Edgar Fonseca, editor

El alcalde de San José, Johnny Araya, impugnó ante el Tribunal Contencioso Administrativo una sanción de 30 días de suspensión sin goce de salario, que ya cumplió, que le impuso la Contraloría General por un cuestionado pago de ¢253 millones a la firma española Setex, operadora de parquímetros en la capital.

Araya informó este lunes que buscará la nulidad absoluta del proceso en su contra en dicho caso que se remonta a 2018 cuando se ejecutó dicho pago.

Igual impugnará, otra suspensión sin goce de salaros por 25 días, que cumple en estos momentos por otra medida adoptada por l,a Contraloría a raíz del alegado uso de placas discrecional de la municipalidad.

Ambas sanciones se hicieron efectivas luego que en mayo cumplió seis meses de suspensión por una medida cautelar dictada por el juzgado penal en el caso Diamante, red de supuestas anomalías en contrataciones de obra pública municipal, en que autoridades de la Fiscalía y del OIJ lo vincularon a él y a otros cinco alcaldes.

Sin fundamento

“Los argumentos en los que fundamenta la CGR esta sanción, que, dicho sea de paso, ya he cumplido, no tienen sustento jurídico ni fáctico y se basan en razonamientos que no corresponden a la realidad de los hechos”, dijo Araya en el comunicado difundido este lunes.

“A la empresa Setex se le reconoció una indemnización inferior al 50% del monto total de su reclamo”, afirmó.

“Con estas acciones, la municipalidad evitó una inminente demanda judicial, la cual, según abogados de la institución, tenía un alto grado de probabilidad de que prosperara, lo que obligaría a la municipalidad a un pago muchas veces mayor a lo que fue el monto de la indemnización reconocida”, enfatizó.

“La empresa –dijo– sustentó su reclamo en un hecho objetivo y real, el cartel de licitación que dio pie a esta contratación estaba ligado a un estudio de factibilidad hecho por funcionarios de la propia municipalidad que erróneamente planteó escenarios de ocupación de los espacios de estacionamientos totalmente sobredimensionados”.

“Se estimaron cifras de ocupación de los espacios más del 100% más altas de lo que en la realidad ocurrió”, aclaró.