Edgar Fonseca, editor /Foto Minor Solís, Asamblea Legislativa

“El narcotráfico busca infiltrar, controlar o debilitar ciertas instituciones públicas, para el logro de sus propios fines, principalmente por el poder económico que tiene”, advirtió la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, ante diputados que investigan supuesta penetración del crimen organizado en municipalidades y partidos.

“Ese poder económico y el deseo de debilitar y controlar la institucionalidad pública, pueden incrementar los riesgos de infiltración del narcotráfico”, alertó.

“La corrupción –agregó- es uno de los vehículos para la infiltración y la influencia del narcotráfico”.

Tales manifestaciones constan en el acta de la sesión del 24 de agosto.

La comisión investiga hechos a partir de los casos de los diputados Gustavo Viales, PLN-Puntarenas y Oscar Cascante, PUSC-Puntarenas, por supuestos contactos con sospechosos de redes narco.

Viales, exsecretario PLN y expresidente de la comisión legislativa de Seguridad y Narcotráfico, se vio envuelto en un escándalo en abril cuando visitó un condominio en San Joaquín de Flores, donde fue arrestado luego un presunto líder de una gran red narco de apellido González, alias Pancho Villa, con base en Corredores, zona sur.

Viales alega que llegó al condominio a recibir documentación de quejas de vecinos de la zona sur sobre la vacunación contra covid-19.

Los documentos , dijo, se los dejó en un dispositivo UBS, un conocido, presidente municipal de Corredores, detenido como parte de la red narco.

Cascante apareció vinculado a dos sospechosos narco de apellido Cartín, que visitaron su despacho en al menos 13 ocasiones, uno de los cuales fue detenido como sublíder de otra gran red narco, denominada caso Turesky.

Los sospechosos, uno de ellos fallecido, visitaron además en al menos 36 ocasiones despachos de diputados en los dos últimos periodos.

El caso estalló el 25 de junio con 23 detenciones y bienes confiscados por al menos ¢1.500 millones. La red, según las autoridades, se dedicaba a traficar cocaína en contenedores desde Moín.

Ambos legisladores niegan actuaciones anómalas o nexos con los sospechosos.

El narcotráfico busca infiltrar

“El narcotráfico –ratificó la Contralora Acosta ante los diputados– busca infiltrar, controlar o debilitar ciertas instituciones públicas”, ratificó.

“En este caso –agregó– la corrupción funciona entonces, como un medio para conseguir objetivos para la sociedad”.

“La prevención de la corrupción entonces, se convierte en un factor clave en la lucha contra el narcotráfico”, agregó.

La jerarca aclaró ante los diputados que la Contraloría, por ley, no tienen injerencia directa en la lucha contra el narcotráfico.

“En relación con la Contraloría, ésta no tiene funciones directas en la lucha contra el narcotráfico”, dijo. 

Las competencias de la Contraloría, precisó, están delimitadas por la Constitución Política en los artículos 183, 184, así como por su ley orgánica.   

“Nuestras reglas del juego están bien acotadas, y la Contraloría General de la República no podría traspasar el alcance de las líneas y funciones que le competen a otros órganos. Tener esta claridad permite tener presente el papel objetivo que nos corresponde en relación con nuestras responsabilidades”. 

“Con respecto a los partidos políticos, la competencia le corresponde el Tribunal Supremo de Elecciones. Los partidos políticos no son sujetos pasivos fiscalizables por la institución. En conclusión, la Contraloría General de la República está más relacionada con el tema de corrupción. Con la prevención, la detección, y la sanción de la corrupción pública, entre otros propósitos más, como son la promoción de la eficiencia y la legalidad en la gestión pública”, agregó. 

Corrupción es abuso de poder

En un año marcado por el megaescándalo Cochinilla, una supuesta red de sobornos y dádivas en trámites y contrataciones de obra pública, la Contralora Acosta atacó, sin aludir al caso, el tema de la corrupción como un “abuso de poder”.

“La corrupción pública es el abuso de poder, para el beneficio  propio, e implica un beneficio directo e indirecto para el sujeto corrupto o los grupos a los que pertenece, implica el incumplimiento de normas jurídicas, o de las normas éticas que creemos válidas, y sobretodo implica un comportamiento, que antepone el interés privado sobre el interés general”, afirmó.

“La corrupción funciona entonces, como un medio para conseguir objetivos para la sociedad. Es decir, la corrupción es uno de los vehículos para la infiltración y la influencia del narcotráfico”, ratificó.

“Sabemos –dijo– que cuando la corrupción se presenta, la pérdida directa e indirecta sobre el bienestar social es inmediata, por tanto, es una consecuencia cierta, aunque existan acciones posteriores de recuperación de la pérdida para la Hacienda Pública, o de alguna compensación social. Es decir, ni el costo económico, ni el costo social que provoca la corrupción, se va a recuperar en su totalidad, por ello, prevenirla y mitigarla, deja réditos mayores a la sociedad”.

Advirtió que en Costa Rica al igual que en otros países, los esfuerzos por combatir la corrupción estado más concentrados en la detección y sanción, que en su prevención.

El avance con respecto a estos aspectos preventivos, es aún incipiente, enfatizó.

Prevenir la corrupción implica evitar que los hechos se presenten; lo que va más allá de los esfuerzos tradicionales de detección y sanción, sostuvo.

Desde la Contraloría General, agregó, han puesto un énfasis estratégico en la prevención, sin detrimento por supuesto, de los esfuerzos de detección y sanción que siguen haciendo. 

Según Acosta, han enfocado esfuerzos preventivos en esas 5 áreas, entre otras: la apertura de la gestión pública, principalmente en lo relacionado con la apertura de información, activación de la denuncia, y la participación ciudadana en la gestión de las instituciones públicas.

Han emprendido tres acciones concretas en la prevención de la corrupción. Primero; la aplicación de encuestas nacionales, en el 2017 y en el 2020, las cuales lograron generar información necesaria para fundamentar iniciativas nacionales en la materia. Además, dirigir los esfuerzos de la Contraloría en sus planes de fiscalización.

Citó dos informes concretos para esta Asamblea Legislativa, en 2016 y en 2019, que contienen importantes opiniones y sugestiones para prevenir la corrupción pública, tanto para la orientación del control político, como en cuanto a eventuales mejoras en el marco legal que rige a la Hacienda Pública.

Prevención de corrupción en sector municipal

Acosta destacó acciones concretas desarrolladas en materia de prevención de la corrupción en el sector municipal. .

Detalló que durante el 2020 y 2021, realizaron auditorías de prevención de la corrupción en 15 municipalidades, que entre otros produjeron resultados en materia de prevención en general, como los siguientes:

-no se han establecido formalmente normativas asociadas al actuar ético de los funcionarios.

-no se lleva un registro de recepción y atención de denuncias.

-el sistema específico de valoración del riesgos, no toma en cuenta los riesgos de conflicto de interés, soborno o recepción de dádivas.

“Éstos resultados –afirmó– revelan que las municipalidades fiscalizadas, tienen brechas importantes en el establecimiento de una cultura organizacional orientada a prevenir la corrupción. Las actividades evaluadas, y los hechos descritos, ponen de manifiesto la falta de liderazgo permanente que guíe desde los más altos principios éticos, la gestión municipal. La implementación de controles necesarios que permitan anticiparse a los posibles perjuicios sobre los recursos municipales, y el empoderamiento de los actores sociales, en aras de brindar transparencia sobre la actuación institucional”.

Municipalidades de la Zona Sur: 162 denuncias

La contralora Acosta profundizó sobre las tareas fiscalizadoras en 7 municipaliades dela zona sur que tienen muy bajas notas en el Índice de gestión institucional que realiza la Contraloría General de la República.

Dentro de los ejes más bajos -citó– están el de Control Interno, la contratación administrativa, y la administración del recurso humano; siendo que estos dos últimos coinciden con los sectores señalados como de alto riesgo de corrupción, por el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana de lucha contra la corrupción, y son a la vez, procesos muy importantes dentro de la gestión municipal.

Reveló que que desde el 2016 al 2020, han recibido de esas municipalidades 162 denuncias, “destacando las municipalidades de Golfito, y Quepos, lo que genera alertas de qué algo está sucediendo en esas municipalidades”. 

“El tema más denunciado, dijo, tiene que ver con conflicto de intereses, conductas del recurso humano, y control interno, precisamente los temas en los que tienen baja calificación en el índice de gestión municipal”.

Las unidades de auditoría interna son pequeñas, tiene de uno a tres personas, ninguna cuenta con asesoría legal, mencionó.

También se refirió A la elección de alcaldes en la zona sur “no escapa de lo que sucede a nivel nacional, en cuanto a reelección de alcaldes, ya que cuatro de ellos fueron reelectos en las últimas elecciones”.

10 informes de investigación

Según Acosta, en el periodo 2016-2020, la Contraloría ha emitido diez informes de investigación preliminar, como producto de investigaciones realizadas, las cuales están relacionadas con temas de activos, conflictos de interés, conductas éticas, contratación administrativa, declaraciones juradas, impuestos, permisos, patentes, entre otros.

Además, dijo, finalizaron seis procedimientos administrativos de los cuales en cinco se aplicaron sanciones. Durante este periodo se emitieron 21 informes de auditoría, tres de los cuales se relacionan con la prevención de riesgos de fraude, en recurso humano. Se realizaron en las Municipalidad de Quepos, Golfito y Osa. 

Emitieron también 15 informes de seguimiento de la gestión pública, ocho oficios con órdenes; Golfito, Osa y Corredores; un oficio de advertencia en Golfito, y dos  insumos en materia penal, dirigidos al Ministerio Público.

Corredores y Buenos Aires

En el año 2020 revisaron en la municipalidad de Corredores y Buenos Aires la prevención de la corrupción en el que se determinaron debilidades relacionadas con la ausencia de un programa sobre la ética, con estrategias, metas y objetivos para promover una cultura de prevención de la corrupción. No se implementaron en el sistema de valoración de riesgos, y no se cuenta con un sistema que permita a los funcionarios informar sobre posibles casos de corrupción, ni con acciones y medidas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción en materia de adquisiciones, consignó en su informe ante los diputados.

Quepos, Golfito y Osa

Durante 2018 realizaron auditorías de prevención de la corrupción, en relación con la gestión de recursos humanos en las municipalidades de Quepos, Golfito y Osa, y se identificó que no se tiene como práctica documentar la verificación de requisitos mínimos de los servidores, o candidatos a ingresar a la municipalidad.

Agregó que se detectaron vulnerabilidades en los sistemas de información, en relación con las actividades del recurso humano, encontramos nombramientos temporales sin justificación clara del proyecto en el que se va a participar, plazo, detalle de funciones, se amplían plazos sin justificación; etc. 

“Estas debilidades –aseguró– son de suma importancia, por cuanto las contrataciones de personal, deben realizarse con transparencia, y con rigor, con el fin de evitar que ingresen personas a las entidades con intensiones distintas a los logros de los objetivos de la institución”. 

Osa, Quepos, Coto Brus

Según el informe de la contralora:

-en el 2017, auditaron la Municipalidad de Osa, y Quepos, sobre el otorgamiento y determinación de las licencias comerciales, patentes, en el que se determinaron debilidades relacionadas con la documentación para comprobar el cumplimiento de requisitos, así como la inspección de los negocios y la recaudación del impuesto de patentes. 

-en el 2019, auditaron la gestión la gestión de cobro de la Municipalidad de Coto Brus, y encontraron altos porcentajes de morosidad, deficiente gestión del cobro administrativo y judicial y problemas con la integridad de la información de las bases de datos de los contribuyentes, e insuficiente seguimiento a los arreglos de pago. 

-en el 2017 auditaron la adquisición de bienes en la Municipalidad de Golfito, encontrando inconsistencias en los expedientes de contratación, atrasos en las adjudicaciones y compras sin planificación. 

“Las situaciones encontradas muestran importantes debilidades institucionales que son terreno fértil, para la corrupción”, sentenció. 

Actualmente, dijo, están realizando varias fiscalizaciones en esas 7 municipalidades. 

Investigaciones en marcha

Acosta amplió que en cuanto a investigaciones, en este momento están analizando

– en Golfito, por ejemplo, presuntas irregularidades en una licitación abreviada, en Buenos Aires, una relación de hechos de la instalación y operación de un quebrador

– en Coto Brus la presunta desviación de recursos, para un relleno sanitario

– en Corredores, temas de Recurso Humanos, pago de anualidades, dedicación exclusiva; y prohibición

– en Osa, nombramientos ilegales, pago de prohibición y dedicación exclusiva

–  y en Quepos, la pérdida de materiales para el Malecón, negligencia en la tramitación de procedimiento administrativo. 

Como pueden ustedes observar, son varias las acciones que se están llevando a cabo en este momento en esas municipalidades. 

La prevención de la corrupción es un componente esencial en la lucha contra el narcotráfico, dijo la contralora Acosta akl cerrar su intervención ante los diputados.

La Contraloría, dijo, ha emprendido acciones de prevención de la corrupción en el sector municipal, que además requieren complemento de otros actores para ir logrando mayores cambios. Además, las municipalidades de la Zona Sur, presentan una débil institucionalidad en contextos con amplias brechas sociales que requieren un abordaje diferenciado y más integral por parte de la institucionalidad costarricense, 

Es urgente también la simplificación y la transparencia de todos los trámites municipales; y finalmente, decirles que para prevenir la corrupción es trascendental la apertura en la gestión pública, principalmente en lo relacionado con la apertura de información, la activación de la denuncia ciudadana, y la participación ciudadana en la gestión de las instituciones públicas. 

Trazabilidad de la documentación municipal

También lanzó una serie de recomendaciones preventivas contra la corrupción en los municipios:

-introducir al Código Municipal, un marco regulatorio preventivo, que incluya, por ejemplo, la obligatoriedad de contar con un marco ético, la regulación acerca de la conducta de los servidores, y sus conflictos de interés, los perfiles de puestos y los requisitos de idoneidad, entre otros aspectos relacionados con el ambiente de control. 

-algún tipo de regulación legal, sobre la obligatoriedad de contar con la trazabilidad de la documentación municipal, incluyendo una ventanilla única de trámites municipales, por ejemplo. 

-regulación legal, acerca de la inhabilitación de funcionarios de elección popular, instituto que, si bien es cierto, está regulado en la Ley Orgánica de la Contraloría, está incorporado de manera general, y no considerando una serie de características especiales del sector municipal, como lo son los funcionarios de elección popular, el periodo en el cargo, la posible reelección, el posible cambio de puesto, etc. 

Destacó, finalmente, clarificar en el marco jurídico actual, en concreto en el Código Electoral, “la obligatoriedad el Tribunal Supremo de Elecciones de ejecutar cualquier tipo de sanción establecida por la Contraloría, lo cual si bien es cierto en estrados judiciales ha sido avalada la tesis de que le corresponde el Tribunal Supremo, ejecutarlas, a pesar de que la sanción sea de suspensión de la credencial, por ejemplo; este ajuste propuesto permite fortalecer el sistema de depuración de responsabilidades, y despejar cualquier duda de las partes interesadas y en la vía administrativa, y en la vía judicial”.