Edgar Fonseca, editor

“La Caja no está quebrada, lejísimos de eso, con voluntad política podremos más bien cumplir la promesa que empezó desde nuestros abuelos y lo podemos hacer hasta el siglo XXII”, destacó el expresidente ejecutivo CCSS, Álvaro Ramos, destituido abruptamente hace una semana por el presidente Rodrigo Chaves.

* Casa Presidencial guarda silencio sobre estas manifestaciones que desmienten la versión del mandatario quien afirmó hace una semana que la Caja está quebrada.

¿Quebrada?

“La Caja está quebrada, seamos francos”, sentenció Chaves al justificar la destitución de Ramos. 

En términos actuariales el IVM tiene un déficit enorme”, insistió.

El servicio de salud –remarcó el gobernante– tiene serios problemas financieros y los 29 mil millones de colones retroactivos más los 10 mil millones de colones que siguen, año a año, que además aumentan los futuros aumentos, porque es un incremento a la base, entonces aumenta todos los pluses, simplemente una institución que tiene serios problemas financieros como lo es la Caja”.

“Yo no veo que sea el momento”, puntualizó Chaves que exige la reversión de la medida adoptada por los directivos de la CCSS y amenaza con destituirlos.

Ambas medidas están en suspenso mientras asume la nueva titular ejecutiva de la institución y los sindicatos decretaron desde el jueves estado de huelga en defensa del aumento aprobado en 2020 pero congelado por la crisis fiscal derivada de la pandemia covid-19.

Dispuesto a salvarla

“Afuera de la Caja había dos grandes retos: cómo dar una sostenibilidad de largo plazo a la Caja y cómo cumplir la promesa de universalidad, que ya estamos muy cerca de cumplirla”, agregó Ramos quien fue destituido tras avalar un aumento salarial congelado por dos años.

“La promesa de salud universal y pensión universal, Costa Rica lo puede hacer”, ratificó Ramos.

“Todos nosotros como costarricenses fuimos un gran equipo durante la pandemia, y ahora estábamos aliviando a los trabajadores otorgándoles un aumento por el cual habían esperado más de dos años”, defendió del aumento extraordinario que le costará al fisco unos ₡ 10.000 millones anuales.