mayo, sumada a la “operación limpieza” perpetrada en junio y julio de 2018 por policías, paramilitares, y activistas del FSLN, dejó más de 328 asesinados, 1600 detenidos políticos, centenares de lesionados y torturados, y 100 000 exiliados. Crímenes de lesa humanidad que hoy permanecen en la impunidad, y colocan la demanda de verdad y justicia como un pilar inseparable de la demanda de democracia.
Al convertirse en una dictadura sangrienta, el régimen Ortega Murillo perdió su viabilidad política. En 48 horas, colapsó su modelo corporativista de alianza con los grandes empresarios que, a cambio de ventajas económicas, durante una década le otorgó legitimidad política para gobernar sin democracia ni transparencia.
Ver: La Rebelión de Abril, tres años después, ¿puede derrotar a la dictadura?, Carlos Fernando Chamorro, Confidencial, Managua,
