Edgar Fonseca, editor
Daños por ¢58.739 millones reclama el Estado en la causa penal abierta por el denominado escándalo de Cochinilla de alegados sobornos y dádivas en contrataciones de obra pública.
El anuncio lo hizo ayer miércoles la Procuraduría de la Ética Pública, al presentar la Acción Civil Resarcitoria en la causa 19-25-1218-PE por dicho caso.
Informaron que la demanda civil se dirige contra 78 personas entre físicas y jurídicas, sea los funcionarios públicos investigados así como a los particulares y empresas involucradas.
Con la interposición de la acción civil resarcitoria el Estado pretende la indemnización y restitución del daño material y social causado por las acciones imputadas por el Ministerio Público, citó un comunicado de la Procuraduría.
Monto sujeto a revisión
El monto que se solicita sea resarcido, detallaron, se estableció de manera prudencial en la suma de cuarenta y cinco mil ciento ochenta y tres millones novecientos sesenta y nueve mil trescientos noventa y dos colones con dieciséis céntimos. (¢45.183.969.392,00) por concepto del daño material y en trece mil quinientos cincuenta y cinco millones ciento noventa mil ochocientos diecisiete colones con sesenta y cuatro céntimos (¢13.555.190.817,64), el daño social.
Advirtieron que en razón que la causa aún se encuentra en una etapa preparatoria, esos montos pueden variar, conforme avance la investigación y se logre determinar daños de mayor cuantía.
El caso, destapado el 14 de junio tras tres años de investigación, contempla investigaciones y denuncias contra al menos 30 personas sospechosas –según OIJ y Fiscalía– de ser parte de una “organización criminal” dedicada a repartir sobornos y dádivas en los trámites de contrataciones de obra pública.
El OIJ y la Fiscalía mantienen abiertas investigaciones contra al menos otras 30 personas.
No se descarta más acusaciones y detenciones.
Por los hechos fueron detenidos empresarios y personeros de firmas del sector de la construcción de obra pública y funcionarios de CONAVI, epicentro del escándalo, el mayor relacionado con alegada corrupción en la función pública desde 2004 con las causas contra los expresidentes Rodríguez y Calderón.
Los empresarios Carlos Cerdas de la firma MECO y Mélida Solís de H Solís, vinculados a las investigaciones, descuentan cuatro meses de prisión preventiva desde el pasado lunes luego que el juez Hugo Porter Aguilar, del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Goicoechea, revocó las fianzas por $5 millones y $3 millones, respectivamente, que les concedió semanas atrás la jueza penal Carolina Lizano.
La Fiscalía había pedido contra ambos y otros 12 sospechosos un año de prisión preventiva.
La medida reducida a cuatro meses solo fue fijada para dichos empresarios.
