Iglesia veta plan de cannabis medicinal e industrial/Gobierno alerta riesgos en salud y seguridad

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Edgar Fonseca, editor

La Conferencia Episcopal cuestionó este lunes los potenciales beneficios de salud y económicos del proyecto de ley para la producción de cannabis con fines medicinales e industriales en el país.

Dicho proyecto fue recién aprobado por la Asamblea Legislativa y está pendiente de aval del presidente Carlos Alvarado.

El gobierno alertó este unbes de los posibles riesgos en salud oara los consumidores por sobredosis de cannabis y en seguridad por las posibles implicaciones con el crimen organizado.

En una conferencia de prensa en Casa Presidencial, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, el ministro de Salud, Daniel Salas, de Seguridad, Michael Soto y de Agricultura, Renato Alvarado, confirmaron que el ejecutivo alista una contrapropuesta al plan aprobado en el congreso.

“Estamos trabajando en buscar una solución”, dijo Dinarte.

Un cultivo descontrolado…

Un cultivo descontrolado de cannabis psicoactiva, muy factible en nuestro país, ocasionaría un grave daño a la salud pública, sobre todo a la población adolescente, advirtió el pronunciamiento de los obispos José Manuel Garita Herrera y Daniel Blanco Méndez, presidente y secretario, respectivamente, de la Conferencia.

En manos de grandes productores

Aseveraron que no existen garantías de que estos cultivos puedan contribuir a promover el reparto de la riqueza en las zonas rurales, por cuanto no se contemplan medidas que garanticen que los pequeños productores puedan obtener suficientes beneficios para migrar de sus actuales cultivos al de estas plantas.  La producción puede convertirse en la actividad de grandes productores, incluidas empresas transnacionales, dijeron. 

Reconocen, sin embargo, que, sin duda alguna, los fines del proyecto de ley aprobado de favorecer la salud de la población costarricense, así como de «promover el desarrollo económico y social y el adecuado reparto de la riqueza en las zonas rurales de nuestro país», son altamente positivos. 

Sí y no *

Ante la aprobación legislativa del proyecto de Ley denominado: Ley del Cannabis para uso medicinal y terapéutico y del Cáñamo para el uso alimentario e industrial, Expediente 21.388, deseamos, como ciudadanos y obispos de la Iglesia Católica en Costa Rica, manifestar lo siguiente:

Sin duda alguna, los fines del proyecto de ley aprobado de favorecer la salud de la población costarricense, así como de «promover el desarrollo económico y social y el adecuado reparto de la riqueza en las zonas rurales de nuestro país», son altamente positivos.  El texto de la ley aprobada en la Asamblea Legislativa, no obstante, contiene en parte de su articulado disposiciones que entrañan riesgos para la salud y la seguridad públicas, así como algunas incongruencias que conviene resolver.  A continuación, expondremos algunas de estas deficiencias del texto del proyecto de Ley.

1 Respecto del cultivo, la producción, la industrialización, la comercialización de cáñamo y del cannabis psicoactivo:

1.1 No existen garantías de que estos cultivos puedan contribuir a promover el reparto de la riqueza en las zonas rurales, por cuanto no se contemplan medidas que garanticen que los pequeños productores puedan obtener suficientes beneficios para migrar de sus actuales cultivos al de estas plantas.  La producción puede convertirse en la actividad de grandes productores, incluidas empresas transnacionales.  Tampoco parece que la generación de empleo sea significativa, pues según PROCOMER, en el caso del cáñamo, si bien la actividad relacionada con el CBD (flor), tiene una intensidad en uso de mano de obra media/alta (30 personas por 1 hectárea en campo abierto en distintas fases (nótese: no simultáneamente), y la relacionada con el grano (semilla) y con la fibra (tallo) el tallo es baja (en cada caso, 1 o 2 personas por ha en siembra y cosecha)[1].

1.2 En términos ambientales, los monocultivos tienen implicaciones en el deterioro ambiental, al margen del tipo de insumos que se utilicen como abono y para el control de plagas.

1.3 Dada la gran similitud entre las plantas de cáñamo y de cannabis psicoactivo, la vastedad de los terrenos dedicados al cultivo del cáñamo hará sumamente difícil el control de las plantaciones ilícitas de la segunda, si se llega a camuflar en las plantaciones de las primeras, lo cual ya ocurre en otros países[2] y es altamente probable en el nuestro, teniendo en cuenta la gran actividad de quienes hoy realizan este cultivo de manera delictiva[3].

1.4 Un cultivo descontrolado de cannabis psicoactiva, muy factible en nuestro país, ocasionaría un grave daño a la salud pública, sobre todo a la población adolescente.  El IAFA ha realizado mediciones que demuestran que la edad media de inicio en el consumo de marihuana ha ido descendiendo consistentemente desde el año 2012, llegando a 13,4 años en el último año de la medición (2018)[4].

2. Consideramos que merecen especial consideración la recomendación de no apoyar el proyecto de ley hecho por la Universidad de Costa Rica, con base en las observaciones de académicos expertos de las escuelas de Medicina, Farmacia y Biología, así como del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (Inifar).  A las cuales remitimos para su debida valoración.

3. Además, es de suma importancia verificar la posible incompatibilidad de los permisos relacionados con el autocultivo y autoconsumo con prohibiciones contempladas en convenciones internacionales suscritas por el país en esta materia, a saber. Convención Única Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1961), Convención de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas (1988) y Convención sobre Estupefacientes, Drogas y Sustancias Psicotrópicas (1971). Nos parece que este aspecto obliga a una revisión a fondo de las disposiciones propuestas en el proyecto de ley al respecto.

El conjunto de estas y otras consideraciones nos mueve a solicitar respetuosamente a las autoridades del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, una verdadera reflexión que permita sopesar beneficios y perjuicios de este proyecto de Ley aprobado en su fase legislativa, al bien de toda la población nacional. En caso de llegar a la autorización del uso industrial del cáñamo y el medicinal del cannabis psicoactivo, deben asegurarse todos los mecanismos que logren anular los riesgos sanitarios y de seguridad de esta actividad.