Edgar Fonseca, editor

El riesgo de posibles conflictos de interés de la Fiscala General, Emilia Navas, en casos penales por parentesco personal es de conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, y de todo el Ministerio Público desde 2019.

Corte Plena resolverá este lunes pedidos de renuncia contra Navas quien es objeto de críticas por parte de diputados y sindicatos judiciales que le reclaman sus distintas inhibitorias en polémicos casos en lo que interviene el abogado Francisco Campos, su esposo.

En el megaescándalo “Cochinilla”, destapado hace una semana, tras 57 allanamientos y 30 detenciones de sospechosos de una red de presuntos sobornos y dádivas en contrataciones de obra pública, Navas se inhibió al aducir el parentesco con Campos quien defiende a algunos de los imputados en dicha causa.

“Es por ello, que es hasta el día de hoy, mediante oficio número FGR- 673-2021, presenté ante la Fiscala Subrogante Dra. Criss González Ugalde, mi inhibitoria en la causa penal número 19-000025-1218-PE que tramita la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en la cual mi esposo figura como uno de los abogados defensores de imputados y las imputadas”, ratificó Navas en un oficio enviado al magistrado Cruz el jueves anterior. 

Algunos diputados y tres sindicatos judiciales exigen su renuncia.

La Corte Plena tiene en su agenda para este lunes ver esas peticiones.

Protocolo desde 2019

En medio de la polémica, Navas envió el jueves anterior al presidente de la Corte, magistrado Castro el oficio FGR-674-2021 en que confirma que desde julio de 2019, el máximo jerarca de la Corte y la magistrada Patricia Solano Castro fueron notificados de un protocolo interno para la prevención, identificación y gestión de los conflictos de interés de la Fiscala General o Fiscal General del Ministerio Público.

Destaca que dicho protocolo contiene con claridad y detalle, las reglas para gestionar dentro de nuestra institución estas situaciones de posibles conflictos de interés. 

“La circular sobre dicho protocolo se puso en conocimiento de la señora Oficial de Cumplimiento mediante oficio número FGR-324-2019, de fecha 18 de junio del 2019,y ésta lo hizo del conocimiento de su persona y de la señora Magistrada Patricia Solano Castro, en fecha 5 de julio del 2019”, añade Navas en su escrito a Cruz. 

El 3 de julio del 2019, agrega, la circular se hizo del conocimiento de todas las personas funcionarias del Ministerio Público, mediante comunicado del Área de Prensa de la institución. 

Defensa de labor independiente y transparente

La jerarca defiende la independencia y transparencia de las investigaciones en el reciente escándalo, el mayor golpe de autoridades judiciales contra alegados hechos de corrupción con recursos públicos desde 2004 con los casos que enfrentaron los expresidentes Rodriguez y Calderón.

“Por considerarlo pertinente, procedo a rendir un informe, relacionado a mi posición y mi proceder frente a los casos de investigación penal en los que me he inhibido en razón de parentesco con alguna persona interviniente y con el fin de evitar cualquier conflicto de interés”, cita. 

“Investigaciones como las que se están realizando a la fecha, sin la intervención de la Fiscala General, son un ejemplo de TRANSPARENCIA Y OBJETIVIDAD del Ministerio Público”, dijo. 

“Estas actuaciones que se sustentan en la normativa emitida a lo interno del Ministerio Público, evitan cualquier conflicto de interés y garantizan la independencia funcional de la Fiscalías del país”, enfatizó. 

Añadió: “Como es de su conocimiento, en fecha 14 de junio del 2019, la señora Kenia Alvarado Villalobos, Oficial de Cumplimiento del Poder Judicial, me remitió la Gestión del Riesgo: 

“Conflicto de Interés número 001-2019” en atención de la detección de un riesgo de conflicto de interés de mi persona en mi condición de Fiscala General de la República, en las causas penales en las que se encuentra apersonado como abogado interviniente mi esposo Francisco José Campos Aguilar. Fiscalía General de la República San José Costa Rica.

“En dicha gestión, –amplía Navas– se me solicitó que mientras entraba en vigencia el Reglamento del Poder Judicial en esta materia, procediera a construir un instrumento que sirviera de referencia y tuviera las reglas de aplicación ante la situación de conflicto descrita, el cual debería ser del conocimiento de todo el personal de la institución. 

“En cumplimiento de la instrucción, menciona, se giró la circular número 20-2019, denominada:  “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERES DE LA FISCALA GENERAL O FISCAL GENERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE COSTA RICA”.

Política ante delitos de corrupción

Destaca luego una circular que giró desde 2019 de la política a seguir desde el Ministerio Público frente a delitos funcionales y de corrupción.

“Consciente de mi obligación de luchar contra la corrupción que sufre el país, giré la circular número de Política de Persecución Penal número 13-AD-2019 de fecha 17 de mayo del 2019, denominada : 

POLITICA DE PERSECUCION PENAL EN DELITOS FUNCIONALES Y DE CORRUPCION DENTRO DEL MINISTERIO PUBLICO, IMPARTIDA POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA A LA FISCALIA DE PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN”. 

“El objetivo de este instrumento –según la jerarca– fue establecer la política penal anticorrupción contra los delitos cuya comisión resultan más dañosas, de mayor lesividad y con gran impacto nacional y consecuencias por violación de derechos económicos, sociales, culturales y que ponen en riesgo el Estado de Derecho y los Derechos Humanos. Fiscalía General de la República San José Costa Rica “

Enumera delitos de Corrupción en el sector de la Salud Pública y Medio Ambiente, en perjuicio de la Educación Pública, cometidos en Telecomunicaciones y Energía, en el desarrollo de Infraestructura Vial, en la Corrupción Política, dentro del Régimen Municipal, Corrupción Judicial y Corrupción Transnacional. 

Fiscalía Anticorrupción: blindada de presiones políticas, económicas, sociales, mediáticas

Resalta luego que se estableció que la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción sería el órgano rector del Ministerio Público y gozaría de Independencia Funcional para la dirección de las investigaciones y sanción contra la Corrupción, debiendo materializar las políticas de persecución penal dictadas al efecto, en estrategias de investigaciones y casos penales específicos junto con el Organismo de Investigación Judicial. 

“Se estableció que su función debería ser garantizada mediante un blindaje de presiones políticas, económicas, sociales, mediáticas o de cualquier naturaleza que pongan en riesgo la objetividad, la legalidad de sus investigaciones y a sus componentes, quienes deben de poseer los más altos estándares de idoneidad y calidad de competencias técnicas – jurídicas, de comportamiento, conductuales, éticas y valores, conforme a las disposiciones de la Fiscalía General”, agrega. 

“Esta independencia funcional –asegura– le garantiza a las fiscalas y fiscales, que pueden iniciar investigaciones SIN INTERVENCIÓN DE LA FISCALA GENERAL, si existe alguna causal de inhibitoria por razones de parentesco con alguna de las partes, independencia que les impide informarme hasta que lo consideren pertinente, para que presente la inhibitoria formalmente, como lo señala el protocolo”. 

“Es por ello –añade– que es hasta el día de hoy, mediante oficio número FGR- 673-2021, presenté ante la Fiscala Subrogante Dra. Criss González Ugalde, mi inhibitoria en la causa penal número 19-000025-1218-PE que tramita la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en la cual mi esposo figura como uno de los abogados defensores de imputados y las imputadas.

“Las actuaciones del Ministerio Público -como las consultadas- constituyen no solo una garantía de la objetividad de las investigaciones, sino que resalta el alto valor ético de las personas funcionarias del Ministerio Público, y por ende, refuerza el papel del Ministerio Público dentro de un sistema democrático”, concluye Navas.