PuroPeriodismo/Foto El Mercurio, Santiago de Chile
La nueva Carta Magna de Chile que será aprobada o rechazada hoy por los electores, incluye una serie de principios que impactarán en el modelo económico chileno imperante por más de 30 años. Fruto de largos y encendidos meses de debate, los cambios más relevantes apuntan al reemplazo del llamado Estado subsidiario, en que los privados tienen un rol clave en la economía, por uno social de derecho; y el mayor rol del sector público en materia de agua y seguridad social. Los ajustes en materia de propiedad, disciplina fiscal y huelga también son considerados relevantes, destaca el sitio La Tercera de Santiago de Chile.
1.- De Estado subsidiario a uno social de derecho
Actual Constitución: Una de las anclas clave del texto vigente es el principio implícito de subsidiariedad, según el cual el Estado sólo se hace cargo de aquellas funciones que los privados no pueden realizar. Según diversos abogados, este principio ha sostenido el modelo vigente durante las últimas décadas con la clave participación de los privados en el desarrollo económico.
Propuesta constitucional: ”Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico”, reza el primer artículo del nuevo texto. Se trata de uno de los cambios más estructurales que propone la nueva Constitución, según los expertos. “El nuevo texto abandona el Estado subsidiario y su opción por un solo tipo de modelo económico, reemplazándolo por un Estado social y democrático de derecho. Mantiene una economía de libre mercado y respeta la autonomía del Banco Central, pero agrega un énfasis mayor en lo social y lo ecológico”, afirma el abogado constitucionalista Tomás Jordán.
En su artículo 19, el texto asegura que el Estado debe respetar, promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio y satisfacción de los derechos fundamentales, sin discriminación, así como adoptar las medidas necesarias para eliminar todos los obstáculos que entorpezcan su realización. Sin embargo, el economista y coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sebastián Izquierdo, repara en que el texto entrega una larga lista de derechos sociales y económicos cuyo goce el Estado debe garantizar y que pone en riesgo el equilibrio fiscal.
Especial PuroPeriodismo: La Tercera, Santiago de Chile
