Edgar Fonseca, editor
De demandar la reversibilidad del pago a condicionarlo al cumplimiento de la ley fiscal, así varió la posición del gobierno de cara al aumento salarial extraordinario congelado para empleados de la CCSS, que provocó la abrupta destitución de Alvaro Ramos como presidente ejecutivo de la entidad, el 17 de setiembre.
El Presidente Rodrigo Chaves destituyó a Ramos por haber aprobado el aumento junto a 8 directivos y demandó dejarlo sin efecto.
Sin embargo, tras un estado de huelga decretado por los sindicatos de la CCSS y la designación de la nueva presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, exministra de Trabajo, ahora se condiciona el pago a que se cumpla con lo que exige la ley fiscal para el rubro salarial en el sector público.
El aumento entre ¢7.500 y ¢8.500 mensuales por cada empleado (la CCSS tiene 63 mil) demandaría al Fisco unos ¢10.000 millones anuales.
Fue aprobado en 2020 pero quedó congelado por la emergencia fiscal al desatarse la pandemia covid-19.
Tiene carácter retroactivo e implicaría para el Estado asumir ¢29.000 millones, correspondientes al pago suspendido en 2020 y 2021.
El presidente Chaves sostiene que no es procedente dicho aumento en el contexto de deterioro fiscal que atraviesa el país y aseguró que la CCSS “esta quebrada”. Lo anterior lo desmintió Ramos.
Negocian con la ley fiscal en mano
“Tenemos claro que no solo los trabajadores de la Caja, sino todos los trabajadores del sector público están en una situación particularmente compleja”, dijo Esquivel en un video compartido con los medios.
“Sin embargo –advirtió– hay una ley, que es la 9.635, de obligatorio cumplimiento”.
“De hecho –afirmó– hay sanciones para quien rompa la regla fiscal y eso es competencia de la Contraloría General de la República”.
“Hemos recibido una nota del Ministerio de Hacienda, donde nos señala que la Caja Costarricense de Seguro Social no es un Estado dentro de otro Estado y que debe respetar la regla fiscal en materia salarial y por eso ayer se dio la discusión, la cual quedó supeditada a una posterior sesión”, añadió.
“Para claridad de los trabajadores y de la ciudadanía, lo que está proponiendo esta Presidencia es mantener el aumento acordado, pero relegar el efectivo pago hasta que se cumpla con las disposiciones de la ley 9635″, prometió.
