Especial PuroPeriodismo/El Faro, San Salvador

En el despacho del juez Jorge Guzmán hay una caja de cartón con corbatas y camisas. Está en medio de dos anaqueles donde están ordenados y categorizados decenas de carpetas con el mismo número de referencia y título: 238-1990, Masacre El Mozote y lugares aledaños. La caja está ahí porque, después de 28 años como juez en San Francisco Gotera, Guzmán está empacando sus pertenencias. Dice que ese juzgado es “como su segundo hogar” y ha estado guardando sus enseres personales, libros y algunos de los trajes que usa para las audiencias, y llevándoselos paulatinamente para no tener nada ahí el sábado 25 de septiembre. Esa es la fecha límite que el régimen de Bukele impuso a Guzmán y a otros 200 jueces salvadoreños por tener más de 60 años o más de 30 años de ejercer como juzgadores. Organismos internacionales y voces críticas en el país consideran esto un paso más de Bukele para liberar plazas y ubicar a jueces a su servicio, en su camino para controlar el Estado.

Aunque la purga genera incertidumbre, lo que hay en el tono del juez Guzmán es más determinación que tristeza. Guzmán está convencido de que, aunque tenga que dejar temporalmente la sede, tarde o temprano habrá una resolución favorable para él y los demás jueces que los reinstale en sus puestos. Cree que podrá llegar a un fallo sobre el caso El Mozote, la mayor masacre de civiles en un solo operativo de toda la guerra salvadoreña, que desde 2016 le puso los reflectores del país y del mundo encima, una situación inusual para un juez de Morazán, a unas cuatro horas de San Salvador.

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