Edgar Fonseca, editor

La Fiscalía investiga una denuncia por supuesto prevaricato planteada por la orden de libertad de los 30 implicados en el escándalo Cochinilla, una supuesta red de dádivas y sobornos en contratación de obra pública que habría causado un perjuicio al Estado por unos ¢78 mil millones ($125 millones), trascendió este martes.

En respuesta a su consulta, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que, el pasado 29 de junio, ingresó una denuncia a este despacho. Al caso se le asignó el número de expediente 21-000139-1218-PE y se tramita por el presunto delito de prevaricato, informó la Fiscalía.


El caso –añadieron– se encuentra en investigación, en la etapa de recolección y análisis de prueba, por lo que, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, no es posible brindar más detalles.

La denuncia la planteó un abogado de apellido Paniagua.

Según el denunciante, la orden del Juzgado Penal de Hacienda habría omitido el delito de crimen organizado en la resolución, tal como lo acusó el Ministerio Público.

Por este caso fueron detenidas 30 personas, entre funcionarios de CONAVI, epicentro del escándalo, y personeros de firmas constructoras y supervisoras, entre otras.

La investigación abarca al menos a 72 personas y la Fiscalía no descarta más detenciones.

El caso estalló el lunes 14 de junio tras tres años de investigación por parte del OIJ y la Fiscalía que culminaron con 57 allanamientos y las detenciones.

Se trata del mayor golpe a una alegada red de corrupción en la gestión pública desde los casos de los expresidentes Rodríguez y Calderón en 2004.

Entre los detenidos figuraron los empresarios Carlos Cerdas de la firma MECO y Mélida Solís de H Solís, dos de las mayores constructoras privadas de obra pública en el país.

Por razones de eventual peligro de fuga, continuidad delictiva y posible obstrucción del proceso, la Fiscalía pidió un año de prisión preventiva contra 14 de los imputados.

El sábado 26 de junio, la jueza Carolina Lizano rechazó la medida de prisión preventiva y liberó a 28 delos detenidos. Dos del grupo habían sido liberados antes,

A los empresarios Cerdas y Solís les fijó $5 millones y $3 millones de fianza, respectivamente.