Edgar Fonseca, editor/Foto Prensa Poder Judicial CR

El escenario “multirriesgos” que afronta el Poder Judicial fue ratificado por el Programa Estado de la Nación en una respuesta a observaciones críticas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ante el IV Informe Estado de la Justicia.

Los magistrados enviaron sus observaciones el 16 de agosto tras analizar dicho informe que concluyó entre otras valoraciones que:

  • En el contexto de la pérdida de confianza ciudadana y los problemas internos de gestión, la crisis política ha configurado un escenario multirriesgos para el Poder Judicial. La eventual materialización de uno o varios de estos riesgos podría afectar de manera significativa al cumplimiento de la misión primordial del Poder Judicial en una democracia.

En la sesión de Corte Plena del 8 de agosto, los magistrados aprobaron, por mayoría, remitir al Programa Estado de La Nación observaciones de inconsistencias que hallaron en el análisis del poder judicial como: aspectos puntuales sobre indicadores judiciales validados por el Poder Judicial, proyectos institucionales en ejecución, sistemas informáticos de seguimiento y análisis de gestión.

“Después de estudiar detalladamente esta respuesta del Poder Judicial, nuestra principal constatación es que ninguna de las observaciones y críticas recibidas modifica las principales conclusiones y argumentaciones del Informe. En consecuencia, el PEN-CONARE reafirma lo señalado por el documento.”, afirmó Jorge Vargas Cullen director del referido programa, en su respuesta a los magistrados.

La respuesta fue hecha llegar a los magistrados el lunes anterior en momentos en que Corte Plena se abocaba a realizar la elección del nuevo presidente del órgano judicial tras tres jornadas fallidas en tres semanas consecutivas.


“Escenario multirriesgos”

◗ Resumen de la valoración del Informe 2020

Durante el período 2016-2018, el Poder Judicial experimentó una severa e inusitada crisis política en su gobierno debido a la convergencia de tres eventos y a la interacción de sus efectos:

  • Un escándalo de corrupción pública que involucró a altos jerarcas de la institución, incluido su presidente. Esta situación condujo a un imprevisto y significativo reacomodo en la composición de la Corte Suprema de Justicia.
  • La aprobación de leyes de austeridad fiscal por parte de la Asamblea Legislativa como respuesta a la insol- vencia en las finanzas públicas. Ello marcó un abrupto final a la larga expansión de la inversión en el Poder Judicial y modificó el régimen laboral y de pensiones de la institución. Ambos hechos propiciaron la primera huelga de trabajadores judiciales registrada en el país, fuertes tensiones dentro del Poder Judicial, y entre este y el Poder Legislativo, no resueltas a marzo de 2020.
  • El recrudecimiento de las divisiones internas en la Corte Suprema de Justicia en relación con la gestión del gobierno del Poder Judicial.
  • Este proceso dificultó la atención rápida y oportuna al compromiso público de las autoridades institucionales de impulsar reformas en la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
  • En el contexto de la pérdida de confianza ciudadana y los problemas internos de gestión, la crisis política ha configurado un escenario multirriesgos para el Poder Judicial. La eventual materialización de uno o varios de estos riesgos podría afectar de manera significativa al
  • cumplimiento de la misión primordial del Poder Judicial en una democracia.

El Tercer Informe Estado de la Justicia (2020) reconoce las capacidades y la resiliencia del Poder Judicial, pero alerta sobre el peligro de no atenderlos.

Los mensajes claves del Informe 2020 fueron:

  • La crisis política de la Corte Suprema no frenó el impulso reformista “desde arriba” en el Poder Judicial.
  • El gobierno judicial ha sido excluido sistemáticamente del impulso reformista.
  • Las reformas procesales en jurisdicciones específicas exhiben resultados mixtos, pero no impactan de mane- ra positiva los indicadores de gestión macro del Poder Judicial.
  • La innovación en la generación y análisis de datos puede ser una estrategia efectiva para mejorar el des- empeño del Poder Judicial.En un post scriptum, redactado en los primeros días de la emergencia sanitaria, se señaló que la pandemia de covid-19 había cambiado de modo dramático el entorno económico y social del Poder Judicial y afectado su funcionamiento.
  • Se planteó que una vez pasada esta emergencia, dicha institución enfrentaría una situación que entrañaría desafíos aún más complejos que los reseñados en la edición de 2020 del Informe Estado de la Justicia.

Fuente: IV Estado de la Justicia, Programa Estado de la Nación, 2022