Edgar Fonseca, editor/Foto Julieth Méndez, Casa Presidencial

El presidente Carlos Alvarado afirmó este martes que cumplió con el compromiso de controlar el gasto público y dejar la casa ordenada, tras firmar la nueva Ley Marco de Empleo Público, condición crucial en un convenio de crédito por $1.750 millones con el FMI.

“✍🏼 ley de Empleo Público, de interés para 🇨🇷”, exaltó el mandatario en un tuit a las 11: 26 a.m. tras el acto de la firma en Casa Presidencial.

“Impulsará –dijo– igualdad salarial entre sector público, y entre personas del sector público y privado”.

“Es ejercicio de responsabilidad fiscal y de justicia”, aseveró Alvarado quien dejará el poder dentro de dos meses tras una gestión marcada por fuerte polémica por impulsar proyectos como el de dicha ley que deterioraron severamente su imagen y llevaron a su partido a una debacle electoral el 6 de febrero.

“Cumplimos así compromiso de controlar gasto público: estamos dejando 🏠 ordenada”, añadió.

La nueva ley, adversada por el sector sindical y hasta por el legislador y excandidato presidencial de su propio partido PAC, Welmer Ramos, fue aprobada la tarde del lunes por 39 diputados de la Asamblea Legislativa.

Los diputados la aprobaron con un voto más de la mayoría calificada tras llegar el expediente de vuelta desde la Sala Constitucional, cuyos magistrados no observaron defectos de forma ni de fondo en el proyecto.

Los magistrados de la Sala IV descartaron que la nueva ley hubiese afectado legislación electoral por haber sido aprobada en periodo de campaña presidencial.

Se estima que el nuevo ordenamiento en el empleo del sector público, logrará ahorros para el Estado por hasta ¢394.000 millones anuales.

“Que sea justo”

El empleo público brinda servicios a todas y todos”, enfatizó durante el acto de la firma el presidente Alvarado.

“En educación, salud, seguridad, agricultura, el empleo público compete a todos los que habitamos la casa. Nos tiene que importar a todas y todos porque todos lo pagamos”, agregó. 

“El empleo público -sostuvo– debe tener una característica fundamental y es que sea justo”. 

Desorden desde los ochenta

Según Alvarado, no obstante, lo que ocurrió en Costa Rica desde 1980 es un desorden de la propia estructuración del empleo público, porque muchas veces cada institución podía definir sus remuneraciones, sus pluses.

“Eso empezó a generar injusticia, porque dos personas haciendo el mismo trabajo no necesariamente ganaban lo mismo, siendo ambos servidores públicos”, remarcó.

“Injusticia –añadió– porque no necesariamente estaba en función del servicio que se le daba a la gente”. 

“El que no existiera una ley marco de empleo público contribuyó a esto, generó desigualdad entre empleados públicos, desigualdad con las personas del sector privado, en algo que es de todas y todos, porque todos los pagamos”, razonó. 

“Ese desbalance ya no solo tenía una condición de injusticia sino de riesgo y desequilibrio”, puntualizó el gobernante quien la tarde del lunes, tras ser aprobada la nueva ley por la Asamblea Legislativa, reconoció la decisión de los diputados.